La alcaldesa de Manatí, Yeneris Acuña, nombró de manera temporal una nueva gerente de la E.S.E. Hospital Local, tras la suspensión por tres meses de Elis María Fonseca, ordenada mediante un auto de la Personería Municipal dentro de un proceso disciplinario por presuntas irregularidades contractuales, entre ellas una posible celebración indebida de contratos y tráfico de influencias.
La mandataria municipal designó en este cargo a Omaisy de la Hoz Acosta mediante el Decreto 076 del 30 de diciembre de 2025, en el que se le indica que el nombramiento tendrá carácter transitorio y se extenderá por el tiempo que dure la suspensión provisional de la gerente en propiedad.
En diálogo con EL HERALDO, la alcaldesa dijo que la decisión administrativa se tomó en estricto cumplimiento del acto emitido por el personero municipal, quien adelantó la investigación inicial y remitió el caso a la Procuraduría General de la Nación, entidad que definirá si mantiene o no la suspensión mientras avanza el proceso.
“Como alcaldesa debo acatar ese auto y, en consecuencia, realizar un encargo temporal mientras se esclarecen los hechos”, señaló.
De acuerdo con la alcaldesa, la gerente habría condicionado la ejecución de un contrato de prestación de servicios de transporte institucional a que su esposo fuera designado como conductor, exigiendo además que se le pagara un salario mensual de un millón de pesos.
“Al contratista se le indicó que el conductor debía ser el esposo de la gerente, bajo el argumento de que era una persona de confianza. Aunque el contratista manifestó contar con otro conductor, finalmente accedió a la exigencia para no perder el contrato”, explicó la mandataria.
La situación se agravó, según contó Acuña, cuando el vehículo contratado por la E.S.E., y conducido presuntamente por el esposo de la gerente, se vio involucrado en un accidente de tránsito en el que falleció un menor de edad.
Aclaró que, si bien la investigación penal por el fallecimiento corresponde a la Fiscalía, el uso del vehículo dentro de un contrato institucional podría generar responsabilidades administrativas y fiscales para la entidad de salud del municipio.
“Ese es precisamente uno de los aspectos que más nos preocupa como administración: que un proceso fiscal derivado de ese accidente pueda tener repercusiones directas sobre la institución, dado que el vehículo estaba vinculado a un contrato oficial”, sostuvo.
La mandataria recalcó que su actuación busca proteger los intereses del municipio, la transparencia en la gestión pública y la estabilidad del hospital, y aseguró que la administración local será respetuosa de las decisiones que adopten los entes de control en el marco del proceso.
