En las últimas semanas, la Universidad del Atlántico se ha transformado en una ‘arena’ política. Aunque las directivas han dado diversos partes de normalidad académica mientras surte este proceso, en la práctica, estas actividades han quedado relegadas a un segundo plano, puesto que toda la atención se encuentra centrada en el proceso de escogencia del rector para el periodo 2025-2029.
Casi que a diario, en las distintas sedes de la alma mater se observan actos proselitistas liderados por los aspirantes al cargo, que es considerado como uno de los de mayor importancia en el departamento, teniendo en cuenta que no solo dirige el rumbo de cerca de 23 mil estudiantes, sino que administra un presupuesto que para el presente año supera los $445 mil millones.
No en vano, en los pasillos de la universidad se percibe una tensa calma como reflejo de la creciente disputa entre grupos políticos locales y el Gobierno de Gustavo Petro por el manejo de la alma máter.
Desde ambos sectores han venido moviendo fichas de cara a la consulta académica del próximo 2 de octubre. Se trata de una ‘prueba de fuego’ debido a que solo cinco candidatos quedarán con vida en el proceso tras esta votación por parte de estudiantes y docentes.
El primero en destapar sus cartas fue el Ejecutivo. El ministro del Interior, Armando Benedetti, fue el encargado de oficializar el respaldo a la candidatura del abogado Wilson Quimbayo, quien hasta hace pocos meses estuvo al frente de la Gerencia de Capital Social de la Gobernación del Atlántico.
El anuncio se hizo a través de las redes sociales, en una publicación donde se observa a Benedetti junto a Quimbayo en uno de los rincones de La Cueva.
“Lo conoce el Gobierno y yo lo conozco desde hace 20 años es un hombre probo, honesto, inteligente y preparado para asumir la conducción de una universidad que dejó la ilustración”, indicó Benedetti.
Este ‘espaldarazo’ ha conllevado al posicionamiento de Quimbayo como uno de los principales aspirantes al cargo, de acuerdo con varios sondeos informales que se han adelantado durante las últimas semanas en el principal centro de educación superior del departamento.
A eso suma que de cara a la escogencia en el Consejo Superior, de salir avante en la consulta académica, Quimbayo llega con al menos dos votos fijos: el representante de la Presidencia de la República y el representante del Ministerio de Educación.
De aliados a contrincantes
Mientras el Gobierno sigue posicionando a su candidato único, en el charismo se han presentado dificultades para lograr consensos alrededor de un nombre frente a este proceso.
Danilo Hernández, actual rector y quien busca reelegirse; Álvaro González, vicerrector de Bienestar Universitario; y Leyton Barrios, secretario de Educación del departamento, son los tres nombres en la carrera que son asociados a esta casa política.
De forma independiente, los tres aspirantes han venido moviéndose para tener el respaldo de sectores clave de cara a la consulta académica y a la posterior escogencia por parte del Consejo Superior.
Estos movimientos han sido ampliamente registrados por sus campañas a través de las redes sociales, donde también han presentado sus diversas propuestas para el fortalecimiento de la alma máter.
Además, algunos de ellos han logrado la adhesión de otros aspirantes que han desmontado sus campañas de forma reciente.
Por ejemplo, Edison Hurtado –decano de Educación de la alma máter– dio un paso al costado en sus aspiraciones y se unió a la campaña de Barrios.
“Me he identificado con sus propuestas. Estas tienen que ver con compromisos institucionales que permiten fortalecer el desarrollo misional de la universidad, como lo son la docencia, la investigación, la proyección social, el bienestar y la internacionalización. E igualmente la apertura de nuevos programas de posgrados”, aseguró Hurtado en diálogo con EL HERALDO.
También se dio a conocer la adhesión de Dalin Miranda, quien se desempeña actualmente como decano de la Facultad de Ciencias Humanas y era aspirante a la rectoría, a la campaña de González.
De acuerdo con algunas fuentes cercanas al proceso, se espera que –en las próximas semanas– se puedan dar nuevas adhesiones a las campañas que se encuentran a la cabeza. De esta manera, no se descarta que el número de aspirantes pueda reducirse a una docena.
Visión de estudiantes
Al margen de estas disputas, la comunidad estudiantil visiona este proceso como “histórico”, debido a que es la primera vez que se adelanta una consulta para tener cierto grado de incidencia en la escogencia del timonel de este centro de educación superior.
“Estamos en medio un momento de gran expectativa e interés para la comunidad universitaria. La diversidad de candidatos, opiniones, ideas y propuestas refleja el compromiso de diferentes personas y actores que buscan participar y aportar al fortalecimiento institucional de nuestra universidad”, aseguró el líder estudiantil Javier Hernández.
Destacó que el amplio abanico de aspirantes es reflejo de los avances que ha tenido la universidad en los últimos años: “La Universidad del Atlántico ha venido creciendo como un actor clave en la educación superior de la región Caribe. Sin embargo, es fundamental que cada candidato llegue con propuestas e ideas para seguir fortaleciéndola”.
Puso de presente, además, que la continuidad debe ser un principio clave en la próxima administración, puesto que “la estabilidad lograda en los últimos años ha permitido grandes avances frente a la calidad académica y la innovación”.
Por su parte, Laura Arrieta Sanes, representante estudiantil ante el Comité de Derechos Humanos y Paz, aseguró que en la alma mater se ha percibido un “ambiente democrático” durante las últimas semanas. Además, fue enfática al sostener que en este proceso debe primar el bienestar de los integrantes de la comunidad universitaria.
“Sabemos que será una consulta muy reñida, por lo que esperamos contar con la mayor transparencia posible y recordarle al honorable Consejo Superior Universitario que, aunque la consulta es un ente consultivo, representa el deseo de nuestra población de estudiantes y docentes”, sostuvo.
La líder estudiantil puso de presente que son varios desafíos que deben ser atendidos de forma prioritaria por el próximo rector, entre ellos, la inseguridad y mejorar las condiciones para los procesos de investigación.
“En la universidad debe haber mejores condiciones para estudiantes, docentes y administrativos. Se debe seguir priorizando la salud mental para toda la comunidad”, recalcó.
¿Hay irregularidades?
Desde el Sindicato de Trabajadores de la Universidad del Atlántico (Sintradeua) se solicitó al Comité Electoral que se excluya a Leyton Barrios del listado de aspirantes al cargo, teniendo en cuenta que no cumpliría con el requisito de contar con al menos cuatro años de experiencia en docencia universitaria, tal como está establecido en el Estatuto General.
Según la organización sindical, en el marco del proceso de seguimiento a este proceso, se adelantó un análisis a las certificaciones que fueron aportadas por Barrios y se “concluyó que las vinculaciones en la Universidad de Salamanca y en la Corporación Universitaria Americana fueron mediante contratos de prestación de servicios temporales, que no constituyen en dedicación docente reglada”.
Además, el sindicato expuso que “las certificaciones de docencia ad honorem en la Universidad del Atlántico y en la Autónoma del Caribe fueron infladas en sus periodos y en todo caso no alcanzan más que unas pocas centenas de horas, muy lejos de las 8.000 requeridas”.
Este medio consultó al candidato Barrios frente a estos señalamientos, pero hasta el cierre de esta edición no obtuvo respuesta alguna.
Procuraduría adelanta seguimiento preventivo por elecciones
La Procuraduría Regional de Instrucción del Atlántico instó a la Universidad del Atlántico a que se evite el “desarrollo de situaciones relacionadas con compras, contrataciones y/o movimientos de personal que no sean estrictamente necesarios para su funcionamiento”, en el marco del proceso de elección del rector para el periodo 2025–2029.
El requerimiento fue hecho con el carácter de seguimiento preventivo, con el objetivo de evitar una vulneración a la “transparencia” e “imparcialidad”, en el marco de sus funciones preventivas y de control de gestión.
Desde el Ministerio Público se recordó que, de acuerdo con la Constitución, la autonomía universitaria se debe garantizar, lo que implica que las universidades tienen el derecho a “modificar sus estatutos, designar sus autoridades académicas y administrativas, crear, organizar y desarrollar sus programas académicos, definir y organizar sus labores formativas, académicas, docentes, científicas y culturales”.
También referenció que tienen la potestad de otorgar los títulos correspondientes, seleccionar a sus profesores, admitir a sus alumnos, adoptar sus correspondientes regímenes y establecer, arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento de sus deberes institucionales de cara a cumplir con los derechos de toda la comunidad académica y administrativa.
