Según el borrador del proyecto se cobrarían $8 kilovatio/hora en el componente de restricciones. Esto correspondería a un aumento mensual de $1.200 en las facturas residenciales y hasta $40 millones a las empresas.
De acuerdo con el borrador del proyecto, la medida busca evitar afectaciones en la prestación del servicio de energía eléctrica ante la crisis financiera de las empresas intervenidas.
Se trata de la ingeniera Ángela Patricia Álvarez Gutiérrez y la economista Adriana María Jiménez Delgado. Con estos nombramientos, el Gobierno completa la conformación de los seis miembros necesarios para la toma de decisiones en materia regulatoria.
Cada vivienda contará con un kit solar de 1,5 kW, capaz de generar en promedio 12 kWh diarios y hasta 360 kWh mensuales, una producción que supera el consumo subsidiado actual de los hogares beneficiados.
Con un déficit de energía firme para el 2027, según XM, y el retraso de los nuevos proyectos, analistas afirman que el futuro Gobierno deberá tomar acciones reales que permitan la inversión y la estabilidad.