También serían responsables de otros crímenes de guerra, en el contexto de la “vida intrafilas”, como torturas, homicidios y abusos sexuales.
Se trata de contratos por $100 mil millones suscritos entre 2023 y 2024 por la Ungrd y la ANT para la emergencia en La Guajira.
De acuerdo con el Ministerio Público, este delito se adecúa más a los hechos ocurridos, que los de secuestro y destrucción de material probatorio.
El ente acusador también imputó los cargos por secuestro simple agravado, secuestro simple tentado agravado y ocultamiento, alteración y destrucción de material probatorio.
Este sujeto inicialmente fue capturado en Perú, a su llegada a Colombia se materializó la captura en el aeropuerto El Dorado.