El Hospital Universitario de Sincelejo (HUS) continuará con la intervención forzosa administrativa por un año más por parte de la Supersalud.
Así lo decidió la Presidencia de la República a través de la Resolución Ejecutiva 098 de 2021 que fue dada a conocer a la opinión pública y en la que establecen además las instrucciones para que el ente médico asistencial continúe su trabajo de mejorar los indicadores administrativos, asistenciales, financieros y jurídicos.
Esta es la segunda prórroga que tiene la intervención que desde sus inicios ha estado bajo la orientación de Inés Loaiza Guerra, a quien le cuestionan las contrataciones que ha hecho con personal que está sancionado y también el no haberle dado solución de pago a las deuda que encontró con el personal de salud.
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demás, denuncian que en la actualidad le debe 4 meses de salario a los que laboran a través de una cooperativa.
Esta nueva intervención va hasta el 17 de mayo de 2022, 'y busca darle continuidad a las acciones propuestas, lograr la estabilidad integral que requiere el hospital y brindarles a los usuarios una adecuada prestación de los servicios de salud', dijo Germán Guerrero, Superintendente Delegado para las Medidas Especiales.
En el segundo año de intervención el HUS ha logrado adecuar físicamente los servicios de urgencias generales y respiratorias, y la UCI para la atención de la covid-19 con una inversión cercana a los 2.200 millones de pesos incluyendo dotación y mantenimiento preventivo de los equipos biomédicos.
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Aismismo, ha logrado mejorar y poner en funcionamiento los ascensores de la UMI y el de camillero de la sede principal que por más de 3 años estuvieron fuera de servicio y recuperar más de 100 bienes inmuebles que estaban en abandono.
También compraron un equipo de Rayos X portátil y monitores,
Uno de los compromisos de ahora es avanzar en el saneamiento contable, la depuración de cuentas y la estabilización de la operación y para ello requieren la depuración de la información para culminar la ejecución de los recursos Fonsaet por $5.231 millones y recuperar 427 mil millones de pesos en títulos judiciales y realizar el cruce con los títulos reportados por la rama judicial como prescritos.
