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El otrora Hospital Universitario de Sincelejo, ahora Universitario de Sucre (HUS) por la fusión del sistema de salud pública del departamento y del que él es su eje principal, atraviesa una de sus peores crisis.

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La Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) completa dos meses sin aire acondicionado y el calor expone a los pacientes a una gravedad. Tan solo en el fin de semana que acaba de finalizar una familia con un hospitalizado en ese lugar tuvo que buscar un abanico para subsanar, en parte, la difícil situación que afronta su paciente.

“Es cierto que es una UCI nueva, con aparatos nuevos, pero no tiene el aire acondicionado funcionando en este momento y eso es grave para todos los pacientes”, denunció ante EL HERALDO la familiar de un enfermo que anuncia el pedido de traslado a otro centro médico asistencial, lo que implica que la red pública dejará de facturar por este servicio, como lo hace también por otros tantos que no posee, de allí que sus ingresos no sean los mejores.

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Empleados vulnerados

Pero la peor parte la afrontan los empleados que trabajan de día y de noche y no reciben el pago del salario de manera oportuna a pesar de que cada mes llegan los millonarios giros directos, y lo más grave aún es que no pueden alzar su voz para exigir el pago, de ninguna manera, porque se los han prohibido.

Les han hecho llegar comunicaciones que los atemorizan sin que autoridad alguna se pronuncie, entre ellas la Oficina del Ministerio del Trabajo y la Procuraduría en Sucre que tienen, según los empleados, pleno conocimiento de esos atropellos porque se los han hecho saber.

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Las veces en las que han hecho plantones en la entrada del HUS ha sido con acompañamiento de las directivas de la CUT Sucre y aún así les llaman la atención por haber reclamado el pago de las mesadas.

Comunicación escrita

Sin embargo, en las últimas horas los empleados del HUS, tanto de planta como de cooperativas y de OPS, se han unido en una sola voz a través de una comunicación escrita en la que, para evitar ser sancionados y trasladados a otros municipios de la red de salud pública (Corozal, Betulia y San Marcos), han preferido autodenominarse los ‘muertos de hambre’.

En la particular comunicación, los ‘muertos de hambre’ le hacen saber al Presidente de La República, la gobernadora de Sucre, a los ministerios de Trabajo y Salud, Contraloría General de la Republica, Procuraduría General de la Nación, Fiscalía General de la Nación y Asamblea Departamental de Sucre las “humillaciones, maltratos, vulneraciones, acosos tanto psicológicamente como económicamente” de que vienen siendo objeto por parte del gerente Ezequiel Díaz Navarro.

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Detallan y explican en la comunicación que se hacen llamar “muertos de hambre porque nos deben cuatro meses de salario a los de planta, ocho meses a los tercerizados y ni hablar de las OPS, y cuando vamos a exigirle nuestro sueldo nos atiende de mala manera y nos dice hasta “muertos de hambre”. Parecemos limosneros todos los meses pidiendo nuestro sueldo, siempre dice que no hay plata, pero si ustedes hacen una auditoría sea normal o auditoría forense llegarán a la verdad. La plata entra a las cuentas bancarias de este hospital todas las semanas y hasta plata por caja, pero no nos pagan”.

Indican que el HUS recibe pagos por “prestación de servicios en salud a los diferentes terceros así: giros directo de Adres a la cuenta bancaria; consignación a la cuenta por parte de EPS que no envían por giro directo como Asociación Mutual Ser y Nueva EPS, situación que no entendemos, ojalá aclaren esto; recaudo diario de facturación; excedentes de títulos judiciales y de eso nadie sabe qué hacen la plata; consignaciones bancarias de las aseguradoras (SOAT); estampillas hospitalarias que gira la gobernación, y otras consignaciones de la gobernación, y aún así siempre sale con la respuesta de “No hay Plata”, aparte de eso exigiendo puntualidad y responsabilidad en el trabajo, donde cada empleado aquí sabe y tiene la responsabilidad absoluta y la camiseta puesta por esta institución”.

El no tener el pago de sus salarios les ha afectado en sus hogares al punto que les suspenden la prestación de los servicios públicos, a sus hijos se los devuelven de los colegios, no tienen cómo transportarse y llegan tarde y en razón a ello les hacen llamados de atención.

EL HERALDO quiso conocer el pronunciamiento del gerente Ezequiel Díaz Navarro, pero este no respondió las llamadas telefónicas.