Las víctimas de los llamados falsos positivos o ejecuciones extrajudiciales atribuidas a la Fuerza de Tarea Conjunta de Sucre y a los Gaula de los departamentos de Córdoba y Cesar, reiteraron este viernes 6 de septiembre su exigencia de “verdad real y no disfrazada” a los comparecientes ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
Hombres y mujeres que son hijos, padres, madres, hermanos tíos y hasta esposa de los que fueron asesinados por militares y presentados posteriormente en público como bajas en combates ante el pedido de “litros de sangre” por parte de sus superiores, se concentraron este viernes 6 de septiembre en la ciudad de Sincelejo en el marco de una audiencia de Observaciones de Víctimas del Caso 03 de la JEP y le hicieron tal exigencia a los ahora exintegrantes de la fuerza pública implicados en estos repudiables hechos.
“Ya está bueno de esto. Ya se metieron en esto y es hora de que nos digan la verdad de dónde están nuestros familiares. Vemos que están manipulando esas verdades. Nunca se nos ha dicho nada tampoco de los documentos de nuestros familiares”, dijo Jesús Eduardo Cochez, un docente que busca noticias de un hermano que el Gaula del Cesar le asesinó.
Por su parte Wendy Paola Suárez Díaz, se dirigió a los comparecientes que estuvieron presentes en la audiencia a través de la virtualidad, para decirles que “ya está bueno que se acabe la tortura”, al tiempo que le preguntó al mayor Vargas Rivas el por qué se ensañó contra ellos, y reiteró que no los perdona por haberle quitado la vida a su hermano, al que “sigo esperando”.
Diana Ávila Rubiano y Nini Johana Soto, las magistradas de la Sala de Reconocimiento de la JEP para el Caso 03 cuyo relator es el magistrado Óscar Parra, y que fueron las encargadas de dirigir esta diligencia, destacaron la resiliencia de las víctimas, e instaron en repetidas ocasiones a los comparecientes a que aporten la verdad absoluta.
Se mostraron conmovidas y hasta sus voces se les quebrantaron, con los relatos de cada víctima, y resaltaron el de Sandra Marcela Vega, esposa de Henry Castro, quien residía en Córdoba y fue asesinado y presentado como un guerrillero, estigma que los hizo hasta migrar de departamento.
Para las magistradas fue destacado el valor de esta mujer por saber qué fue lo que pasó y por qué asesinaron al amor de su vida y de paso por qué dejaron si padre a su hija y sin el protector a unos sobrinos que habían quedado huérfanos.
La JEP, a través de estas magistradas, se comprometió a tener una segunda fase de esta audiencia el próximo 24 de septiembre en la ciudad de Barranquilla para las víctimas del Gaula de La Guajira.
Finalmente la JEP informó que analiza la forma en la que esta práctica criminal de asesinar personas para luego presentarlas como bajas en combate se expresó en la Costa colombiana, dimensionando la magnitud y complejidad de este fenómeno criminal.
“La labor de la Sala también pasa por analizar esos patrones de macrocriminalidad y cómo se expresó esta práctica en la Costa Caribe. Confiamos en que muy próximamente, en un tiempo relativamente corto, será expedido el auto de terminación de hechos y conductas que individualice a los máximos responsables de estos crímenes”, anotó la magistrada Diana Ávila Rubiano que a su vez reconoció a las víctimas como las que inspiran y hacen posible nuevas formas de justicia.
