Si no cumple con la orden del juzgado segundo de Montería, de cancelar los salarios y prestaciones sociales a un grupo de docentes de Puerto Escondido, la gobernadora de Córdoba, Marta Sáenz, podría ser arrestada y privada de la libertad durante 5 días. Así lo determinó el juzgado tras una sanción por desacato.
El grupo de maestros exige los pagos atrasados del año 2002 y actuaron con una tutela contra el departamento en el año 2009.
La mandataria se pronunciará sobre el tema a las 10:00 a.m.
La acción contra Sáenz ocurrió, casualmente, después de que ella sancionara al alcalde de Uré, Bladimir Londoño, tras una orden de un juzgado con función de control de garantías en Bogotá.
Londoño es investigado por el supuesto delito de falsedad ideológica en documento público y peculado por apropiación. Existe una orden de captura en su contra.
Fue designado como alcalde encargado el funcionario de la gobernación Guillermo Pinedo.
