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Región Caribe

En video | “Habrá flexibilidad en las metas en los dos próximos años”

Minminas le dijo a EL HERALDO que expidió una nueva resolución, para otorgar margen en reducción de pérdidas  a los nuevos operadores.  

Diego Mesa Puyo, ministro de Minas y Energía. Economista antioqueño, que lideró la subasta de Electricaribe como viceministro de Energía, dice que los nuevos operadores CaribeSol y CaribeMar están cumpliendo los compromisos para recibir el mercado de energía de la Costa a partir del 1 de octubre. Revela detalles de una nueva resolución que acaba de ser expedida para flexibilizar sus metas ante el deterioro de los indicadores de Electricaribe, que no los exime de sus obligaciones de realizar las inversiones que requiere el sistema.

P.

¿Sigue invariable la fecha de entrega de Electricaribe a los nuevos operadores?

R.

No hay cambios en este proceso que venía del Gobierno anterior con la intervención, y en el que nos propusimos buscar una solución estructural y definitiva. El 20 de marzo el mercado quedó adjudicado CaribeMar, –Córdoba, Sucre, Cesar y Bolívar– a EPM; y CaribeSol, –Atlántico, Magdalena y Bolívar–  al Consorcio de Energía de la Costa. Se estructuró un cronograma de empalme que estipulaba que podía alargarse hasta fin de año, pero los operadores tenían la opción de elegir si querían entrar el 1 de octubre, y en ambos casos, enviaron cartas por separado expresando el interés de hacerlo en esa fecha. Hemos hecho un trabajo de empalme muy fuerte para cumplir y vamos de acuerdo con los tiempos establecidos.

P.

¿Qué tanto afecta el proceso el deterioro de los indicadores de Electricaribe por el aumento de pérdidas operacionales y la caída de facturación?

R.

Hay indicadores con seguimiento en el empalme de la transacción, pero se han cumplido los compromisos, están dadas las condiciones para que los operadores entren, y no estamos previendo ningún tipo de contingencia. El deterioro del indicador de recaudo no es exclusivo de Electricaribe. A raíz del covid tenemos una caída en todo el mercado, que se está trabajando con los gremios del sector, entre otras razones por el aplazamiento de los pagos que otorgó el Gobierno por la crisis.

P.

Pero insisto, EPM y Enerpereira han expresado que las condiciones no están dadas para cumplir los términos del contrato que se pactaron originalmente.

R.

No es un tema específico del mercado del Caribe. Hay unas metas que las empresas tienen que cumplir y unas resoluciones de la Comisión de Energía y Gas. Por ejemplo, para reducir las pérdidas todas las empresas se comprometen con unos planes de inversión en la distribución y esas inversiones tienen que reflejarse en una reducción de las pérdidas. Conscientes que los planes de inversión se pudieron retrasar o fue complejo adelantarlos durante el aislamiento obligatorio, expedimos el pasado viernes 11 de septiembre una regulación en la que se flexibilizan las metas.

Es una resolución de carácter general en la que le estamos diciendo a las empresas: ustedes tienen unas metas con cronogramas de cinco y diez años de reducción de pérdidas de acuerdo con sus planes de inversión y va a haber flexibilidad en las metas en los próximos dos años y la senda de reducción de pérdidas tendrá un margen de flexibilización hasta el 2030. Así le damos tranquilidad, no solo a los nuevos operadores del mercado en el Caribe, sino a todas las empresas del sector, con las que ya hablamos, porque podrán tener un plan B de reducción de pérdidas y de inversión.

P.

¿Se aplazarán las inversiones que deben realizar los nuevos operadores?

R.

Más que aplazar inversiones, se trata de metas puntuales. La senda para reducir pérdidas arranca en un punto y tiene otro de llegada. Lo que dice la resolución es que en los dos primeros años no se medirá a dónde tienen que llegar las pérdidas de los operadores, pero ellos tienen que asegurar que no se les incrementen, y además deberán realizar las inversiones para reducirlas. A partir del segundo año, la pendiente de reducción de pérdidas se aplana un poquito, y debe llegar al mismo punto en 2030. Es decir, el punto de salida y el de llegada es el mismo que estaba fijado y el plan de inversión tiene que reflejarlo, solo que ya no va a ser tan estricto. Si no hay incremento de pérdidas, las empresas tendrán derecho a una remuneración de acuerdo con los objetivos previstos en la reducción de esas pérdidas.

P.

En el caso de los nuevos operadores, ¿cómo queda el escenario de las inversiones?

R.

No se cambió ni el punto de partida ni de llegada, sino que se flexibilizó esa pendiente para que fuera un poco plana. Los dos mercados tienen unas obligaciones contractuales de inversión, aparte de este tema de reducción de pérdidas: en el caso de CaribeSol son de $3,2 billones en los próximos 5 años y en el de CaribeMar, de $2,3 billones también en ese lapso. Si se extiende a 10 años, se sube a $8,7 billones para los dos mercados.

P.

¿Conocía la decisión de Electricaribe de demandar a la Alcaldía de Barranquilla y de otras ciudades de la Costa?

R.

No. Sabía que había un tema con la subnormalidad y me enteré de la demanda el día que salió. Electricaribe está intervenida por la Superintendencia de Servicios Públicos con una agente especial, pero esa Superintendencia no depende del Ministerio de Minas, sino del Departamento Nacional de Planeación.

A diferencia de la Superfinanciera que depende del Ministerio de Hacienda o la Supersalud que lo hace del Ministerio de Salud. Tenemos una muy buena relación, pero no es una entidad adscrita al Ministerio, y no todas sus decisiones pasan por nosotros. Hablé luego del tema con las personas encargadas y se le dio un manejo más adecuado, se retiraron las demandas y están en una etapa de conciliación. 

P.

¿Qué se está haciendo para la normalización eléctrica de familias vulnerables en la Costa?

R.

El Ministerio tiene el programa de normalización de redes eléctricas, Prone, y casi todo su presupuesto se lo hemos venido asignando a la Región Caribe. Seguiremos aportando fondos, pero también CaribeSol viene con una iniciativa ambiciosa de normalizar barrios subnormales y adelantar una estrategia más detallada con usuarios. En el caso de CaribeMar, parte de su plan es llegar a ofrecer prepago, un producto que tiene EPM en Antioquia que funciona bastante bien y ayuda a la normalización.

P.

¿Qué pueden esperar los usuarios de los nuevos operadores, luego de la pesadilla de Electricaribe?

R.

Llegó la solución estructural y definitiva, pero va a ser un proceso gradual hasta que comiencen a ver mejoras en la calidad. Hay que entender que están naciendo unas nuevas empresas y como le escuché decir al alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, el 30 de septiembre se entierra a Electricaribe y nace una nueva entidad, pero es un bebé que va a ir creciendo y para que lo haga bien y pueda cuidar a los usuarios, hay que darle tiempo. Sin embargo, hay un camino recorrido gracias a las inversiones de los dos últimos años a través del Plan 5Caribe y el Conpes por $860 mil millones en este 2020 que buscan superar el rezago de la última década.

P.

¿Qué tanto va a subir la tarifa en el componente de comercialización debido al nuevo régimen transitorio?

R.

Podría subir hasta en un 20%, dependiendo de lo que defina cada operador. Pero hay que aclarar que ese componente de comercialización pesa un 20% del total de la tarifa. Es decir, el incremento podría ser de hasta un 4% porque es el 20 del 20. Valga precisar que ese aumento moderado se vería reflejado en un período de cinco años a partir del 1 de enero de 2021 con una apuesta de mejora en la calidad del servicio.

P.

¿Adicionalmente los operadores podrán subir las tarifas por su cuenta?

R.

Ellos son conscientes que no pueden llegar a disparar las tarifas. Saben que si hacen eso se les convierte en un tema social. Antes del decreto que fija el nuevo régimen transitorio, los operadores nos habían dicho que iban a mantener una tarifa estable, que cualquier incremento debía ser gradual, muy modesto y acompañado de mejora en la calidad. Por tanto, no habrá incrementos elevados en el corto plazo.

P.

¿Los nuevos prestadores llegan y el Gobierno se desentiende del tema?

R.

No. El contrato tiene unas obligaciones para los próximos 10 años y seguiremos haciendo acompañamiento para garantizar que se cumpla lo pactado. En el caso de los indicadores de pérdidas y calidad se les hará seguimiento como cualquier empresa del sector, y además están sometidos a un régimen regulatorio especial facultado por el Plan de Desarrollo.

P.

¿Por qué cree que la reglamentación del Sistema General de Regalías no dejó a todos contentos?

R.

Esta reforma le otorga total descentralización y mayor autonomía a las regiones. Del total de las bolsas, el 70% no pasa por OCAD, los órganos colegiados de administración y decisión. Había 1.152 OCAD y dejamos 8 únicamente para que los entes territoriales tengan mucha más autonomía en el ciclo de los proyectos. Se cumple con la promesa de campaña del presidente Duque de darle mayor asignación a las regiones productoras de minería e hidrocarburos, así como a los municipios más pobres del país.

También se estableció una asignación específica del 5% para temas ambientales, como protección de áreas estratégicas ambientales; se incrementó la que está destinada para Ciencia, Tecnología e Innovación y por primera vez se entregará recursos a infraestructura educativa en todos los niveles. Adicionalmente, hay una bolsa para impulsar la reactivación económica en los territorios.

P.

¿Qué va a pasar con los proyectos eólicos enLa Guajira que hoy se encuentran suspendidos?

R.

Se han presentado dificultades con la consulta previa, que se agravaron con la pandemia porque las audiencias con las comunidades no se pudieron realizar. Sin embargo, la solicitud de la Procuraduría General no implica una orden de suspensión, es decir, el proyecto eólico “Línea de Transmisión Asociada a la Conexión Cuestecitas-Colectora 1 a 500 kV”, en los municipios de Uribia, Albania, Maicao, Manaure y Riohacha puede seguir su curso.

Este proyecto cruza el territorio de comunidades con las que hay que hacer consulta previa. Se está trabajando muy fuerte con el Grupo de Energía de Bogotá, que es el responsable, para meter el acelerador y puedan entrar esos 9 proyectos eólicos de La Guajira. Además, otro proyecto eólico en ese departamento, Winpechi, a cargo de Enel, ya arrancó con consulta previa semipresencial. En el Atlántico, Caracolí Solar, una granja de 50 megavatios ubicada en  Malambo que se va a conectar a la red, ya arrancó una consulta 100% virtual, la primera en el país que se realizará de esta manera, previa concertación con las comunidades.

P.

¿Qué hacer con el paro en El Cerrejón?

R.

43% del PIB de La Guajira depende de minería. Mi invitación es al diálogo y ambas partes, el sindicato y la empresa, han expresado voluntad de sentarse en la mesa, y debe primar el interés de la comunidad y de los trabajadores. Desde el punto de vista estructural del mercado de carbón hay una situación crítica que se agravó y aceleró con el Covid: el precio y la demanda del carbón han venido cayendo. Uno entiende que las empresas deben ajustarse a esa realidad, pero tener más de 10 mil familias sin ingresos en plena pandemia es inexplicable.

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