Un fallo lleno de esperanza. Eso significa para 160 familias (unas 646 personas) en Suan, Atlántico, la sentencia de la Corte Constitucional que ordena a la administración municipal garantizar el derecho a una vivienda digna a los ocupantes del asentamiento ‘La Mano de Dios’, que en su momento fueron desalojados del predio pese a su condición de víctimas del conflicto, migrantes, retornados y otros grupos poblacionales de alta vulnerabilidad.
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Todo este caso se remonta al año 2018, cuando un grupo de personas –entre desplazados por la violencia, retornados y hasta suaneros– decidió tomar posesión de un predio baldío y que pertenecía al municipio, para poder levantar un techo donde dormir ante las dificultades que la vida misma les impuso.
Una de las historias es la de Miriam Caicedo Ruiz, a quien el conflicto armado la obligó a salir de su tierra, en el departamento del Vichada, y desplazarse para ponerse a salvo junto a sus cinco hijos. Esta madre cabeza de hogar llegó a Suan en el año 2013 y desde entonces quedó radicada en territorio atlanticense.
'Salí desplazada debido al peligro y al conflicto, decidí quedarme en Suan porque era un municipio tranquilo, más sano y seguro para mis hijos', dijo.
Su vida —como lo refirió– ha sido una constante lucha. Sostener un hogar sola no es tarea fácil y para el año 2018 la necesidad nuevamente la arrojó a tomar una medida desesperada, ocupar el predio para levantar una improvisada casa y así asegurar un lugar donde sus hijos pudieran tener un techo donde dormir.
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'Fui una de las primeras que ingresó al terreno y viví por un tiempo tranquila, dentro de lo que cabía, porque ya no tenía que pensar en cómo conseguir dinero para pagar un arriendo o servicios públicos. Nos tocó muy duro porque no recibimos ningún apoyo ni de la administración municipal, ni de nadie', contó.
Milton Montes Rivero también es víctima del conflicto armado. Salió de Ovejas, Sucre, huyéndoles a las amenazas y a las balas que los grupos armados ilegales emprendieron en su momento contra la población. Con sus padres llegó a Suan y fue en este territorio que formó su propia familia con su esposa y dos hijos. Entró a formar parte del asentamiento y atravesó nuevamente otro desplazamiento en 2022, cuando fueron desalojados.
'Si la Corte Constitucional falló a nuestro favor, la administración municipal debe cumplir la sentencia porque nosotros también somos seres humanos y tenemos derecho a una vivienda digna para nuestros hijos', anotó.
Al igual que Caicedo y Montes, muchas otras familias que atravesaban por situaciones complejas por falta de empleo y vivienda llegaron al predio buscando un lugar. Armaron sus casas con madera y otros materiales, llevaron de manera improvisada energía al asentamiento, el agua fue cedida por vecinos de la urbanización cercana y trasladada en tanques hasta los ranchos, se carecía de otros servicios esenciales y hasta de la oferta en salud.
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'Fuimos excluidos de la sociedad e invisibles para la administración. Para nosotros nunca hubo ayuda, ni para las personas en condición de víctimas. Pasamos mucho trabajo con las lluvias, porque se nos inundaban los ranchos. Muchas de las familias carecieron de alimentos, luz, agua y hasta de salud, porque no contábamos con Sisbén', relató Wendy Camargo, suanera de 40 años y quien también hizo parte del asentamiento.
El desalojo
Las personas de ‘La Mano de Dios’ recuerdan el 6 de julio de 2022 como un día traumático para sus vidas. Esa tarde de miércoles se consumó el operativo de desalojo que había sido aguantado un tiempo por varias acciones de tutela y recursos legales que interpusieron varias familias a través de su apoderado, el abogado Emiro Martínez.
'Fue difícil ver caer todo lo que con mucho esfuerzo se levantó', señaló Miriam Caicedo, quien fue secundada por Wendy Camargo, al afirmar que fue un episodio traumático para todos y en especial para los niños, que presenciaron cómo fueron tumbadas sus casas.
'No hubo un gesto de humanidad para con nosotros. Las personas fueron lanzadas a la intemperie con sus enseres bajo la lluvia, muchas cosas se les echó a perder y a muchos les tocó pasar la noche y por más de un mes en un parque cercano con los niños. Sufrimos mucha discriminación y ahora, después del desalojo, la seguimos viviendo', agregó Camargo.
Muchas familias quedaron a la deriva, otras buscaron apoyo en familiares cercanos y algunas decidieron emigrar a otros municipios y ciudades capitales en búsqueda de un hogar y mejores oportunidades. Estas personas señalaron que aún siguen pasando las mismas penumbras, sin contar con una casa digna, ni un empleo que los sostenga.
El fallo
La Corte Constitucional, a través de la sentencia 244 del 2023, ordenó a la Inspección de Policía de Suan y a la Alcaldía de Suan, en un plazo de 30 días contados a partir de la notificación del fallo, realizar una caracterización de los ocupantes del asentamiento ‘La Mano de Dios’ para determinar quiénes son sujetos de especial protección constitucional, quiénes tienen necesidades apremiantes de vivienda y la población migrante.
'La finalidad de esta caracterización consistirá en identificar la medida de protección procedente, de acuerdo con la situación de vulnerabilidad de los miembros del asentamiento', señala el fallo.
Por otra parte, el tribunal constitucional ordenó a la Alcaldía de Suan garantizar una medida de albergue temporal a los ocupantes del predio y que no hayan resuelto su situación de vivienda. Esta medida de protección se proporcionaría por máximo siete meses a través de un 'subsidio o la adecuación de un espacio que cumpla las condiciones acordes con el derecho a la vivienda digna que debe garantizar la entidad territorial'.
También obliga al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), a la Defensoría del Pueblo y a la Personería Municipal de Suan, de acuerdo con sus competencias, brindar acompañamiento a la caracterización de los miembros del asentamiento.
Cabe recordar que esta sentencia tiene efectos inter comunis, en el que todas las medidas adoptadas se hacen extensivas a todas las personas que conformaban el asentamiento ‘La Mano de Dios’.
Un llamado
El abogado Emiro Martínez Arévalo, apoderado de las familias afectadas, calificó como histórico el fallo de la Corte Constitucional a favor de esta comunidad.
Sin embargo, sostuvo que ha sido difícil el proceso para que la administración municipal pueda cumplirlo, pese a que fue notificada el 27 de julio de 2023. Es decir, que desde esa fecha poco se ha avanzado para implementar las acciones encomendadas por el alto tribunal.
'Me tocó instaurar un incidente de desacato que obliga a la alcaldesa de Suan a ejecutar el fallo. Hace poco la administración comenzó a realizar la caracterización, pero lo está haciendo fuera de los lineamientos ordenados por la Corte; lo está adelantando sola sin el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo, el Instituto de Bienestar Familiar y demás entidades en el proceso para garantizar transparencia y seguridad al mismo', dijo.
Manifestó que el plazo dado por la Corte se cumplió, por lo que hizo un llamado —al igual que las familias– a que se cumpla el fallo con la mayor prontitud y garantías del caso.
'Vamos a hacer la gestión para mejorar las condiciones de vida'
La alcaldesa de Suan, Karolay Calvo, sostuvo que el fallo de la Corte fue notificado mediante correo electrónico el 27 de julio de 2023 y era la administración anterior la que debió dar inicio al cumplimiento del mismo.
Sin embargo, precisó que se constató que para el 23 de octubre del mismo año se evidenció la existencia de un oficio que instruía la difusión de un comunicado por la emisora local para informar a los miembros del asentamiento el proceso de caracterización y que debían acercarse a las instalaciones de la alcaldía para ser parte de ello.
Indicó que el archivo existente da cuenta de la comparecencia de 60 personas y la priorización de 30 de ellas con 'la medida de protección'.
Por otra parte, señaló que la administración anterior no informó sobre acompañamiento de la Defensoría del Pueblo e ICBF al proceso, por lo que –dijo– se adelantan las gestiones para que se dé el apoyo de estas instituciones.
Agregó que también se adelantan gestiones ante el Gobierno nacional, la Gobernación del Atlántico y el sector privado para que inviertan en proyectos de vivienda y así poder dar solución a los tutelantes.
'Desafortunadamente nuestros recursos son pocos y no podemos entregar subsidios o generar un proyecto de vivienda con cargo a los recursos municipales, puesto que nos desfinanciaría. Reitero que vamos a hacer la gestión para mejorar las condiciones de vida de la familias suaneras', expresó la mandataria.
Pese a que la comunidad asegura que no ha habido acompañamiento, ni diligencia por parte de la Alcaldía de Suan, Calvo insistió que ha habido compromiso con esta población al 'caracterizar y escuchar sus necesidades'.
