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Hernán Gustavo Estupiñán. Tomada del partido Liberal
Política

Las mentiras para justificar el sueldo de asistente del representante Hernán Estupiñán

En el fallo de pérdida de investidura del congresista liberal, el Consejo de Estado determinó que no había relación entre la función de “enlace con la comunidad” del asistente de la UTL y las labores legislativas. 

En el fallo del Consejo de Estado que decretó la muerte política del liberal Hernán Gustavo Estupiñán, representante a la Cámara por el departamento de Nariño, por “indebida destinación de dineros públicos”, se exponen las justificaciones por las cuales al asistente I de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) se le habrían girado $6.524.465 millones, a pesar de no “cumplir con las funciones de su cargo”, según lo estableció el alto tribunal.

Según explicó la defensa del representante a la Cámara, Jahir Alexander Mena Quiñones (quien fungía como asistente I del congresista liberal) “servía de enlace con las comunidades del departamento de Nariño, a las que el señor Estupiñán Calvache representaba por elección popular”.

Así mismo, según los testigos  María Camila Sánchez Ortega y Francisco Javier Garzón Almeida, Mena sí habría cumplido con sus funciones, citando como justificación una reunión realizada el pasado 3 de marzo de 2018, la cual habría servido como insumo requerido para impulsar varias iniciativas de carácter legislativo, relacionadas al saneamiento ambiental, la declaratoria de distrito especial de la ciudad de Tumaco, la declaratoria de zona especial de frontera para Tumaco. Lo anterior también fue afirmado por el mismo representante a la Cámara.

Sin embargo, la sala el Consejo de Estado determinó que lo anterior “no se ajusta a la realidad”. Sobre el reconocimiento de Tumaco como Distrito Especial, la sala constató que aunque si aparece este proyecto en el Congreso fue presentado el 20 de julio de 2017 y por un listado de congresistas de diferentes partidos en los que no aparece el nombre de Estupiñán.

“Según se lee en los correspondientes archivos de información pública, fue presentado el 20 de julio de 2017 por los Senadores Eduardo Enríquez Maya, Juan Manuel Galán Pachón, Luis Fernando Velasco, Javier Tato Álvarez, Mauricio Delgado Martínez, Fernando Tamayo Tamayo, Roys Barreras Montealegre, Hernán Andrade Serrano, Iván Cepeda, Jimmy Chamorro, Iván Duque, Doris Vega, Myriam Paredes, Juan Samy Merheg, Antonio Navarro, Efrain Cepeda, Carlos Fernando Motoa, acompañados por el entonces Ministro del Interior Rodrigo Rivera”, se lee en el fallo.

Así mismo, la sala indicó que “en ninguna de las sesiones en las que el proyecto fue sometido a consideración en dicha célula legislativa, quedó consignada la participación” de Estupiñán .

Pero otra de las mentiras que subrayó el alto tribunal fue que tampoco el representante a la Cámara hizo parte del grupo de congresistas que presentó la iniciativa que establece un  régimen especial tributario para los municipios relacionados en la ley de fronteras. “Tampoco hace parte de la Comisión Tercera a la que corresponde su adelantamiento, ni aparece referenciada en forma alguna su participación o involucramiento en el trámite o discusión de la iniciativa”.

Así las cosas, la sala del Consejo de Estado que no existía relación entre la reunión del 3 de marzo y su trabajo posterior en la UTL y del representante en torno a los proyectos mencionados.

De otro lado, el alto tribunal sostuvo que el representante no habría hecho vigilancia de los dineros públicos y habría “privilegiado el interés particular del señor Jahir Alexander Mena Quiñones en contravía del interés general, cual es, la defensa del patrimonio público”. Por lo que le fue decretada la pérdida de investidura a Estupiñán.

Mena Quiñones habría recibido desde el 1 de marzo hasta el 20 de mayo de 2018 pagos que suman en total la cifra de $6.524.465 por sus labores como asistente I del representante. Sin embargo, el Consejo de Estado señaló que entre “el 4 de marzo y el 21 de mayo de 2018, el señor Jahir Alexander Mena Quiñones no cumplió ninguna función propia del cargo de Asistente 1 ni de la de enlace territorial que le fue asignada”.

Adicionalmente, el Consejo de Estado explicó que “la única función que se le asignó al señor Mena Quiñones por parte del congresista, por intermedio de María Camila Sánchez Ortega, fue la de fungir como enlace territorial con las comunidades. No obstante, ninguna actividad, tarea o labor específica le fue determinada para su realización, es decir, el Asistente I ejercía el cargo como a bien lo tenía, sin lineamiento, directriz o instrucción concreta al respecto”.

Mena Quiñones es sobrino del diputado nariñense Alvin Gustavo Quiñones Casanova, quien fue el gerente de la campaña de Estupiñán, y según el demandante la razón por la que el asistente I habría entrado a ser parte de la UTL del representante habría sido para “pagar favores políticos”. No obstante, el Consejo de Estado dijo que lo anterior no era “plena prueba de que el congresista lo hubiese nombrado en la UTL como cuota política o para realizar actividades proselitistas”.

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