Luego de que circularan los audios atribuidos a alias Rogelio Benavides, uno de los capos de las disidencias de las Farc comandadas por alias Calarcá, en los que piden apoyo a la campaña de Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico, la Registraduría elevó un llamado a las autoridades.
“Reiteramos, no es de nuestra competencia el garantizar el orden público en el país y este tipo de presiones no es competencia de la Registraduría. Sin embargo, hicimos un llamado y reiteramos el llamado a todas las entidades públicas, a los partidos y a todos los colombianos”, comenzó diciendo el registrador delegado para lo electoral, Jaime Hernando Suárez.
En ese sentido añadió que “no solo queremos lo que pasó ya en las elecciones del 8 de marzo del Congreso de la República, que se garantice la seguridad en los puestos de votación (...) También estamos pidiendo que se garantice el voto libre de los colombianos, libre de cualquier presión en los puestos de votación. Pretendemos que todo el Estado colombiano y en lo posible tengamos presencia en esos puestos de votación que están manifestando las campañas que se están haciendo ese tipo de presiones”.
Las grabaciones
En las grabaciones se escucha la supuesta voz del disidente de las Farc hablando sobre un apoyo a Iván Cepeda y un accionar criminal en el Guaviare y otras zonas cercanas donde operan las estructuras criminales.
Además, en dichos audios—cuya autenticidad está siendo verificada por las autoridades—'Rogelio Benavides’ estaría amenazando campesinos, hablando de cobros ilegales y una “carnetización” obligatoria.
Sin embargo, lo que más ha generado polémica en distintos sectores políticos ha sido el apoyo que pide el disidente para el candidato del petrismo, Iván Cepeda.
“Ojalá gane el compañero Cepeda juepuerca porque ahí sí los vamos a apretar otros cuatro años nosotros”, afirma el jefe criminal en el mensaje intimidante.
En la misma grabación, que comenzó a circular entre presidentes de juntas y habitantes de zonas rurales del Guaviare, el disidente lanza amenazas contra la comunidad sobre reuniones obligatorias, “manuales de convivencia”, carnetización de pobladores e incluso sobre pagos exigidos a la población.
