Ante la Comisión Primera de la Cámara inició la presentación por parte del Gobierno del proyecto de ley orgánica de competencias que complementa la reforma al Sistema General de Participaciones, SGP, y que incrementa las transferencias a las regiones del país.
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El proyecto, radicado en diciembre de 2025 y que desarrolla el acto legislativo 03 de 2024, constituye una de las reformas más relevantes para la organización territorial del Estado desde la Constitución de 1991.
La idea es redefinir la distribución de competencias entre la Nación y las entidades territoriales.
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Al respecto, el viceministro del Interior, Jaime Berdugo, señaló que “este proyecto no es una ley de recursos, es una ley de poder público. Su propósito es ordenar la relación entre la Nación y los territorios, definiendo con claridad quién hace qué, con qué recursos y bajo qué condiciones”.
Por ello, explicó el funcionario que la ley define con mayor precisión las competencias de la Nación y de las entidades territoriales en sectores prioritarios como salud, educación y agua potable.
Así mismo, determina principios e instrumentos institucionales para orientar la descentralización y mejorar la coordinación entre niveles de gobierno; introduce un enfoque de descentralización asimétrica, que reconoce las diferencias en capacidades y condiciones entre territorios; en incorpora mecanismos de articulación territorial como esquemas asociativos y acuerdos de colaboración, para abordar problemáticas que trascienden los límites administrativos.
