El procurador General de la Nación, Gregorio Eljach, reveló este martes que ya no es militante del partido de la U, del cual hizo parte desde sus inicios como colectividad política.
“Yo tuve la fortuna de participar en la fundación de la U, siempre estuve al lado de mi jefe, ahí he militado siempre, siempre me apoyó en mis aspiraciones”, dijo Eljach en ‘Caracol Radio’.
Sin embargo, tuvo que tomar una difícil decisión cuando fue elegido para el cargo de procurador General de la Nación. Gregorio Eljach consideró que no era compatible ejercer su tarea en el Ministerio Público y al mismo tiempo militar en un partido político.
Fue entonces cuando optó por renunciar al partido de la U tras más de una década militando en dicha colectividad.
“En esta tarea que me dio Colombia, o pertenezco a todos, que no se puede, o no pertenezco a ninguno; entonces me retiré”, sostuvo el procurador en el citado medio.
Procuraduría recuerda restricciones durante periodo de Ley de Garantías
La Procuraduría General de la Nación recordó, a través de un comunicado, que hay restricciones en materia de empleo público previstas en la Ley 996 de 2005, con ocasión de los procesos electorales de Congreso de la República y de Presidente y Vicepresidente para el periodo constitucional 2026 – 2030.
En ese sentido, el Ministerio Público hizo un llamado a los nominadores, jefes de personal y jefes de control interno de las entidades del Estado para que den cumplimiento de dichas prohibiciones.
La modificación o afectación de la nómina estatal y la vinculación de personal está prohibida, salvo las excepciones expresamente previstas en la ley, durante los cuatro meses previos a las elecciones legislativas y presidenciales.
“Estas restricciones operan, de acuerdo con el calendario electoral, desde el 8 de noviembre de 2025 para las elecciones de Congreso y desde el 31 de enero de 2026 para las presidenciales, hasta la fecha de la elección o, de presentarse segunda vuelta, hasta junio de 2026″, detalló la Procuraduría.
Además, indicó que estas medidas no implican la creación de nuevos requisitos, autorizaciones previas ni ampliaciones del periodo de aplicación de la Ley de Garantías.
