BOGOTÁ. Desde el Senado se lanzó la denuncia de que hay más armas entre civiles que entre policías o entre militares.
Así lo aseguró el senador Antonio Correa, de La U, quien advirtió: “Tenemos un ejército paralelo de civiles armados, amparado bajo la sombra de la Seguridad Privada. Hay 350.118 personas con licencias, algunas de estas irregulares, para portar armas de fuego entregadas por empresas de vigilancia. Compárenlo con nuestras instituciones legítimas: la Policía Nacional tiene 187.000 uniformados, y el Ejército cerca de 180.000. Es decir, hay más civiles armados que policías y casi el doble del número de soldados”.
Agregó el parlamentario, del ala oficialista de La U, que entre 2018 y 2022 “se registraron al menos 1.100 trámites ilegales, donde funcionarios corruptos, superintendentes de turno y secretarios generales cobraban mil millones de pesos por empresa para otorgar licencias de funcionamiento todas irregulares que terminaron incluso protegiendo a grupos al margen de la ley y a sus familias”.
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Y alertó que desde 1993, cuando nació la Superintendencia, “jamás se hizo una auditoría profunda: cuántas de estas armas se encuentran en manos de la ilegalidad, urge un inventario real”.
Finalmente, pidió Correa investigaciones a la Fiscalía y la Procuraduría, aseverando que “estamos hablando, sin rodeos, de un negocio criminal montado desde el Estado, de una estructura que operó en la impunidad durante décadas para armar a privados, muchos sin control alguno, mientras se hacía la vista gorda frente al riesgo para la seguridad nacional”.
