El presidente Gustavo Petro nombró al exembajador y excongresista Armando Benedetti como ministro de Justicia ad hoc, luego de que el actual jefe de esa cartera, Eduardo Montealegre, presentara un impedimento para intervenir en decisiones relacionadas con el expresidente Álvaro Uribe Vélez.
La decisión fue oficializada mediante el Decreto 1014 del 21 de septiembre de este año, en el que se establece que Benedetti asumirá temporalmente “las funciones del ministro de Justicia y del Derecho como cabeza del Consejo Directivo del Inpec, para adoptar decisiones y adelantar actuaciones administrativas exclusivamente relacionadas con el cumplimiento de la condena penal de Álvaro Uribe Vélez”.
El impedimento de Montealegre obedece a un conflicto de intereses, ya que tanto él como el exvicefiscal Jorge Fernando Perdomo se han declarado víctimas dentro del proceso que se adelanta contra el expresidente Uribe, en relación con el caso del exnarcotraficante Juan Carlos ‘El Tuso’ Sierra.
“El hecho de haber sido nombrado por el señor presidente de la República como ministro de Justicia y haber tomado posesión de dicho cargo, no me priva del ejercicio de mis derechos fundamentales como ciudadano y presunta víctima”, afirmó Montealegre tras el Consejo de Ministros del pasado 19 de septiembre.
El Consejo Directivo del Inpec, al que Benedetti ahora presidirá como ministro ad hoc, está conformado por el Ministro de Justicia, el Director de la Policía Nacional, la Fiscal General de la Nación y dos delegados de la Presidencia de la República. Este órgano tiene como función establecer las políticas generales del sistema penitenciario del país y garantizar los derechos de las personas privadas de la libertad.
Montealegre también se apartó de otros procesos judiciales y administrativos, incluyendo casos de extradición y trámites en los centros de conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá.
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Asimismo, entre ellos figura el proceso de Marianela Álvarez, Carlos Guillermo González, Óscar Leonardo Álvarez y Miguel Ángel González, cuatro empresarios venezolanos asilados en Colombia, cuya extradición es solicitada por el gobierno de Nicolás Maduro.
