Este miércoles 27 de agosto se radicará formalmente la ponencia de los dos magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE) que pone contra las cuerdas a varios personajes que hicieron parte de la campaña de Petro presidente por la presunta violación de topes electorales.
Lea también: Gobierno obtiene licencia ambiental para construir viaductos en la vía Ciénaga – Barranquilla
De acuerdo a lo encontrado por los magistrados Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada, la campaña del mandatario utilizó recursos elevados más de los permitidos por la ley tanto en primera como en segunda vuelta, en 2022.
Son en total $5.300 millones de pesos los que no fueron reportados por la campaña y por lo cual se inició la investigación en el ente electoral el año pasado. Unos $3.700 millones corresponden, según la ponencia, a primera vuelta y no se registraron en los informes.
El restante, $1.600, corresponderían a lo no reportado en segunda vuelta que tenían origen en un contrato con la empresa de aviación Sociedad Aérea de Ibagué (SADI) que le prestó servicios a la Colombia Humana ya casi terminándose la campaña.
Lea también: Salvación Nacional oficializa alianza con Abelardo de la Espriella de cara a 2026
Pero en lo referente a lo formulado en el pliego de cargos contra SADI esto se cayó, según reveló el diario El Colombiano. Lo que sí quedó en firme fueron los aportes de la Unión Sindical Obrera, Fecode, del partido Polo Democrático y la factura de Caracol Televisión.
Así las cosas, Ricardo Roa -gerente de campaña- sería uno de los sancionados, si el CNE decide acoger la ponencia, con aproximadamente 4.000 millones de pesos, entre devoluciones y pagos adicionales, ya que el documento no plantea, de momento, sanciones políticas, pero sí económicas.
El actual presidente de Ecopetrol no sería el único sancionado, la ponencia también plantea multas a la Colombia Humana y la Unión Patriótica así como la devolución de dinero, manteniendo su personería jurídica.
Lea también: Críticas a decreto que aumentaría 20 % la energía para empresas
Para el presidente Gustavo Petro no se contemplan sanciones, pues es de recordar que la Corte Constitucional le puso freno a la investigación en junio pasado al notificarle al CNE que no tiene competencia para adelantar pesquisas, sino la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes por tener fuero presidencial.
Ya radicada la ponencia, la Sala Plena del tribunal electoral deberá reunirse y decidir si acoge o no la ponencia de carácter sancionatoria.
Las supuestas irregularidades en la campaña presidencial de Petro se denunciaron en febrero de 2023 mediante una queja anónima, lo que llevó al CNE a abrir la investigación.
Lea también: Entregar el cuerpo de un guerrillero muerto: la exigencia para liberar a los 34 militares retenidos en Guaviare
Vale mencionar que para que el documento sea aprobado y tenga carácter vinculante, requiere el apoyo de 6 de los 9 magistrados de la Sala Plena del CNE.
