Las votaciones para las reformas a la salud y pensional, que son las que estarían en el orden del día para esta semana en el Senado, siguen siendo relativas y aún dependen de varios factores.
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La reforma a la salud, que debe superar sus cuatro debates antes del 20 de junio, por ahora, depende de la Comisión de Ética del Senado.
Esto porque el proyecto afronta en la Comisión Séptima del Senado la ponencia de archivo que presentaron 8 de los 14 integrantes de la célula legislativa, más un voto a favor de dicha ponencia, lo que sumaría 9 votos de los partidos tradicionales, de oposición e independientes, para que se archive el proyecto del Gobierno. Entre tanto, a favor del articulado hay cuatro votos del Pacto Histórico, mientras que el senador Fabían Díaz, de la Alianza Verde, presentó durante la Semana Mayor su ponencia alternativa, que por ahora no tiene mayor respaldo aunque fue tomada como un salvavidas.
Por ello, el plan b del oficialismo es el camino de las recusaciones, con el fin de restarle votos a la ponencia de archivo, ante lo que fueron recusados los dos senadores del Centro Democrático y la senadora Norma Hurtado, de La U. Pero también sería recusado el oficialista Ferney Silva, por haber sido aparentemente financiado en campaña por el hoy ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo.
A su vez, el pasado sábado el senador Wilson Arias, del Pacto, denunció ante el Consejo Nacional Electoral, CNE, y la Fiscalía, a los partidos Centro Democrático, Conservador, Liberal, ASI y La U, por donaciones supuestamente irregulares en 2022: 'Acabo de denunciar a estos partidos porque recibieron más de $640 millones en donaciones de empresas extranjeras y dueñas de EPS en año electoral. Ambas fuentes de financiación prohibidas por la ley'.
Agregó en este sentido el oficialista que 'con tasas de mortalidad infantil de 11,6 niños por cada 1.000 nacidos vivos (...) Y fallecieron 8.295 niños y niñas en su primer año de vida. Pero la UPC sí alcanzó para financiar campañas, comprar partidos y halagar a funcionarios y senadores. Son mercaderes de la salud'.
Entre tanto, de manera tajante el partido Centro Democrático le respondió al senador Arias por las supuestas donaciones por parte de la multinacional Keralty.
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Sobre esto, el Centro Democrático aseguró que la denuncia de Arias 'no tiene otro fin que oponerse al archivo de la nefasta Reforma a la Salud con argumentos sin ningún tipo de solidez jurídica y fáctica'. Además, la calificó de 'imprudente y temeraria'.
La colectividad de oposición no admitió que hubiese aceptado dichas donaciones pero tampoco desmintió las acusaciones, en su lugar, manifestaron que Keralty, compañía dueña de Sanitas, no es una empresa extranjera.
'Keralty S.A.S. es una persona jurídica (sociedad) colombiana, ya que está debidamente constituida en Colombia, de conformidad con la ley colombiana, paga impuestos y está domiciliada en Bogotá, como consta en el certificado de la Cámara de Comercio de Bogotá', se lee en la comunicación.
Entre tanto, la reforma pensional, que antes del próximo 20 de junio deberá haber pasado sus cuatro debates, está citada para este martes en la plenaria del Senado, donde primero el oficialismo deberá garantizar el 'quorum', que es de 53 de los 105 senadores en total, pues la oposición e independientes usaron la estrategia de romper la asistencia durante los impedimentos.
Esta reforma tiene cuatro ponencias: dos de archivo, una oficial y otra alternativa. A la oposición le faltan 14 votos para hundir el proyecto, que pudiesen buscarlos entre los independientes, mientras que el gobiernismo podría respaldar la ponencia alternativa de La U para tratar de salvarlo, también, con los votos independientes. Así que la cosa va a estar para alquilar balcón, pues que el Gobierno se flexibilice en los montos que se cotizarían en el sistema público y privado sería una carta de negociación con el pleno.
Pero en medio de este tira y jala el presidente Gustavo Petro propuso una constituyente como alternativa para pasar sus reformas y otros temas más.
Al respecto, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, le dijo a EL HERALDO antes de Semana Santa que los gobiernos tienen que darles respuestas a las preguntas de los ciudadanos, y para eso necesitan unos instrumentos que son fundamentales y son los legales, o sea hacer las leyes que permitan desarrollar unos programas.
'La mayor parte de los países europeos tienen un sistema parlamentario: en este, cuando el primer ministro, que es el que encabeza las listas de su partido, (…) pierde las mayorías, porque un partido de la coalición se le retire o algo así, la salida para lo que se llama un bloqueo político, que es que no pueda hacer aprobar las leyes para desarrollar su programa de gobierno, es disolver el parlamento pero se va también él y hay unas nuevas elecciones', explicó.
En Colombia, donde el sistema es el presidencial, advirtió, 'no se tiene esa salida, porque puede ocurrir, como en este momento, que el país elija un presidente pero no tiene mayoría en el parlamento, (…) entonces permite la Constitución preguntarle directamente al ciudadano sobre unas reformas institucionales, legales, constitucionales a través de dos caminos: un referendo o una asamblea nacional constituyente'.
En este sentido, recordó Velasco, Petro les ofreció en campaña a los colombianos unas reformas en el sistema de salud, en el laboral y en el pensional, pero 'el presidente presenta sus proyectos y siente que no avanzan, pero no solo eso sino que en un momento dado a pesar de tener unas mayorías en Cámara muy expresadas y que se mantienen en la plenaria del Senado, en la Comisión Séptima un grupo mayoritario de los senadores, y eso es perfectamente democrático, no estoy haciendo una crítica, le dice: señor, no vamos a dejar que haga la reforma la salud'.
Ahí, continúa el funcionario gubernamental, se puede pensar que hay un bloqueo legal, porque entre otras cosas a esa comisión va a tener que llegar también la reforma laboral (la pensional ya pasó su primer debate en esta célula legislativa).
'Y entonces en ese bloqueo el presidente dice ‘bueno. ¿y por qué no pensamos como lo dice la Constitución en una constituyente, no como una amenaza sino como una salida institucional que está en la Constitución?', señaló.
Pero la idea no cayó bien en la oposición ni en la independencia.
El expresidente Álvaro Uribe, líder natural del opositor Centro Democrático, reiteró este domingo sus críticas a la propuesta de constituyente del presidente Gustavo Petro.
'La Constitución no es el problema colombiano, tampoco lo fue la de 1886. El gran problema es la vanidad o la falta de visión que han privado al país de tener en el largo plazo las políticas que producen buenos resultados', escribió el exmandatario en sus redes sociales, acompañando su publicación de un video en el que explica sus razones.
En este sentido Uribe Vélez agregó: 'Un día, en lugar de mejorar la seguridad, la cambiaron por impunidad absoluta al terrorismo. Se iba rumbo a la reducción del narcotráfico a niveles casi que imperceptibles y dijeron que esa tarea estaba perdida. Con beneficios a los criminales el delito se multiplicó por ocho'.
Además advirtió que con impuestos, inestabilidad en las reglas y discursos amenazantes han parado la inversión y el emprendimiento privado. Y señaló que son varias las ocasiones en que esto ha sucedido.
'La falta de confianza de inversión, el exceso de burocracia, el estado gigante, la corrupción y el odio a la participación privada, como en la salud y en las pensiones, van creando una sociedad más pobre y más deprimida. Un Estado derrochón con carencias de educación e insuficiente apoyo al emprendimiento de los jóvenes. Para comprar el número de hectáreas que requiera el problema social del campo, no necesitan nuevas normas sino voluntad y operatividad. Incluso si se les va la mano dejan al país sin empresarios del campo. Las energías alternativas no están paradas por falta de normas jurídicas. Se requiere que el Estado lidere y agilice la solución con las comunidades para extender las líneas de transmisión', escribió.
Y concluyó recordando que Venezuela mostró que la disculpa Constitucional crea un imperio neocomunista y una población pobre y sin futuro.
A su vez, el ex ministro de Educación Alejandro Gaviria se refirió a la propuesta de Petro sobre convocar a una asamblea nacional constituyente.
'Es un reconocimiento involuntario de un fracaso. El 'proyecto constituyente' (o como lo quieran llamar) no es otra cosa que el abandono de las realidades difíciles del gobierno por los glorias fáciles de la campaña. Una especie de renuncia: el presidente decidió simplemente abandonar su obligación de gobernar y de sacar adelante sus ideas. En eso estamos', puntualizó.
Petro, por su parte, durante la Semana Mayor, reiteró y explicó los alcances de los nueve puntos que propone para ser discutidos en una eventual y polémica asamblea constituyente.
En su cuenta de X el mandatario dejó 'para su reflexión en Semana Santa', un documento titulado ‘El Poder Constituyente en Colombia’, en el que hace varias consideraciones sobre la implementación de la Constitución Política de 1991.
'En los treinta y tres años que han pasado después de derogada la constitución de 1886 y promulgada la del 91, ésta ha sido contra reformada en dos aspectos fundamentales: a) No permitieron que los recursos de la educación pública crecieran más que los ingresos corrientes de la nación, la contrarreforma le hizo perder a la educación pública 200 billones de pesos acumulados que hoy redundan en uno de los sistemas educativos más malos de la OCDE. El derecho a educarse se esfumó. Colombia renuncia a la inteligencia colectiva de su sociedad', aseveró.
Agregó el jefe de Estado: 'b) La reforma agraria. Cuando Andrés Pastrana, quitó el artículo de la expropiación de tierras por vía administrativa, la dejó para vías y obras de infraestructura; acabó con la posibilidad de una reforma agraria seria. Con esta contrarreforma la mayor parte de la tierra fértil con 15 millones de hectáreas de vocación agrícola no se cultivan en contra de toda racionalidad económica y en contra de la industrialización del país; la mafia consolidó su dominio sobre la tierra fértil, y ante la ausencia de una ley ‘fast track’, que el Congreso no quiso tramitar, se hundió el proceso de paz del 2016'.
Expuso además que 'la fuente de todas las violencias: la injusta distribución de la tierra fértil, no tuvo solución', y señaló que varias de las órdenes impartidas por el constituyente al legislador no se han cumplido, entre ellas la de hacer un nuevo ordenamiento territorial y la del Estatuto del Trabajo.
'Hoy la base del poder político en el Legislativo y Ejecutivo es el ordenamiento territorial de 1886', afirmó, añadiendo que 'hoy sabemos que muchas fronteras entre entidades territoriales son artificiales y sin sentido, el nuevo ordenamiento territorial tiene sentido alrededor del agua y de la cultura. En lugar del Estatuto del Trabajo se impusieron reformas neoliberales que llevan a los trabajadores a la máxima inestabilidad y a las más altas jornadas laborales de la OCDE'.
Por ello, manifestó que en lugar de basar el crecimiento económico en el incremento de la productividad, lo que implica más competencia y educación, 'prefirieron la sobre explotación del mundo del trabajo'. Y aclaró que la Constitución de 1991 no propuso el socialismo, propuso acabar el feudalismo y la esclavitud y avanzar en un capitalismo productivo, competitivo y en pacto con los trabajadores y el campesinado, 'tal objetivo no se ha cumplido'.
'Como si las contrarreformas y el incumplimiento del desarrollo legislativo propuesto no bastaran, en 33 años el Legislativo no ha podido abordar reformas fundamentales que han surgido en este lapso de tiempo como la descarbonización de la economía, tema que no se conocía en el 91; o la reforma a la Justicia y a la política, o las consecuencias del proceso de paz del 2016, o, la importancia fundamental de la verdad judicial, la restauración de las víctimas y la reconciliación y el perdón social a partir del punto final en la violencia', afirmó y precisó que en su criterio la palabra 'de manera progresiva' que se propuso en la Constitución de 1991 para alcanzar todos los derechos 'se ha convertido en puntos suspensivos', es decir, 'derechos no alcanzados'.
En este sentido los nueve puntos son:
1. El cumplimiento del Acuerdo de Paz que supone: a) una reforma agraria, b) la inclusión del territorio y la población abiertamente excluida, y c) la verdad como eje de la justicia.
'El Estado incumplió el Acuerdo de Paz y la sociedad debe hacerlo cumplir', se lee.
2. Garantizar, en el corto plazo, las condiciones básicas de existencia a toda la población colombiana: agua potable, salud, y renta para la población más vieja. Y no son derechos progresivos, después de 33 años deben ser derechos garantizados ya.
Sobre este aspecto, Petro sostuvo: 'En los últimos 30 años la inversión pública se concentró en los sectores y los espacios geográficos más pudientes, contrario a lo ordenado por la Constitución y el Acuerdo de Paz. Las sentencias de la Corte Constitucional en esta materia fueron desacatadas impunemente'.
Cuestionó aquí que 'el que debía ser el Estado Social de Derecho es un espacio de grandes negocios para sectores poderosos de la sociedad', por tanto 'esto implica cambiar el sistema de vigencias futuras centradas en carreteras 4G y que ante el marco fiscal de mediano plazo no dejan espacio de endeudamiento para la infraestructura del agua potable, la de la salud, la del saneamiento ambiental y la de la educación. El poder constituyente debe darle piso presupuestal a estos derechos fundamentales de la población'.
3. Recuperar los objetivos de la Constitución del 91 contra reformados, en materia de priorizar la educación pública y la reforma agraria.
4. Constitucionalizar la lucha contra el cambio climático y la descarbonización de la economía.
5. Garantizar que la política monetaria, manteniendo la independencia del Banco de la República, priorice el empleo y la producción.
6. Cumplir la orden de la Constitución de hacer un reordenamiento territorial que los poderes constituidos no cumplieron, porque su base electoral depende es del actual ordenamiento territorial que es el de la constitución de 1886.
Ese ordenamiento territorial, dijo el mandatario, 'es imperativo hacerlo alrededor del agua como criterio estructurante, proponemos garantizar la región autonómica hacia un régimen federal más adelante, pero con un fuerte proceso de inclusión de los territorios olvidados que compense la actual y aberrante desigualdad territorial. El poder local debe ser, antes que nada, poder de la ciudadanía. El sistema general de participaciones debe priorizar la atención de la primera infancia y la inclusión del territorio excluido'.
7. Expedir el Estatuto del Trabajo, dotando de derechos el empleo en el país y garantizando la igualdad salarial de la mujer.
8. Separar la política de la financiación privada.
9. Durante estos 30 años la justicia se reformó para construir un sistema basado en la venganza punitiva y la acción judicial para atacar o defender actores políticos.
'Ese sistema terminó encubriendo grandes crímenes y se alejó de la ciudadanía', señaló.
Planteó, a cambio, llevar el sistema judicial a obtener la verdad para buscar la reparación de las víctimas y lograr como fin máximo la reconciliación social como punto final de la era de la violencia.
'La verdad es la antesala de toda reconciliación y perdón. Millones de personas estarían dispuestas a hacer este cambio y hacer de la Constitución de 1991 la Constitución del siglo XXI, quienes han llevado el país a la violencia y el atraso se oponen, y hay quienes examinando estos puntos observan que muchos no necesitan del constituyente y que podrían ser aprobados por los poderes constituidos. Formalmente es cierto pero ingenuo, porque olvidan porqué en 33 años los poderes constituidos no lo han hecho', dijo.
Aseguró el jefe de Estado que 'el poder constituido es débil para hacer las reformas porque, o no tiene independencia de los grandes poderes económicos y de la inercia política, o porque ha sido penetrado por el régimen de corrupción, como lo llamaba Álvaro Gómez, o por la gobernanza paramilitar, como la llamo'.
Y sentenció Petro: 'La gobernanza paramilitar no es solo una red de políticos y narcotraficantes en el poder, sino una manera de gobernar anticonstitucional y proclive siempre a concentrar sanguinariamente la riqueza nacional en manos de los propietarios de la gobernanza'.
Sin embargo, el presidente del Senado, Iván Name, de la Alianza Verde, ya le había hecho una advertencia al jefe de Estado con su propuesta de constituyente en medio del trámite de las reformas: 'El señor Presidente de Colombia literalmente habló de un golpe de mano institucional. Y no tengo más remedio que responder con firmeza que este no es un Congreso genuflexo. Traiga aquí, señor presidente, la ley que convocaría una Asamblea Nacional Constituyente como es el mandato constitucional, no se invente caminos que no aceptamos'.
