Ley de Sometimiento a la Justicia tendrá varios ajustes para ser presentada ante el Congreso

La ley de sometimiento a la justicia, otro de los proyectos bandera del Gobierno, ya empieza a tener sus primeras luces verdes.

Este aval se da pese a que la Procuraduría objetó –en siete puntos– que a la iniciativa le faltaba la caracterización de los grupos al margen de la ley, el tratamiento que se les dará y todo lo relacionado para garantizar la reparación adecuada de las víctimas.

Sin embargo, en este punto,el Ejecutivo indicó que entre la caracterización que hace de los distintos grupos concibe al Estado Mayor de las Farc y a la Segunda Marquetalia como grupos rebeldes de carácter político, con quienes se iniciará una mesa de conversaciones; mientras que a las Autodefensas de la Sierra Nevada y a las Autodefensas Gaitanistas o Clan del Golfo las considera organizaciones criminales con las que se adelantaría un proceso de sometimiento.

Tras el concepto favorable que emitió el Consejo de Política Criminal, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, explicó que realizará algunos ajustes en el documento, tras las observaciones que hizo la Fiscalía General de la Nación, y posteriormente presentará el articulado ante el Congreso de la República.

'La mayor parte de todas esas observaciones las vamos a recoger para incorporarlas desde el principio al proyecto que se va a radicar, específicamente nueve observaciones que hizo la Fiscalía.

En este sentido, el fiscal Francisco Barbosa dijo que las recomendaciones de la entidad tienen como objetivo ayudar a fortalecer el proyecto de la paz total. Una de las observaciones de la entidad es tener mayores tiempos procesales, 'en el entendido de que el Gobierno nacional propone términos cortos que imposibilitan un estudio profundo y una investigación detallada que permita acceder a la verdad'.

Además, Barbosa planteó tener topes en extinción de dominio, es decir, que los bienes afectados con medidas cautelares, que estén vinculados a procesos ante los jueces o a cargo de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) no pueden hacer parte de las negociaciones de las organizaciones criminales.

La iniciativa, que está compuesta por 20 páginas y 54 artículos, tiene como objetivo establecer 'mecanismos de sujeción a la justicia ordinaria, garantías de no repetición y desmantelamiento de estructuras armadas organizadas y desmantelamiento de estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto'.

El documento plantea que los integrantes de bandas criminales que decidan someterse a la justicia pagarían penas entre los seis y ocho años de cárcel.

Según el Gobierno, el articulado tiene un 'blindaje' para evitar colados del narcotráfico.

Hay un primer candado y es que una vez la estructura armada criminal de alto impacto firme un acta de sometimiento colectivo, y se comiencen a firmar las actas de sometimiento individual, esa lista la recibe el alto comisionado para la Paz y básicamente el Ejecutivo, es decir, inteligencia de la Policía, inteligencia militar y la Dirección Nacional de Inteligencia con el alto comisionado hacen una revisión, un primer filtro y pueden excluir personas. Luego viene un segundo candado que es la Fiscalía', explicó el senador Ariel Ávila.

Una de las voces más críticas al proyecto ha llegado de la voz de Ricardo Giraldo, abogado del estado mayor del denominado Clan del Golfo, quien aseguró que los miembros de la organización están inconformes con la caracterización de los grupos criminales.

'Esperan ser reconocidos como actores del conflicto armado interno y por supuesto, que no sean metidos en la misma bolsa de las bandas criminales caracterizadas como (Grupo Delictivo Organizado) GDO', indicó.

Roy Barreras le respondió a la carta de Salvatore Mancuso donde pide estatus político para el Clan del Golfo.

'La justicia transicional es para las insurgencias, para los paramilitares es Justicia y Paz, y para los delincuentes comunes es la justicia penal ordinaria', indicó.