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Los exministros del interior y coautores de las curules de paz Guillermo Rivera y Juan Fernando Cristo denunciaron este miércoles una serie de irregularidades en las elecciones de estas circunscripciones especiales.

'En los departamentos del Cesar y el Tolima las curules de paz podrían quedar en manos de los victimarios y de clanes regionales de la política tradicional violando lo previsto en la Constitución y en el Acuerdo de Paz', manifestaron.

Esta denuncia se suma a las alertas que han realizado los diferentes candidatos y organizaciones de víctimas en los territorios más afectados por la violencia del conflicto armado.

En el comunicado a la opinión pública, los exfuncionarios del gobierno de Juan Manuel Santos comentaron que 'los candidatos inscritos en las circunscripciones especiales de paz nunca recibieron el anticipo de financiación que ordena la constitución'.

'Las verdaderas víctimas no pueden ser despojadas nuevamente de sus derechos. Las curules de paz son para ellos, no los victimarios ni los clanes politiqueros, y el gobierno no hace nada', dijeron.

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EL HERALDO conversó con Alberto Henao Peralta, uno de los 40 aspirantes a la curul de paz por los Montes de María, en el departamento de Sucre, quien hace campaña con recursos propios, y recientemente fue declarado objetivo militar por no acceder a reunirse con grupos ilegales.

'Nos preocupan las fallas que se han presentado desde el Consejo Nacional Electoral, CNE, y la Registraduría porque hemos tenido que hacer campaña con nuestros propios recursos, debiéndoles a los familiares que nos han aportado para que nosotros representemos a las víctimas', dijo.

Según el candidato, se había acordado la entrega de unos $34 millones de pesos para que cada aspirante pudiera desarrollar su campaña en los territorios, pero a una semana aún no se ha desembolsado un solo peso.

En cuanto a la seguridad es importante destacar que a principios de Febrero, la Misión de Observación Electoral (MOE) advirtió que de los 167 municipios incluidos en las Circunscripciones Especiales, por lo menos 97 (58 %), está en riesgo por factores de violencia y por posible fraude electoral.

{"titulo":" Candidatos a curules de paz protestan en Santa Marta","enlace":"https://www.elheraldo.co/magdalena/candidatos-curules-de-paz-protestan-en-santa-marta-892974"}

Además cabe resaltar que durante el desarrollo de la firma del ‘pacto por la cultura política pacífica y la no violencia’ con miras a las elecciones del próximo domingo, el Gobierno Nacional dio a conocer que 'de los 403 candidatos que aspiran a ocupar las curules de paz, el 76 % –es decir, tres de cada cuatro– tienen medidas de protección automática debido a que en su contra hay algún tipo de riesgo'.

Arnobis Zapata, un aspirante a la curul de paz en el sur de Córdoba, sostuvo que durante la campaña electoral varios miembros de su equipo de trabajo han sido intimidados.

'Se han presentado hechos que también son complejos. Dos o tres veces han amenazado a mi equipo de campaña en Montelíbano, porque hay que decirlo, acá la fuerza pública no está garantizando la seguridad de los candidatos, acá los candidatos hacen campaña porque el actor armado en el territorio deja que uno entre a hacer campaña, pero si ese actor armado llegara a prohibir la entrada de algún candidato, nadie podría garantizar su permanencia en el territorio', aseguró.

En ese sentido Cristo y Rivera manifestaron que 'en la mayoría de las circunscripciones especiales, los violentos están amenazando a algunos candidatos, con lo cual varias de estas curules podrían quedar en manos de los victimarios. Lo cual conllevaría, entre otras cosas, a un estado de revictimización'.

Crecen molestias por candidatura del hijo de Jorge 40

Manifestaron que en el departamento del Cesar existen quejas de las organizaciones de víctimas que señalan que el candidato 'Jorge Rodrigo Tovar Vélez está siendo apoyado por instituciones del gobierno nacional'.

'Hemos sido alertados, así mismo, de que esta situación se estarla repitiendo en varias regiones del país'.

Además solicitaron a las aùtoridades electorales, al gobierno nacional, a la Defensoria del Pueblo, a la Procuradurla General de la Nación y a la Misión de Verificación de la ONU 'tomar cartas en el asunto para evitar esta flagrante violación al régimen constituciohal y al Acuerdo final de Paz'.