El Consejo de Estado emitió esta semana, y por primera vez, un fallo en primera instancia con el que le quitó la investidura a una parlamentaria por ausentismo, a pesar de haber respondido a los llamados de lista en varias de las sesiones plenarias.
Se trata de la representante del Partido de la U, Luz Adriana Moreno, quien, según la alta corte, se ausentó en al menos seis plenarias en las que se votaron proyectos entre agosto y octubre de 2015, sin tener justificación válida, incumpliendo de esa forma el numeral 2 del artículo 183 de la Constitución.
Es una decisión con importantes repercusiones, pues le apunta a corregir una de las prácticas más comunes entre los congresistas: asistir a las sesiones, atender el llamado de lista, pero retirarse del recinto cuando llega el momento de la votación.
Hoy por hoy, el ausentismo de un congresista se verifica revisando el registro de la sesión. Sin embargo, con el fallo, el Consejo de Estado establece que 'el hecho de solo contestar los llamados de lista no es suficiente para probar la asistencia del parlamentario a la sesión'.
Muchos de los políticos que incurren en esto, justifican su actuación aludiendo que el hecho de abstenerse también es un tipo de participación.
La propia Moreno, quien ya anunció que apelará la decisión, rechazó el fallo y dijo que no era posible que 'el Consejo de Estado estuviera avanzando en cambiar esa potestad'. Y es que de mantenerse la medida tomada por el alto tribunal, ello le significaría a la congresista lo que se denomina una ‘muerte política’. Según expertos, aquel parlamentario sobre el que pesa la pérdida de investidura, no puede volver a candidatizarse para ningún otro cargo de elección popular, es decir, no podrían postularse ni al Congreso, ni a las asambleas departamentales, ni a los concejos municipales, ni a las alcaldías o gobernaciones.
Con este antecedente, también se espera que se reduzcan las negociaciones y las presiones que algunos miembros del Congreso hacen a los gobiernos para poder aprobar los proyectos. Con la advertencia de retirarse de las sesiones, los parlamentarios obligan al Ejecutivo a que los busque para garantizar el voto.
El caso del Centro Democrático
Si bien la mayoría de los partidos políticos han incurrido en esta actuación, una de las colectividades que más lo hizo de manera reciente fue el Centro Democrático, cuyo jefe natural es el expresidente y hoy senador, Álvaro Uribe Vélez.
La razón fue la implementación normativa de los Acuerdos de Paz con las Farc. Durante ese proceso, esa colectividad se retiró en reiteradas ocasiones de la sesiones alegando, precisamente, que tenían esa potestad para expresar su desacuerdo con las iniciativas que el gobierno estaba presentando, pues si lo votaban negativamente, le estarían dando cierto grado de legitimidad a los proyectos legislativos.
Así las cosas, habrá que esperar a que se resuelva la apelación que Luz Adriana Moreno haga del fallo, y que, de esa forma, se establezca el nivel de profundidad del mismo, y si este afectaría o no a los miembros de la bancada del Centro Democrático.
