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La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) y la Fundación para el Estado de Derecho remitieron una comunicación a la Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en la que alertan sobre lo que consideran riesgos para la equidad de la contienda presidencial y la neutralidad institucional durante el actual proceso electoral.

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En la carta, las organizaciones señalaron que buscan poner en conocimiento de la misión internacional “un conjunto de hechos recientes que, considerados de manera conjunta, plantean serias preocupaciones respecto de los principios de neutralidad institucional, equidad en la contienda electoral y confianza pública en el proceso electoral presidencial colombiano de 2026”.

Según los firmantes, las actuaciones denunciadas generan inquietudes frente al cumplimiento de las normas que regulan la participación política de los servidores públicos y los estándares internacionales sobre elecciones libres y competitivas.

Redes SocialesANDI y Fundación para el Estado de Derecho piden a la OEA pronunciarse por presunta intervención política de Petro en campaña presidencial.

Cuestionan uso de plataformas oficiales

En el documento, la ANDI y la Fundación para el Estado de Derecho sostienen que existe una conducta reiterada del presidente Gustavo Petro consistente en realizar “pronunciamientos de contenido electoral, intervenir en controversias propias de la competencia de las autoridades electorales y utilizar plataformas institucionales del Estado en un contexto de campaña presidencial”.

Asimismo, advirtieron sobre la utilización de recursos oficiales para la difusión de mensajes políticos.

“Igualmente, se observa la utilización de recursos, canales y plataformas estatales, incluyendo cuentas institucionales de la Presidencia de la República, ministerios del Gobierno nacional y medios públicos de comunicación, para la difusión de contenido político electoral”, señala la comunicación.

Los firmantes consideran que esta situación “plantea interrogantes relevantes sobre la igualdad de condiciones entre las candidaturas participantes”.

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Piden una reacción más contundente de la OEA

Entre las solicitudes formuladas a la misión internacional se encuentra la emisión de un pronunciamiento público antes de la segunda vuelta presidencial.

“En ejercicio de su mandato conforme a la Carta Democrática Interamericana, se solicita a la misión emitir un pronunciamiento sobre la conducta del presidente de la República, con carácter público y urgente, antes del 21 de junio de 2026”, indica la carta.

También solicitaron que la OEA refuerce su presencia en Colombia durante la campaña, la jornada electoral, el escrutinio y la proclamación de resultados de la segunda vuelta presidencial.

De igual manera, pidieron que la misión se pronuncie sobre lo que consideran un incumplimiento de decisiones judiciales relacionadas con propaganda electoral y sobre declaraciones que podrían afectar la confianza ciudadana en la organización electoral.

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Solicitan documentar el uso de canales institucionales

La ANDI y la Fundación para el Estado de Derecho solicitaron que el informe final de la OEA incluya una evaluación detallada sobre el uso de plataformas oficiales para la difusión de contenidos electorales.

En particular, mencionaron entidades y canales como “INRAVISIÓN, Infopresidencia, el Dapre y el canal de YouTube de la Presidencia”, para determinar si su utilización “afectó la igualdad de condiciones entre candidaturas”.

Asimismo, pidieron que la misión haga seguimiento a las actuaciones de la Procuraduría General de la Nación frente al cumplimiento de una sentencia del Consejo de Estado y que habilite mecanismos permanentes para recibir denuncias sobre participación política de funcionarios públicos.

Finalmente, solicitaron al Estado colombiano brindar garantías para que la misión internacional tenga acceso oportuno a autoridades electorales, campañas, medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil y observadores nacionales durante la recta final del proceso electoral.

“La Misión tiene fundamento propio en sus hallazgos para exigir esa información”, concluye el documento enviado al organismo internacional.