El debate político tras la primera vuelta de las elecciones presidenciales se ha centrado en las graves acusaciones lanzadas por el candidato y abogado Abelardo De la Espriella.
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El aspirante asegura tener plenamente identificada una estructura dedicada a la compra masiva de votos en la región Caribe colombiana, una práctica que, según sus declaraciones, busca beneficiar la campaña del congresista Iván Cepeda mediante la coacción a ciudadanos de sectores vulnerables.
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De la Espriella enfatizó que su postura frente a estos presuntos movimientos delictivos será radical: “No me voy a quedar quieto, voy a hacer que se respete la voluntad popular (…). No voy a permitir que envenenen las elecciones haciendo una compra masiva de votos en el Caribe”. De acuerdo con el denunciante, el entramado involucra a más de una veintena de dirigentes políticos locales y a un influyente grupo empresarial de la Costa.
Hay más de 20 líderes políticos involucrados en la red de compra de votos, según De la Espriella
Al desglosar las identidades de quienes estarían detrás de la compra de sufragios, De la Espriella entregó nombres específicos correspondientes a diferentes regiones del norte del país, advirtiendo que en total son más de 20 los líderes políticos implicados, incluyendo a miembros actuales del Congreso de la República.
En el departamento del Atlántico, puntualmente en el municipio de Soledad, el candidato señaló de forma directa a un líder político de la zona al que se refirió como “el señor Pulgar”. Al pasar al departamento de Sucre, la acusación recayó sobre Mario Fernández Alcocer, exsenador de la República y primo de la primera dama de la nación, Verónica Alcocer.
La lista continuó con el departamento de Córdoba, donde De la Espriella responsabilizó a los llamados hermanos Calle. Por su parte, en el departamento del Cesar, el señalado fue el actual miembro de la Cámara de Representantes por el Partido Conservador, Alfredo ‘Ape’ Cuello.
Finalmente, respecto al departamento de Bolívar, el candidato presidencial manifestó que, aunque no revelaría nombres de forma inmediata, en esa sección del país “también tenemos identificada una gente”.
Los hermanos Torres y Armando Benedetti son señalados como los principales operadores económicos y políticos
Más allá de los jefes políticos departamentales, De la Espriella colocó el foco sobre los presuntos financiadores y dinamizadores de la estrategia.
En el plano empresarial, el candidato calificó como “mercaderes de la política” a un clan familiar de Barranquilla, señalando directamente a los hermanos Torres. Según la denuncia, este grupo empresarial dispondría de una suma de 60.000 millones de pesos en efectivo con el único propósito de comprar respaldos electorales a favor de Iván Cepeda.
En el plano de la operación política, los dardos apuntaron hacia el ministro del Interior, Armando Benedetti, a quien De la Espriella acusó de ser llamado a la campaña de Cepeda exclusivamente por su supuesta experiencia en estas prácticas ilícitas.
Adicionalmente, el abogado también vinculó a Roy Barreras con este tipo de conductas en comicios anteriores que favorecieron al actual presidente Gustavo Petro.
Al referirse al papel que jugaría el actual ministro del Interior en la región Caribe, el candidato presidencial afirmó textualmente: “Están llamando a Benedetti porque es un comprador de votos consuetudinario. No lo llaman por su inteligencia ni por ser un gran estratega político. Lo están llamando para que compre votos, como los compró cuando estuvo en la campaña de Petro”.
De la Espriella exige que las autoridades de Estados Unidos sancionen a los señalados
Debido al alcance de la presunta red de fraude en la Costa, Abelardo De la Espriella confirmó que recurrirá al apoyo del Gobierno de los Estados Unidos, aprovechando las sólidas relaciones institucionales que mantiene con el mandatario de ese país, Donald Trump.
Su objetivo, según aseguró, es que enviados especiales norteamericanos verifiquen la situación financiera y electoral en el Caribe para castigar penal y administrativamente a los implicados.
La intención del candidato es que las personas identificadas en sus denuncias pierdan sus beneficios migratorios y financieros internacionales de manera inmediata.
Respecto a este requerimiento formal, De la Espriella puntualizó: “Estoy solicitándole formalmente al Gobierno de Estados Unidos que verifique esta situación, a fin de identificar a los políticos en cada uno de los departamentos del Caribe colombiano que van a empezar esa operación de compra de votos, para que procedan a incluirlos en la lista OFAC y a retirarles las visas a ellos y a sus familiares”.
