Tempestad política no termina para Emilio Otero por la Reforma

El jueves pasado cuando un grupo de congresistas hundió la Reforma a la Justicia repleta de ‘micos’, el presidente Juan Manuel Santos, desde Cali, dijo que 'la tormenta había quedado atrás…'.

Pero todo indica que no es así: su gobierno sigue siendo cuestionado y los secretarios de Senado y Cámara, Emilio Otero Dajud y Jesús Alfonso Rodríguez, respectivamente, continúan en el ojo del huracán político desatado por lo que analistas consideran un 'desafuero constitucional', al permitir que se intentara aforarlos o darles una protección especial frente a investigaciones futuras.

'Ninguno de los dos debe reelegirse. Este vergonzoso episodio de la inconstitucional Reforma ha generado un quiebre en la confianza ciudadana porque la gente constató que las ramas del poder publico estaban legislando en beneficio propio. Por eso la molestia y la reacción de los colombianos', afirmó ayer, en diálogo con EL HERALDO, el exzar anticorrupción Óscar Ortiz, quien forma parte del Comité promotor del Referendo Derogatorio.

Aunque Otero, abogado constitucionalista, sostiene que él no redactó los artículos que lo favorecían, se le cuestiona —lo mismo que a Rodríguez— el aceptar la generosa iniciativa de unos 30 congresistas que propusieron que fuera cobijado con un novedoso ‘fuero secretarial’, similar al de los parlamentarios, ministros, etc.

'Es evidente que su candidatura a repetir cargo esta severamente cuestionada. Lo que sucedió en el Congreso fue un error gigantesco. La ambición rompe el saco y fue lo que sucedió con el trámite de esos privilegios para convertirlo en aforado', indicó, por su parte, el analista Ramiro Bejarano.

Qué tanto aguantará Otero, a quien le atribuye un poder político al interior en el Congreso, para quedarse en el cargo que ostenta hace 10 años. Por lo pronto se sabe que tiene cerca de 10 investigaciones en la Procuraduría, la Fiscalía y el Consejo de Estado, pero parece que en él opera el 'efecto teflón': nada lo toca.

Admitió, en diálogo con W Radio, que ha tenido varias investigaciones en la Procuraduría por anónimos que le han costado dinero al tener que contratar abogados (si la Reforma hubiera pasado él con su nuevo fuero ya no podría ser denunciado por anónimos).

'En justo derecho me han archivado esos procesos', afirma y dice que 'jamás he torpedeado ninguna investigación'. Sin embargo esto no parece del todo cierto pues el diario El Tiempo informó que el 15 de febrero de 1996 la Procuraduría lo destituyó e inhabilitó por cinco años —la máxima inhabilidad en ese momento— por contratos que firmó en 1994 con sobrecostos. El Ministerio Público concluyó que, como Director Administrativo del Senado, olvidó 'el principio de transparencia que exige la ley' al adjudicar los contratos.

El cordobés apeló esa decisión y casi tres años después la Procuraduría le redujo la sanción a tres meses, que debían descontarle de su salario pero esto nunca ocurrió. '(El exprocurador) Jaime Bernal Cuéllar un hombre sabio, que conoce de Derecho, dijo que la sanción no era aplicable', comentó Otero.

En su afán de quitarse de encima esta sanción fue más allá y presentó ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca una demanda contra la Procuraduría argumentando que lo habían investigado dos veces. En este organismo el proceso se dilató pero nueve años después le negaron sus pretensiones y le confirmaron la sanción.

Entonces apeló ante el Consejo de Estado argumentando que el caso había prescrito y pidió una indemnización por daños morales y materiales. El 17 de agosto de 2011 su apelación fue rechazada, por lo que impetró una tutela que está en manos de la magistrada Carmen Ortiz de Rodríguez desde el pasado 20 de febrero.

'No voy a renunciar. No he cometido ningún delito', dice Otero. El senador Armando Benedetti opinó, a EL HERALDO, que el funcionario no debe ser reelegido y que solicitará que amplíen el plazo para otras postulaciones. La elección es el 20 de julio próximo.