La defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez radicó este lunes una acción de tutela ante el Tribunal Superior de Bogotá, con el objetivo de recobrar su libertad. En la acción judicial se cuestionará la decisión de la jueza 44 de conocimiento de Bogotá, Sandra Heredia, quien el pasado viernes 1 de agosto, además de condenarlo a 12 años de prisión, ordenó su detención domiciliaria para que cumpla la sentencia.
En esa misma línea, la defensa del ex jefe de Estado durante el periodo 2002 a 2010, advierte que la detención domiciliaria no tiene justificación, puesto que el exmandatario siempre se defendió en libertad y atendió cada una de las 67 sesiones de la etapa de juicio.
Hay que resaltar que la jueza manifestó que la detención domiciliaria era necesaria, hecho por el cual dictó las respectivas órdenes para que el expresidente cumpla su sentencia en su domicilio, en el municipio de Rionegro, Antioquia.
La defensa del expresidente Uribe manifestó que la presunción de inocencia sigue incólume, teniendo en cuenta que existen otras instancias judiciales como la segunda instancia para apelar la condena del juzgado de Bogotá.
Además, solicitó su libertad inmediata “por violación al debido proceso, a la presunción de inocencia y a su dignidad humana”.
Se inicia una nueva batalla jurídica con efectos políticos
La condena en primera instancia contra el expresidente Álvaro Uribe a 12 años de prisión domiciliaria abre dos campos de batalla para las partes enfrentadas y sus seguidores y contradictores: el jurídico, que sigue ahora con la segunda instancia en el Tribunal Superior de Bogotá, que confirmará, revocará o modificará la sentencia; y el político, en medio del escenario electoral de las presidenciales y legislativas del año entrante.
Al respecto, la abogada penalista Luisa Fernanda Caldas le dijo a EL HERALDO que “indiscutiblemente es un asunto de carácter jurídico y de carácter político de cara al tribunal y de cara al proceso, tiene que ser una discusión exclusivamente jurídica en la medida en que los jueces están obligados a fallar en derecho. Entonces, frente a lo que se discuta en el tribunal, todos esperamos, y estoy segura de que no va a haber ningún tipo de interferencia de carácter político en la decisión, sino que los magistrados van a fallar en derecho”.
