Opiniones encontradas frente a fallo de la Corte sobre desalojo de vendedores
Tribunal resolvió caso de cuatro comerciantes informales afectados en Santa Marta.
Miradas diversas ha generado entre la opinión pública el fallo de la Corte Constitucional que amparó los derechos al mínimo vital y al trabajo de cuatro comerciantes samarios que fueron desalojados de sus negocios por parte de la Alcaldía, pues, según el alto tribunal, la Administración no podía dejarlos sin trabajo sin antes ofrecerles alternativas concretas de subsistencia.
EL HERALDO consultó al respecto al representante a la Cámara por la Alianza Verde Inti Asprilla quien demandó el Código de Policía sobre el asunto de los vendedores informales y logró que la Corte los protegiera y prohibiera la imposición de multas hasta tanto se les hubiera brindado estrategias para la reubicación o alternativas de trabajo formal. Así mismo, este diario habló con Óscar Sevillano, integrante de la Fundación Paz y Reconciliación, quien ha criticado la ocupación del espacio público por parte de las ventas ambulantes.
Para Asprilla, la sentencia de la Corte “va en consonancia con todo lo que hemos estado diciendo y constato con tristeza que, a pesar de que estos fallos son de obligatorio acatamiento para los alcaldes, queda el tema a disposición del mismo alcalde. Creo que lo que deben entender es que los vendedores hay que censarlos, ponerles una regulación, tampoco una persona puede llegar a tener tres o cuatro puestos, y hay que reconocerlos como sujetos de derecho, y si en verdad se quiere luchar contra esta problemática de la ocupación del espacio público, lo que se debe crear es un agencia de empleo nacional, en la que se les haga un seguimiento para que puedan salir dignamente de sus trabajos en las calles al mercado formal”.
Entre tanto, Sevillano, aunque se muestra de acuerdo con la providencia, advierte que también los vendedores “vulneran” derechos sobre el espacio público: “la Corte está en lo cierto al pedirles a las administraciones locales que primero deben reunirse con los vendedores ambulantes para ofrecerles un espacio digno donde puedan ejercer su labor, porque no se les pude vulnerar el derecho que estos tienen a buscarse su sustento diario. El problema es que los vendedores ambulantes también deben entender que el disfrute del espacio público es una cosa a nivel general, que tienen ellos derechos sobre el espacio público como también los tiene el transeúnte que se siente agredido al no poder disfrutar libremente de este porque hay otros que están vulnerando ese derecho”.
Al analizar el panorama de los vendedores informales en el país, el congresista de izquierda plantea: “Hay que entender que el hecho de que las personas tengan derecho a trabajar o a buscar su mínimo vital es uno de los pilares del estado social de derecho. En Colombia hay una problemática estructural con lo que es la política de empleo, porque no tenemos una política de pleno empleo ni tampoco de lo que se llama un salario universal. En muchos de los países que se llaman de primer mundo existen políticas que se traducen básicamente en dos cosas: una, que toda persona tiene un seguro de desempleo, es decir, que si llegan a quedar desempleadas tienen derecho a seguir devengando el 70, 80% de sus ingresos según sea el caso, y además de eso tienen una política de asistencia social, con la que pueden pagar un arriendo, comprar su ropa. Pero en Colombia la gente se ha visto obligada a salir a la calle a buscar su sustento”.
Por su parte, Sevillano señala que “los vendedores ambulantes deben ceder un poco en sus pretensiones porque las administraciones locales a veces se ve en una sin salida porque el vendedor considera que el punto que se le está ofreciendo para comercializar sus productos no satisface sus necesidades en cuanto a mercado”.
