Por medio de un comunicado, la Contraloría General de la Nación informó sobre hallazgos fiscales por más de $21 mil millones en el Sistema Estratégico de Transporte Público de Santa Marta.
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La entidad indicó que detectó fallas graves en supervisión, interventoría y seguimiento por parte del Ministerio de Transporte, “comprometiendo la eficiencia del gasto público y la correcta ejecución contractual”.
Las evidencias se hallaron gracias a una Auditoría de Cumplimiento al Ministerio de Transporte, por los recursos públicos del Orden Nacional transferidos al Sistema Estratégico de Transporte Público de Pasajeros (SETP) del Distrito de Santa Marta.
“Del total de los hallazgos fiscales identificados, se estableció un hallazgo fiscal por $19.840 millones, con presunta incidencia disciplinaria, asociado a un contrato suscrito en 2023 para la implementación del Sistema de Recaudo Centralizado, Control de Flota e Información al Usuario del Sistema Estratégico de Transporte Público de Santa Marta”, se lee en el informe.
Destaca el ente de control que pese a haberse efectuado el pago total del contrato, al 31 de junio de 2025 no se evidencia la entrega ni la puesta en funcionamiento de los equipos tecnológicos, lo que impidió el cumplimiento del objeto contractual.
En un segundo hallazgo, se determinó una incidencia fiscal por $1.250 millones, con presunta incidencia disciplinaria, relacionado con la ejecución y pago del contrato de interventoría. “Este hallazgo se origina en el incumplimiento de las obligaciones contractuales y normativas de la interventoría, al no registrar, advertir ni informar oportunamente sobre los incumplimientos detectados en la ejecución del contrato, ni recomendar la adopción de medidas correctivas o sancionatorias, pese a haber autorizado los pagos correspondientes”.
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El escrito señala que se evidenciaron deficiencias en la supervisión y el seguimiento a la ejecución del convenio de cofinanciación, tanto por parte del Ministerio de Transporte como del Ente Gestor del SETP de Santa Marta, “en particular por la ausencia de acciones efectivas frente al incumplimiento de las recomendaciones técnicas emitidas por la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible (UMUS), lo que afectó la adecuada gestión, control y uso de los recursos públicos aportados por la Nación”.
También se hallaron imprecisiones en la entrega y en el cumplimiento del objeto contractual, dado que la entrega parcial del Sistema de Operación se realizó mediante una reunión virtual, sin que existiera un documento técnico formal que certificara de manera detallada los elementos entregados, sus identificaciones y especificaciones, conforme a lo establecido contractualmente.
