El Heraldo
El cobro del impuesto aplicaría al momento en que los vehículos tuvieran que hacer la revisión tecnomecánica. Archivo
Barranquilla

Gobernación anuncia que desmontará impuesto a revisión técnico mecánica

Undeco expresa su rechazo al cobro de la contribución tasada en $36.540. Secretario de Hacienda da a conocer que hoy presentarán proyecto a Asamblea para corregir la situación.

El cobro de 36.540 pesos a quienes sometieran a revisión técnico mecánica a sus vehículos será desmontado por la Gobernación del Atlántico.

Así lo informó el secretario de Hacienda departamental, Juan Carlos Muñiz, luego de que el presidente de Undeco Atlántico, Orlando Jiménez, expresara su rechazo por la aplicación del tributo.

Este impuesto había quedado establecido en una modificación que le hizo la Gobernación al estatuto tributario, el cual fue aprobado por la Asamblea del Atlántico a comienzo de este año. Hasta hace unos días, el cobro del gravamen no había entrado en vigencia, sin embargo la secretaría de Hacienda comenzó a socializar el tema con los Centros de Diagnósticos Automotor (CDA) y a ordenar su aplicación.

Reclamo. El presidente de Undeco (Unión Nacional de Comerciantes) reclamó que la ley a nivel nacional ya autorizó un impuesto a esta revisión y advirtió que implementarle un nuevo cobro “es como gravarla doblemente”.

“Por ello es que expresamos nuestro inconformismo y lo inconveniente que sería el cobro para el Atlántico, frente a otros departamentos de la Región como Bolívar y Magdalena donde no se aplica”, enfatizó Orlando Jiménez. 
Según el dirigente gremial, los CDA fueron notificados por la Gobernación de que “a partir del primero de octubre” de este año tenían que cobrar el impuesto. “Aunque todavía no está cobrándose. Consideramos que es ilegal porque no pueden aplicar dos impuestos a la revisión”, explicó el presidente de Undeco.

Al respecto Muñiz aseguró que los actos de la revisión son de tránsito, y “siempre” han sido gravados. “No son ilegales. Gravar con estampilla un acto de tránsito es algo legal”, respondió.

Según dijo, la actualización del estatuto tributario la empezaron a hace más de dos años y que convencer a los diputados de que estudiaran un proyecto de más de 500 hojas “no fue algo fácil”. “En ese proceso lo que hicimos fue que metimos todos los actos de tránsito, los viejos y los nuevos. Eso salió de Hacienda, y los diputados lo aprobaron, pero eso no es algo nuevo”, agregó.

El funcionario admitió que enviaron un oficio a los CDA donde les notificó que tienen que comenzar a cobrar el impuesto a la revisión vehicular, y advirtió que estas empresas “tienen que responder por eso”.

El secretario de Hacienda dijo que  la “polémica” se generó mientras estaban en ese proceso de socialización de la medida. Razón por la cual el gobernador (José Antonio Segebre) decidió “retirar el cobro”. Dicha cancelación del impuesto, explicó, debe hacerse a través de una nueva ordenanza que será presentada ante la Duma del Atlántico.

“El gobernador ha dado la orden de pasar una ordenanza en donde quitemos ese cobro a la revisión tecnomecánica. Esa es la decisión que se tomó. Este gobierno ha propendido por generar condiciones de competitividad. Esperemos poder hacer eso mañana ante la Asamblea”, anunció Muñiz.

De acuerdo con el Mintransporte, los vehículos nuevos de servicio particular diferentes a motocicletas y similares, se deben someter a la primera revisión tecnomecánica y de emisiones contaminantes a partir del sexto año contado a partir de la fecha de su matrícula, luego anualmente.

En proceso. Muñiz también aseguró que están trabajando en un estudio para quitar el cobro de la tasa de seguridad a estratos 1 y 2. Dijo que espera concluir este análisis el próximo mes.

Dice que demandará

El representante a la Cámara Efraín Torres anunció que impulsará una demanda ante el Tribunal Administrativo del Atlántico, que busca tumbar la estampilla que le fue impuesta a los atlanticenses a través del aumento de los costos a los usuarios de revisiones tecnomecánicas.

Para el representante Efraín Torres: “Esto es un ataque directo a la clase media, que paga las consecuencias, pues el valor de esta revisión se incrementa en un 26%. En conjunto, con la ciudadanía demandamos esta ordenanza, pues es ilegal, ya que el Plan Nacional de Desarrollo en su artículo 30 estipula gravar estos procedimientos a nivel nacional, por lo cual las revisiones tecnomecánicas se estarían gravando al doble en el Atlántico”.

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