En riesgo se encuentran las obras de restauración del canal del Dique, luego de que el Gobierno nacional dejara sin recursos la fase de preconstrucción del megaproyecto, según pudo conocer EL HERALDO en las últimas horas.
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De acuerdo con la alerta emitida por una fuente, el Gobierno nacional “decidió aplazar los recursos destinados al proyecto” que está a cargo de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y que impacta a más de 1,5 millones de habitantes de Atlántico, Bolívar y Sucre.
Así quedó registrado en el Decreto 69 de 2025, que regula el aplazamiento de apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación de la vigencia fiscal de 2025 y que son aplicables a “apropiaciones (…) que respalden compromisos y obligaciones adquiridos con cargo a vigencias futuras”.
Dicho decreto cuenta con dos condiciones especiales. La primera: “Cuando por mutuo acuerdo entre las partes que hayan suscrito el contrato amparado con las correspondientes vigencias futuras de cada uno de los sectores responsables decidan reprogramarlas”.
Y la segunda: “Cuando no se atiendan por parte de los contratistas, las fechas establecidas en los cronogramas de entrega de bienes y servicios de la Nación, previo concepto de evaluación contractual, financiera, técnica y jurídica del sector responsable, serán reprogramadas”.
Sin embargo, fuentes cercanas al proceso indicaron a EL HERALDO que no hubo mutuo acuerdo con la sociedad Ecosistemas del Dique S.A.S., conformada por Sacyr Concesiones, a quien se le adjudicó la APP ‘Restauración de los Ecosistemas Degradados del Canal del Dique’.
De igual manera, tampoco se cumpliría la segunda condición al no haber incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de la firma.
Millonaria deuda
Por el contrario, el Gobierno nacional tiene una millonaria deuda con Ecosistemas del Dique por un valor que supera los 492 mil millones de pesos, la cual corresponde al mes de junio de 2025.
Hay que recordar que la APP ‘Restauración de los Ecosistemas Degradados del Canal del Dique’ fue adjudicada el 7 de diciembre de 2022 a este concesionario y su ejecución se inició formalmente el 1° de junio de 2023.
Estructurado bajo el esquema de Asociación Público-Privada (APP), la ANI presentó en 2022 la solicitud de aval fiscal y autorización del cupo de vigencias futuras necesarias ante el Consejo Superior de Política Fiscal (Confis) para ejecutar el megaproyecto.
Con estas vigencias futuras se respalda el contrato suscrito entre la entidad pública y el concesionario para cubrir los gastos de operación y mantenimiento durante las fases de preconstrucción y los pagos futuros correspondientes a las etapas de construcción, operación, mantenimiento y reversión.
Lo anterior le permite a Ecosistemas del Dique recibir retribución económica por los trabajos de la primera fase, incluyendo dragado, labores de mantenimiento y acciones sociales y ambientales.
Sin embargo, según pudo conocer este medio, el pago correspondiente a junio de este año ($492.381 millones) no se efectuó dentro del plazo contractual. Ante este panorama, el concesionario otorgó un periodo adicional sin intereses hasta el 15 de agosto de 2025.
No obstante, el incumplimiento persistió y, desde la fecha, se han sumado intereses moratorios que están generando un impacto sobre el patrimonio de la Nación. Solo en intereses suman $16 mil millones, teniendo en cuenta que el interés mensual es el 1,15 %. Es decir, la deuda ronda en total los $508 mil millones hasta la fecha.
Hay preocupación en el sector por esta situación, debido a la incertidumbre que se ha generado y las consecuencias para los avances del megaproyecto y los habitantes beneficiados.
La fecha clave y los riesgos
Ante la falta de recursos, la fuente cercana al proceso apunta a esta casa editorial que se podrían paralizar trabajos fundamentales, como el dragado de mantenimiento para garantizar la navegabilidad del canal del Dique.
Sin recursos, el concesionario se vería obligado a paralizar los trabajos de la fase de preconstrucción a partir del próximo 30 de noviembre, según información a la que tuvo acceso EL HERALDO.
Sin la draga operando, se perdería el control de la sedimentación en cuerpos de agua fundamentales, como la bahía de Cartagena y la ciénaga de La Virgen.
Incluso, el aplazamiento de los recursos podría generar la liquidación anticipada del contrato, provocando que la Nación deba responder por una millonaria indemnización.
Alternativas y contraste
Una de las alternativas que verían viable sería la definición de un nuevo esquema financiero en busca de estabilidad. Asimismo, garantizar los recursos para prioridades, como dragado, protección de orillas y las adecuaciones viales complementarias.
Este panorama contrasta con lo anunciado a mediados de octubre por Milena Jiménez, vicepresidente de Gestión Contractual de la ANI, quien dijo en ese entonces que el megaproyecto avanza hacia su fase de construcción en el primer semestre de 2026. “Hemos estado muy pendientes del proyecto, porque estaba estancado por los estudios ambientales, sin embargo, al final logramos firmar el otrosí para ejercer todo el seguimiento del tema de los costos ambientales y fondear todos los recursos que se dieron el 1 de agosto y así dar un paso adelante a la fase de construcción”, indicó durante una audiencia pública de rendición de cuentas.
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Pero ahora, con este nuevo revés que sufre la fase de preconstrucción, se teme que se registren retrasos adicionales. Garantizar la financiación a mediano plazo lo evitaría y permitiría el avance ordenado del proyecto.
