Ante las graves denuncias del secretario de Salud Departamental, David Peláez, según el cual, la muerte de 13 niños enfermos de cáncer en Barranquilla habría sido consecuencia de la ineficiencia de varias EPS, la contralora General de la República, Sandra Morelli, dijo que uno de los problemas es que los entes de salud siguen desviando los recursos para atender a los pacientes.
'Aquí se nota cómo un servicio deficiente afecta inmediatamente la salud de las personas y la misma vida. Me parece que desde el punto de vista estructural, por un lado, la Contraloría teniendo en cuenta las premisas de las denuncias, ha establecido que existen cuantiosísimas desviaciones de recursos públicos para atender la salud a otro tipo de actividades', afirmó, en entrevista concedida a EL HERALDO.
Tal como lo ha informado este diario, la Red de Apoyo para la Inspección, Vigilancia y Control para el manejo de pacientes oncológicos menores de edad en el departamento del Atlántico, creada por la misma Secretaría, los pacientes vienen siendo víctimas al igual que muchos otros, de la indiferencia de aseguradoras, EPS y entidades prestadoras de servicios de salud, que al parecer no están brindando la atención y tratamientos de forma oportuna, diligente y eficaz, lo que viene generando terribles e irreversibles consecuencias en estos niños víctimas de un sistema al parecer inoperante.
La Contralora explicó que en su dependencia ya se encuentran al tanto de la situación en el Atlántico.
Lo que podría estar ocurriendo -explicó- es que los recursos que se giran posiblemente se han venido aplicando para pagar la cartera y no para atender la demanda que se mantiene de los pacientes que requieren servicio. 'La prelación es para la garantía del derecho fundamental a la vida y a la salud, no para sanear la cartera de entidades que por muchas razones están afectadas como consecuencia de esos no pagos injustificados o justificados', aseguró.
Morelli sugirió que los recursos del sistema que se están pagando se aplican a deudas pasadas lo que tiene un impacto financiero en la estructura del sistema. ' Obviamente aplazan la atención del derecho fundamental que es la salud y la vida, como lo garantiza la Constitución Nacional', sostuvo.
Sobre posibles actuaciones o sanciones contra las entidades que presuntamente habrían violado el derecho constitucional a la vida y a la salud, la Contralora respondió que 'tenemos ya actuaciones puntuales, tenemos ya a Caprecom y estamos en etapa probatoria. Vamos a estar atentos a los problemas que tienen que ver con el mal uso del recurso para la salud'.
Aclara que la actuación de la Contraloría General se abre sin perjuicio de la competencia que tienen entidades como la Procuraduría, la Fiscalía y la Defensoría.
Las quejas y las diferentes desavenencias entre padres afligidos, las EPS y las distintas entidades prestadoras de servicios de salud, continúa creciendo y cada vez llegan más cartas y ejemplos a la sala de redacción del periódico desde que se hizo pública esta problemática .
'Tenemos unas víctimas del mal funcionamiento del sistema de salud que posiblemente toca establecer, pero evidentemente no hubo la atención y tienen el deber de prestarla. Esto tiene que ver con los derechos humanos. De hecho con la misma Defensoría también trabaja de manera muy coordinada para efectos de que esto sea visto también desde la perspectiva de cómo el mal funcionamiento adecuado de un sistema finalmente está afectando a los seres humanos en sus valores más preciosos que son su vida y su salud', aseveró la Contralora.
Al respecto, la Superintendencia Nacional de Salud, en cabeza de su titular Gustavo Morales, estará el 15 de marzo en Barranquilla para reunirse con representantes legales de las EPS que resulten involucradas en estas investigaciones.
Por Carlos Polo
