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Denuncian ante la OCDE daños causados por Cerrejón en La Guajira

La queja la ponen organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos también contra empresas aliadas y empresas accionistas.

Organización internacionales y nacionales de derechos humanos presentaron de manera simultánea tres quejas ante los Puntos Nacionales de Contacto de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en Irlanda, Reino Unido, Suiza y Australia, sobre los impactos de Cerrejón en las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas de La Guajira. 

La primera queja fue presentada contra ESB (Electricity Supply Board), una empresa estatal irlandesa que compra carbón de Cerrejón; la segunda contra CMC (Coal Marketing Company) de Cerrejón, con sede en Dublín, Irlanda y una tercera queja en contra de las sociedades multinacionales mineras dueñas de Cerrejón: BHP, Angloamerican y Glencore.

Las organizaciones que presentaron las quejas son la organización irlandesa Global Legal Action Network (GLAN), apoyada por la agencia internacional de desarrollo Christian Aid, la organización regional AIDA (Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente) y las organizaciones nacionales de derechos humanos CINEP/PPP y CAJAR.

“En estas quejas ellas denunciamos los múltiples impactos de la mina operada por Cerrejón en detrimento de la vida y los derechos humanos de estas poblaciones, así como la falta de debida diligencia y el incumplimiento de los lineamientos de la OCDE”, indicaron en un comunicado. 

Explican que las quejas se enmarcan en una estrategia integral de defensa de los derechos humanos a la salud y al ambiente sano emprendida por organizaciones que por años han acompañado los procesos de defensa territorial y de denuncias lideradas por comunidades wayuu y afrodescendientes impactadas por décadas de operación carbonífera en su territorio.

“La exigencia de la responsabilidad empresarial es apremiante ante los recientes anuncios de las sociedades matrices de poner en venta sus acciones sin que se tenga claridad de sus históricas deudas, compromisos y obligaciones en materia de derechos humanos en el país”, agregan.

Jenny Paola Ortiz, del CINEP, considera que “en La Guajira, las comunidades wayuu y afrodescendientes se están disputando el derecho a la vida frente al etnocidio y ecocidio que están viviendo resultado de la actividad minera. En diversas investigaciones y fallos judiciales, se ha demostrado la sistemática violación de derechos: más de 25 comunidades han sido desplazadas, confinadas y despojadas de sus territorios ancestrales, se han contaminado y desviado más de 17 arroyos tributarios del Ranchería —único río del departamento— y existen abusos de poder y asimetrías entre la empresa y las comunidades”.

Añade que la operación minera desarrollada por la empresa Carbones del Cerrejón en La Guajira se ha dado de manera continua en detrimento de los derechos de las comunidades étnicas, desconociendo los estándares internacionales ambientales aplicables a este tipo de operaciones y en sistemático incumplimiento de las sentencias judiciales que han reconocido la responsabilidad de la empresa y el Estado ante los alegatos de violaciones a derechos hechas por las comunidades.

Para Rosa María Mateus, del CAJAR “si no se logró cuestionar los impactos de la imposición de esta mina, es necesario que se haga una evaluación tanto de la conducta empresarial como de los pasivos ambientales y sociales que han dejado estas empresas antes de su salida del país para evitar que se consoliden escenarios de impunidad corporativa”.

Por su parte Liliana Ávila, abogada sénior de AIDA, señaló que “este tipo de reclamaciones evidencian la importancia de considerar los impactos climáticos que conlleva la minería de carbón en Colombia, tanto a nivel territorial como en su contribución a las emisiones globales.”

Con la queja buscan que las empresas domiciliadas en Irlanda suspendan sus relaciones comerciales con la empresa Carbones del Cerrejón dada su responsabilidad en violaciones a derechos humanos; que las casas matrices de Cerrejón reconozcan su corresponsabilidad en el marco de los hechos denunciados; y que todas las empresas involucradas, según su grado de responsabilidad, emprendan acciones de remediación y de restauración ambiental en el marco de la debida diligencia y de la obligación de respeto de los derechos humanos. 

Adicionalmente, buscan visibilizar la situación de las comunidades afectadas por las operaciones de la empresa Cerrejón y, sobre todo, generar las condiciones necesarias para que cese la violación de los derechos de las comunidades en La Guajira y así promover el avance hacia una transición justa, participativa y progresiva en el territorio.

Con respecto a las quejas Cerrejón afirma que está comprometida con operar en estricto cumplimiento de la legislación y fallos judiciales colombianos, así como de los estándares y recomendaciones internacionales sobre Derechos Humanos y medioambiente. 

Agrega que está en permanente contacto con las comunidades aledañas a la mina. “Tenemos un gran número de compromisos en vigor, acordados con las mismas comunidades, para abordar pasivos de manera acorde a los requerimientos de los estándares internacionales actuales y que también buscan responder a las expectativas de las comunidades para el futuro”, indica.

La empresa resalta que a lo largo de los 30 años de operación ha adoptado, según se han ido estableciendo, estándares sociales, ambientales y de Derechos Humanos, demostrando siempre el compromiso, sin reservas, con los estándares internacionales.

“Este compromiso está incorporado en nuestra política de Derechos Humanos, que se alinea con los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos de las Naciones Unidas (PRNU), así como en nuestra Política de Gestión Social. Como parte de este proceso, y además de nuestro cumplimiento de las leyes y regulaciones colombianas, implementamos estándares como los Principios Voluntarios de Seguridad y Derechos Humanos, los estándares de desempeño de la Corporación Financiera Internacional y los Principios y Declaraciones de Posición del Consejo Internacional de Minería y Metales (ICMM), entre otros”, anota la compañía.

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