El Heraldo
La Guajira

Comunidades piden ser parte de estudio minero de La Guajira

Afirman que el análisis sobre los impactos de esta actividad fue realizado por investigadores que hacen parte de empresas mineras.

A través de una acción de tutela, varias organizaciones sociales e indígenas de La Guajira, exigen a la justicia que se pronuncie sobre un estudio y una política pública, realizados en cumplimiento de decisiones de la Corte Constitucional, sobre los impactos de la minería.

Según los accionantes, “estos fueron llevados a cabo por investigadores que hacen parte de empresas mineras o que han defendido sus intereses y sin participación de las comunidades”.

La investigación a la que se refieren es a la de los impactos de la actividad minera y la explotación ilícita de minerales, en los ecosistemas del territorio colombiano, en cumplimiento de la sentencia T445 de 2016 y la política pública nacional integral para “optimizar y hacer cumplir prioritariamente la prevención y el control contra la contaminación del aire y del agua causada por la explotación y transporte de carbón, ordenada por la sentencia T 154 de 2013”.

En la sustentación de la tutela afirman que el impacto específico de este estudio y esta política para las comunidades de La Guajira, así como las prácticas institucionales evidencian la exclusión de las comunidades y el favorecimiento de los intereses de la compañía Carbones del Cerrejón en los capítulos específicos sobre la región.

“Estas conductas por parte de la institucionalidad ambiental del país representan una violación sistemática a los derechos fundamentales de participación, y acceso a la información veraz e imparcial, amenazando los principios de democracia y justicia ambiental en una región con una reconocida crisis por el agua y la alta vulnerabilidad a los estragos del cambio climático”, afirman. 

La tutela se interpone contra los ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible, de Minas y Energía, del Interior, la Unidad de Parques Nacionales Naturales, al Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt, la Agencia Nacional de Minería, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y la Corporación Autónoma Regional de La Guajira.

“Estas entidades a través de sus conductas, u omitiendo sus deberes, han vulnerado y desconocido los derechos reclamados”, indican en la tutela.

Específicamente aseguran que, en la construcción del estudio y en particular de “las conclusiones gubernamentales” frente a los impactos de la actividad minera en los ecosistemas del territorio colombiano, “de manera indebida, las autoridades públicas delegaron y privilegiaron la producción de la información relacionada con los impactos de la minería de carbón a cielo abierto, en autores con evidentes conflictos de intereses, como son los directores de gestión ambiental de las dos compañías multinacionales carboníferas Drummond y Carbones del Cerrejón”.

Agregan que, los estudios elaborados por autores de las empresas carboníferas, dan como resultado conclusiones parcializadas y sin el rigor científico que apuntan a negar, ocultar y minimizar los impactos, tales como que la explotación carbonífera durante 40 años en La Guajira no ha causado un conflicto significativo por el agua en la región. 

Por eso solicitan abrir espacios significativos e incluyentes de participación a las comunidades locales, de manera que su conocimiento y experiencia, y se incorporen en los capítulos específicos sobre La Guajira del estudio y la política.

Además, que se ordene a la institucionalidad ambiental adoptar en adelante un estándar de imparcialidad, rigurosidad e independencia en los estudios oficiales y políticas públicas relacionadas con los impactos de la minería de carbón a cielo abierto.

Finalmente que se prevenga a las entidades accionadas para que adopten un especial cuidado en su conducta a fin de frenar la influencia indebida de la empresa Carbones del Cerrejón en los procesos públicos de toma de decisiones, generación de información, estudios, evaluaciones de impacto ambiental, formulación e implementación de políticas públicas de fiscalización, regulación o medidas destinadas a la protección de derechos en el marco de las afectaciones y violaciones causadas por la extracción minera en La Guajira.

Los que tutelan son Fuerza Mujeres Wayuu, la comunidad de Tamaquito, la comunidad La Gran Parada, la Corporación Geoambiental Terrae y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo.

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