El Heraldo
Cortesía
La Guajira

El Estado ha sido indolente con los wayuu, dice Corte

Durante una sesión virtual coincidieron en que la sentencia T-302 a favor de etnia no se ha cumplido.

Durante la sesión técnica de seguimiento que hizo la Corte Constitucional a la sentencia T-302 de 2017,  que constató que existía una vulneración de los derechos al agua, la alimentación, la seguridad alimentaria, la salud y la participación de los niños y niñas del pueblo wayuu, el magistrado José Fernando Reyes afirmó que “cada niño wayuu muerto por hambre, nos degrada como nación.

Agregó que esto “nos muestra como un país indolente, atrasado y sin ninguna perspectiva decente de futuro”.

Según el magistrado “el grado de civilización de un país también puede medirse por el nivel de importancia que otorga a la alimentación y salud de sus niños y sobre todo de los más vulnerables”.

Dijo que las comunidades indígenas han estado sometidas al abuso y discriminación por parte del Estado y han sido abandonadas al punto que solo hasta hace unos años fueron consideradas como sujetos de derechos.

 El líder de la Organización Shipia Wayuu Javier Rojas aseguró que las acciones del gobierno han sido insuficientes. “La crisis humanitaria persiste, la muerte de los niños y niñas persiste, de los adolescentes, de las madres gestantes y de las personas de la tercera edad”, indicó.

 Considera que el cumplimiento de la sentencia ha quedado en retórica porque persiste la falta de agua, la muerte por hambre y la deficiente atención en salud.

También explica que la socialización de la sentencia por parte del ministerio del Interior no ha sido correcta, porque con entregar unos CD o unas memorias no es suficiente. “Las comunidades no cuentan con luz o la tecnología para conocer el sentido de la sentencia”, anotó.

 Con él coincide el representante de las comunidades indígenas de Riohacha, Manaure, Maicao y Uribia, Custodio Valbuena, quien también intervino en la sesión, que se transmitió por las redes de la Corte Constitucional.

Por su parte, el defensor del pueblo Carlos Camargo Assis, indicó que la muerte de los niños es inaceptable por esta causa que es prevenible. Dijo que en el 2020 fueron 13 los menores que murieron por desnutrición, mientras que en el 2021, ya van 17 casos.

 Dijo que la Defensoría no tiene certeza del estado de avance de la desnutrición en La Guajira, porque el gobierno nacional no tiene una estadística que refleje la situación actual.

Mientras tanto Ruth Chaparro de la Veeduría de la Sentencia T-302, aseguró que, en 36 meses desde la expedición de la sentencia, han muerto 285 niños y niñas por causas asociadas a la desnutrición, “por un comportamiento negligente”.

También reveló que en un estudio se estableció que el 77% de los funcionarios del nivel nacional que envían a los territorios no conocen la sentencia, el 88% del nivel departamental no conocen la sentencia y el 92% a nivel local tampoco la conoce.

“Nos duele la muerte de los niños y niñas. La suerte de ellos está en manos de las autoridades judiciales y de los organismos de control. No es posible que condenemos a los niños a morir de hambre”, manifestó.

Lo que dijo el gobierno

En la sesión intervino la consejera presidencial para las Regiones, Ana María Palau, quien señaló que el gobierno ha puesto en marcha 207 acciones que responden a una inversión de $1.6 billones y que de estas acciones, el 51% impactan las condiciones de mortalidad infantil.

Agregó que, aunque el 49% de las acciones desarrolladas no tienen incidencia directa en los niveles de mortalidad de los niños y niñas wayuu, sí impactan temas como el acceso a la información, cultura, protección al medio ambiente, entre otros.

Aseguró que unos  7 mil hogares han sido beneficiados con el Programa de Seguridad Alimentaria (ReSA) que tiene enfoque étnico. “También trabajamos con el Programa Manos que Alimentan, que apoya la generación de fuentes de ingresos”, indicó.

El representante de la gobernación de La Guajira José Jaime Vega indicó que hay limitaciones en el cumplimiento de la sentencia, pero que se está trabajando con las autoridades nacionales para cumplir con los objetivos trazados por la Corte Constitucional. cor

Precisó que se trabaja en la implementación de un proyecto de salud, por valor de $35 mil millones, que permitirá identificar a los niños y niñas en desnutrición. 

También participó el alcalde de Uribia Bonifacio Henríquez Palmar, quien aseguró que hay obstáculos que no les han permitido tener un tiempo exacto de cumplimiento. Los recursos de los municipios son limitados y los recursos de las regalías tampoco son suficientes.

 La inversión del ICBF, según su directora Lina María Arbeláez, entre el 2018 y el 2021 ha sido de $417 mil millones de pesos para la atención de 527 mil menores de edad. 

Facebook
Twitter
Messenger
Whatsapp
Convierta a El Heraldo en su fuente de noticias

Más noticias de:

  • niños wayuu
  • Fallecimiento
  • Desnutrición
  • La Guajira
  • corte constitucional
DETECTAMOS QUE TIENES UN BLOQUEADOR DE ANUNCIOS ACTIVADO
La publicidad nos ayuda a generar un contenido de alta calidad
No quiero apoyar el contenido de calidad
X
COMO REPORTAR A WASAPEA
1. Agrega a tu celular el número de Wasapea a EL HERALDO: +57 310 438 3838
2. Envía tus reportes, denuncias y opiniones a través de textos, fotografías y videos. Recuerda grabar y fotografiar los hechos horizontalmente.
3. EL HERALDO se encargará de hacer seguimiento a la información para luego publicarla en nuestros sitio web.
4. Recuerda que puedes enviarnos un video selfie relatándonos la situación.