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Los escándalos de corrupción que han sido admitidos por el exdirector de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, los cuales están relacionados con el sobrecosto y desviación de los recursos en la compra de carrotanques que llevarían agua a las comunidades más vulnerables y apartadas de La Guajira, no dejan de ser rechazados por los habitantes de este territorio principalmente por las comunidades indígenas wayuu.

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Es de recordar, que de acuerdo con el Gobierno nacional, el contrato fue firmado para la compra de 40 carrotanques con una capacidad individual de almacenar 16 mil litros de agua. Esto tuvo un costo para el país de 46.800 millones de pesos, es decir que cada vehículo costó 1.170 millones de pesos. Este acuerdo fue entre la Unidad de Gestión de Riesgo y la compañía Impoamericana Roger SAS.

Sin embargo, para los habitantes de esta región del país esto no sería una solución partiendo de la realidad de que en La Guajira no hay agua y los carrotanques no tendrían donde abastecerse.

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Para Maidol Redondo, una mujer wayuu y defensora de Derechos Humanos en su territorio, lo más grave es que personas de la región, guajiros, quienes conocen la realidad que se vive por la falta de agua estén involucrados.

“Esos carrotanques quizás en otros departamentos puedan funcionar, el problema en La Guajira son las condiciones geográficas de los suelos, esos carros no tienen las condiciones para entrar en la Alta Guajira”, expresó Redondo.

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En otra posición más fuerte, considera que el ‘robo de la plata’ es lo menos grave porque el país está acostumbrado a la pérdida de recursos que deben ser destinados a los ciudadanos.

“El Gobierno nacional habló de un cambio anti corrupción, pero estamos en las mismas, lo que me preocupa es que ese entramado de corrupción están políticos guajiros y desde La Guajira se involucraron. Que no les duela a los que no son de la población wayuu, porque no tienen familia en La Guajira, pero, ¿Que un guajiro que es el dueño del contrato de la compra de los vehículos sea uno de los presuntos involucrados? Nuestros senadores y representantes están pendientes de qué contrato le toca y no defender el departamento”, expresó la lideresa.

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Considera que la población wayuu y la guajira en general deben dar muerte política a todos los que estén involucrados en este proceso.

“No conozco el contrato como tal, sabemos fueron millones de recursos invertidos. La situación de hambre y sed sigue siendo muy aguda. En La Guajira hay una sequía impresionante. Se han hecho estudios científicos poniendo en evidencia de por qué se mueren los niños en La Guajira y no es por hambre, no es la desnutrición, porque yo soy wayuu, nosotros nos movemos comemos pescado, chivo seco, pero hambre como un genocidio no. Los niños que mueren es por el agua que consumen de los jagüey que se contamina con una sustancia que produce intoxicación, y los niños que se intoxican se les pone el pelo de rata, de color amarillo y se desnutren, de esto se han hecho estudios científicos comprobados”, dijo Maidol Redondo.

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Finalmente, destacó que los funcionarios y líderes de La Guajira, son quienes deben defender su territorio y gente, “Para qué acusar a Iván Name, a Bolívar u otros, ellos no tienen familia acá. Yo nací aquí y he visto a mujeres caminar hasta 6 kilómetros en busca de agua mientras el hombre está trabajando, por ello como wayuu y mujer, mi propuesta a nivel general es que los políticos y líderes guajiros que estén involucrados en todo esto es que La Guajira los declare como no gratos y le den un castigo político por todo esto”.

Sin las ‘ollas comunitarias’

Las ollas comunitarias fue otro de los proyectos que ayudarían a mitigar el hambre en La Guajira. Un contrato por 61.000 millones de pesos, actualmente también está en el ‘ojo del huracán’, por desviación de recursos que presuntamente involucra al exdirector de la UNGRD, Olmedo López; el exgerente de La Guajira, Luis Gómez, y la congresista de la coalición de gobierno y ponente de la reforma a la salud, Martha Peralta.

Por esto, la Fiscalía adelanta una investigación debido a que más de 20.000 millones de pesos, habrían sido usados para la campaña política de la alcaldesa de Albania por el martido Mais, al cual también pertenece la congresista Marta Peralta.

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Para José Silva, representante legal de la Asociación Nación Wayuu, como pueblo indígena ni la desviación de estos recursos ni el de los carrotanques los afectó porque fueron programas que nunca alcanzaron a iniciar.

“Los carrotanques llegaron hasta un destacamento del Ejército en Uribia, ahí quedaron y ahí están, es decir, no alcanzaron a llevar una gota de agua a las comunidades y antes de que llegaran a las comunidades se reventó la olla podrida más grande que se ha visto en la historia del departamento. Lo mismo sucedió con las ollas comunitarias, en lo que había muchas expectativas, pero tampoco alcanzaron a hacer soluciones, quedamos iguales porque no hubo nada de nada”.

Silva también destacó que no hubo socialización previa con las comunidades.

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“El Gobierno de Petro también es político y de ahí hacía abajo hay muchos políticos que tienen sus ramales y direccionaron a ciertas organizaciones lo que sería ese beneficio. En el caso de nosotros siempre hemos estado aislados porque sabemos que hay un hilo de corrupción y nos limitamos a observar y hacerle un seguimiento. Por ejemplo, el tema de las ollas comunitarias se lo direccionaron a la Asociación de Autoridades Tradicionales Wayuu que repartió y politizó el programa y se volvió un mercado persa. En Manaure lo condicionaron por votos”, enfatizó José Silva.

Finalmente dijo que como pueblo indígena siguen luchando con sus necesidades.