Se cumple mesa de trabajo en la Procuraduría por atención en La Guajira

Este miércoles en la mañana se cumple en la sede central de la Procuraduría, en el centro de la capital del país, la mesa de trabajo convocada tras la alerta del Ministerio Público por la falta de ejecución en la estrategia de atención en La Guajira.

​En la reunión, citada en el piso 4 del edificio del ente de control disciplinario, se revisa cómo va dicha estrategia que busca, entre otros aspectos, el aumento en la disponibilidad, accesibilidad y calidad del agua potable en Riohacha, Maicao, Manaure y Uribia, de acuerdo a la implementación de acciones de acuerdo con las órdenes impartidas en la sentencia T-302 de 2017 de la Corte Constitucional.

Al encuentro asisten la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), las carteras de Defensa y Vivienda, así como otras entidades del orden nacional.

En la mesa de seguimiento también se verificará los avances a las acciones encomendadas a la Ungrd, dentro del 'Plan Nacional de Gestión ante el fenómeno de El Niño' y las tareas conjuntas encargadas al Ministerio de Defensa, a través del Ejército Nacional dentro del mismo marco de acción.

La Procuraduría anunció, además, que realizará una visita de inspección este miércoles al Batallón Matamoros del Ejército Nacional, ubicado en Uribia (La Guajira), 'para verificar el estado de los vehículos tipo carrotanque, adquiridos por la Ungrd, que se encuentran parqueados y no están llevando agua a la población'.

Se grata del 'desuso de 40 vehículos tipo carrotanque, adquiridos por la Ungrd, que, al parecer, se encuentran parqueados y que no están cumpliendo la misionalidad de transportar agua en la región'.

El Ministerio Público verificará cuántos vehículos tipo carrotanque se encuentran estacionados en esa unidad militar y las razones para que estén allí; los responsables de la guarda y custodia de los vehículos y el tiempo que llevan los automotores en dichas instalaciones.

Finalmente, se analizará en esa visita, si al Ejército Nacional se le asignaron funciones para el alistamiento y operación de los vehículos, quién asignó estas funciones y dónde están los cronogramas de operación de los vehículos y su fuente de financiación.

En junio pasado, el presidente Gustavo Petro declaró la emergencia social y económica de La Guajira y anunció que con esta se crearía el Instituto de Agua, la priorización del uso del agua para consumo humano, una flota de carros de agua, la construcción de un tubo conductor, plantas desalinizadoras y una entidad territorial indígena.

'La Guajira tiene la suficiente agua para que todo habitante pueda tener un vaso de agua potable cuando lo requiera, lo que pasa es que hay intereses políticos y económicos, el agua va para sacar el carbón, secan los arroyos, el agua se utiliza para la palma africana, para mafias', dijo.

Por eso, agregó, 'es pertinente decretar la emergencia económica y social porque se avecina una calamidad pública, se anuncia una sequía que agrava el fenómeno de El Niño, y tenemos que mitigar eso urgentemente'.

Con esta figura, precisó, 'vamos a cambiar las prioridades del uso del agua en La Guajira: la primera prioridad es el consumo humano, los demás usos son complementarios. Vamos a crear un Instituto de Agua de La Guajira que contemple actividades inmediatas para mitigar la posibilidad de la emergencia, como una flota de carros para llevar agua a cada rincón de La Guajira de manera gratuita, que saldrá de la reserva Ranchería, de donde esté disponible; se recuperarán los más de mil pozos, empezaremos a construir un tubo que sacará 2 metros cúbicos por segundo desde el rio Ranchería hasta el extremo norte de La Guajira; hoy solo salen 0,6 metros cúbicos y no llega hasta todo el departamento y se la roban. El Ejército tendrá una orden de cuidar el tubo del agua potable'.

Así mismo, prosiguió, 'haremos las plantas desalinizadoras más grandes de Colombia, La Guajira no es desierto: es semiárida y pueblos más avanzados en el medio oriente han descubierto que se puede reverdecer si saben usar el agua y el clima, y el agua de lluvia se puede inyectar a reservorios subterráneos para usarlos en sequía'.

Por ello, aseguró, 'eso lo podemos hacer bajo la declaratoria de la emergencia y esperamos de la Corte Constitucional su apoyo para sacar avante este proyecto, que queremos hacer con amor para que el dinero público comience a fluir a los más necesitados y no a los mismos de siempre'.

También, indicó el jefe de Estado, 'podemos decretar una entidad territorial indígena, constituiremos 300 equipos de salud que puedan visitar ranchería por ranchería llevando la vacuna, la nutrición, la salud preventiva, y necesitamos 300 médicos y mil enfermeras así que convoco a las universidades a que nos envíen sus estudiantes de rurales de últimos años'.

No obstante, en octubre pasado la Corte Constitucional tumbó el decreto de emergencia y el propio alto tribunal explicó en un comunicado que era el Congreso el llamado a responder para conjurar la crisis humanitaria estructural de la península.

'Estaba acreditado el juicio de realidad de los hechos invocados, pues se demostró que la crisis humanitaria por la que atraviesa el departamento de La Guajira, constatada en la Sentencia T-302 de 2017, se ha intensificado por la convergencia de una serie de eventos climáticos de carácter grave, como lo son el fenómeno de El Niño, la reducción de precipitaciones en La Guajira, el calentamiento global, el aumento de la temperatura local y la temporada de ciclones', se lee en el fallo.

La Corte, agrega, también encontró acreditado el juicio de sobreviniencia. Explicó que, aunque el cambio climático y la crisis humanitaria por la que atraviesa la población de La Guajira no constituyen, en sí mismos, hechos sobrevinientes, el Decreto 1085 de 2023 no se limitó a identificar esas situaciones como motivos para declarar el estado de emergencia, sino que sustentó la existencia de un agravamiento de dicha crisis humanitaria en la confluencia de los eventos climáticos antes mencionados.

No obstante, advierte que 'pese a la satisfacción de tales juicios, la Corte no encontró satisfecho el juicio de suficiencia. Sostuvo que la respuesta a los desafíos que plantea el agravamiento de la crisis climática que se pone de manifiesto con especial intensidad en el departamento de La Guajira debe convocar la acción decidida y la colaboración armónica de todas las instituciones del Estado, y llevarse a cabo, en primer lugar, a través de los instrumentos ordinarios que prevé la Constitución. La gravedad de la crisis climática, y la necesidad de actuar de manera decidida para afrontarla, no puede allanar el camino al estado de excepción, que debe seguir siendo el último recurso al cual acudir, cuando no existan mecanismos ordinarios o los existentes sean inidóneos o insuficientes para conjurar la crisis e impedir la extensión de sus efectos'.

Y concluye que en democracia, el primer órgano llamado a responder de manera efectiva y decidida a la crisis humanitaria de carácter estructural que afronta el departamento de La Guajira, y a su agravamiento como consecuencia de la crisis climática, es el Congreso de la República, pues es el foro natural, por excelencia, para conjurar problemáticas estructurales o su agudización.

Aunque admite el máximo tribunal guardián de la Carta Magna que 'el poder legislativo no ha hecho lo suficiente en el curso de los años para corregir los gravísimos problemas de pobreza, exclusión y desigualdad que enfrenta La Guajira. El Congreso de la República tiene la responsabilidad constitucional de ejercer sus competencias para evitar que los habitantes de este departamento, y en especial sus niños y niñas, sigan muriendo de hambre y de sed, registrando los indicadores más bajos del país en materia de acceso al agua potable y saneamiento básico, tasas muy por debajo de las nacionales en la cobertura de servicios de energía eléctrica y educación, el índice de GINI más elevado, así como el índice más alto de pobreza multidimensional'.