BOGOTÁ. El vicecontralor en funciones de contralor, Carlos Mario Zuluaga, reveló este martes en Riohacha que la entidad estableció 21 hallazgos fiscales por $12.088 millones en el marco del seguimiento a las órdenes contenidas de la sentencia de 2017 de la Corte Constitucional en que se declaró la existencia de un estado de cosas inconstitucional con relación al goce efectivo de los derechos fundamentales a la alimentación, la salud, el agua potable y a la participación de los niños y niñas del pueblo Wayuú.
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Además, el organismo halló 72 casos de carácter disciplinario y solicitó la apertura de una indagación preliminar por un total de $99.000 millones sobre tres contratos suscritos por el Ministerio del Interior, entre otros resultados.
La Contraloría verificó el impacto en la comunidad de las acciones realizadas por 42 entidades estatales del orden nacional y municipal que invirtieron recursos cercanos a los $2.1 billones en las vigencias 2019, 2020, 2021 y 2022.
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'Existe una ausencia de destinación de recursos específicos para la atención de lo solicitado en la sentencia T-302 de 2017 durante las vigencias auditadas. Y a pesar de las cuantiosas inversiones realizadas, la Contraloría evidenció falta de articulación entre las entidades, tanto del orden nacional, como del orden territorial y las comunidades indígenas', advirtió el funcionario.
Señaló así mismo el jefe del ente de control fiscal que las entidades gubernamentales desarrollan sus programas y proyectos, pero no comparten sus resultados ni se comunican debidamente.
'Se pudo comprobar esta desarticulación en un hecho lamentable: de los 265 niños fallecidos reportados por el Ministerio de Salud, en las vigencias auditadas, 95 hacían parte de los programas del ICBF y no fue posible detectar a tiempo su estado de desnutrición', criticó.
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Indicó acto seguido que la tasa de mortalidad en los municipios de Uribia, Maicao, Riohacha y Manaure por desnutrición promedio es 61,88 por 100.000 niños menores de 5 años entre 2018 – 2022; la cual es mayor respecto a lo registrado en el promedio nacional y departamental.
Y cuestiona finalmente que la Superintendencia Salud debía ejecutar acciones de vigilancia, sobre las cuales 'se desconoce su ejecución' ni tampoco hubo 'resultados sobre los responsables del cumplimiento de las ordenes de la Corte o los actores relacionados, como la Secretaría de Salud, las Empresas Sociales del Estado o las Entidades Promotoras de Salud en esta zona'.
También detectó la Contraloría que no se cumplió la normatividad para la operación del PAE, hubo deficiente control a los procesos contractuales, y se canceló al contratista un valor superior por concepto de costo de manipuladora de alimentos. Y evidenció así mismo retrasos injustificados en la construcción e implementación de proyectos de abastecimiento de agua potable.
