Tarifas de energía: obispos se manifiestan en contra de su alza

Los obispos asociados a la Provincia Eclesiástica de Barranquilla, hicieron entrega un documento en el Foro de Usuarios para el Análisis de las tarifas de la energía, que se hizo este fin de semana, donde mostraron su rechazo a la forma como se viene facturando este servicio, y además hicieron un llamado al Gobierno nacional, para que acompañen lo que consideran una 'justa reclamación de los usuarios'.

Lo anterior, se trata de un documento que los obispos Pablo Emiro Salas Anteliz, Arzobispo de Barranquilla; Francisco Antonio Ceballos Escobar, Obispo de Riohacha; Oscar José Vélez Isaza, Obispo de Valledupar; José Mario Bacci Trespalacios, Obispo de Santa Marta y Luis Gabriel Ramírez Díaz, Administrador Apostólico de la Diócesis de El Banco, habrían elaborado en la sede de la Conferencia Episcopal colombiana en la ciudad de Bogotá. Este corresponde a un pronunciamiento de la posición de la iglesia católica en torno al alza en las tarifas de energía.

El escrito, que fue leído en el marco del Foro por el representante de la iglesia católica en Riohacha dice que 'después de analizar la situación por la que atraviesa la Región Caribe en cuanto al servicio y la hiperinflación de las tarifas de energía eléctrica, creemos oportuno manifestar nuestra voz de solidaridad a los gobernadores, alcaldes, consumidores y organizaciones civiles que están liderando acciones pacíficas para lograr un mejor servicio y un precio justo'.

Frente a esto, los obispos solicitaron a las autoridades, congresistas, representantes de la región 'que sean portavoces del pueblo y aúnen esfuerzos para lograr satisfacer, ante las entidades competentes, los reclamos de los ciudadanos'.

Asimismo, pidieron a las empresas generadoras de energía 'mitigar el drama y las afujías por las que atraviesan tanto los usuarios de este servicio y usuarios residenciales, como también los del comercio y de la industria'.

Finalmente los representantes de la iglesia católica invitaron a las empresas prestadoras del servicio, a las autoridades territoriales y del orden nacional, a los gremios, a las organizaciones sociales y líderes para dialogar a fin de llegar a una 'solución consensuada que, al tiempo que modere y mitigue el impacto sobre el ingreso y la capacidad de pago de los usuarios, no ponga en riesgo la estabilidad financiera de los distintos agentes de la cadena, pues ello podría conducir a una crisis sistémica de imprevisibles consecuencias'.