El contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba Larrarte a través de la Resolución Ordinaria 80112 – 0791 de 2020 decretó la intervención funcional de oficio sobre unos objetos de control fiscal entre los que se encuentran los dos contratos que el alcalde de Sincelejo, Andrés Gómez Martínez firmó para la entrega de 26.666 mercados a las familias más necesitadas del municipio en el marco de la emergencia por la COVID-19.
En el documento de 9 folios que conoció este medio el jefe del ente de control advierte que con esta decisión el nivel central asume las investigaciones de manera directa, es decir, que las contralorías de Sincelejo y la Gerencia de Sucre quedan desplazadas en sus competencias para actuar en este caso.
Esta intervención funcional oficiosa la asumen al considerar la trascendencia o impacto social, ambiental, económico o político en el ámbito nacional, regional o local; por la falta de capacidad técnica, operativa o logística y por decisión del Contralor General de la República que consulte criterios técnicos de pertinencia, eficiencia, necesidad, razonabilidad, proporcionalidad y oportunidad.
Así las cosas la Contraloría tiene potestad directa en 13 contratos a los que se refiere la intervención funcional y entre los que se encuentran los dos de Sincelejo y el de Coveñas.
