¿Quién regula la quema de drogas en Juan Mina?
Los procedimientos de cómo se da la incineración de drogas incautadas deja a la vista que la ciudad no tendría un sitio adecuado para la actividad.
“Pareciera que eso lo hicieran a escondidas, porque queman eso de noche o de madrugada y resulta ser peor, ese humo nos afecta, se mete en las casas y hace que tengamos que levantarnos”. Con esa frase, una mujer que habita en la manga La Esperanza, en el corregimiento de Juan Mina, dice estar “cansada” de las quemas de drogas ilícitas que las autoridades realizan en ese sector.
La mujer asegura que la última quema de gran proporción se realizó hace aproximadamente un mes y concuerda con la gigantesca incautación que realizó la Policía el pasado 10 de septiembre. Ese día hallaron 551 kilos de cocaína de alta pureza que estaban camuflados en 21 cilindros de gas y 8 piñones de maquinaria pesada que estaban dentro de un taller de aires acondicionados, ubicado en la carrera 21B con calle 41 del barrio San José, suroriente de Barranquilla.
Una vez que presentaron a los medios la incautación, las autoridades informaron que “de inmediato” realizarían la incineración de la droga “cumpliendo todos los protocolos” establecidos en la ley, aunque se abstuvieron de indicar —“por seguridad”—, dónde se daría la destrucción.
Es así como se presume que la incineración se dio en un lote privado en Juan Mina, donde los vecinos denuncian que se viene presentando la situación desde “hace muchos años”.
“Eso no es de ahora, eso es viejo. Y cada vez que vienen a quemar la droga llegan varios carros de la Policía y de la Fiscalía hasta ese lugar. Nosotros queremos creer que todo se hace dentro de la legalidad, por ser las autoridades los que hacen la quema, pero la verdad es que eso nos afecta mucho, sobre todo cuando queman marihuana, ese olor es insoportable”, refirió otro habitante del sector.
Este medio llegó hasta el lugar donde los vecinos dicen que, presuntamente, se hacen las incineraciones, pero en la entrada de la finca hay un cartel que advierte que a la zona solo puede ingresar personal autorizado y un vigilante que estaba en el lugar se abstuvo de ofrecer algún tipo de información.
El proceso
Varias fuentes judiciales contaron a EL HERALDO cómo se da el proceso administrativo para destruir una droga incautada, pero no hicieron referencia al trámite ambiental o de cómo debe ser el protocolo para la incineración de los estupefacientes.
Así las cosas, quien ordena la destrucción de la droga es un fiscal —mayormente este es el que maneja el caso desde que se da la incautación— y la incineración se da en presencia de la Policía o el CTI con la participación obligatoria de un representante de la Procuraduría.
“En el lugar del sitio se seleccionan varias panelas a las que se les hace la prueba para determinar que en efecto sea la sustancia estupefaciente. Una vez superado este paso se contabiliza y se pesa nuevamente la incautación para verificar que no se hayan desaparecido”, indica una fuente judicial.
La incineración se debería dar en hornos, pero la fuente reconoció que la mayoría de las veces se hace en “sitios prestados” al no haber lugares contratados o específicos para llevar a cabo el procedimiento. Por otra parte, la droga nunca demora más de 72 horas desde la incautación hasta la destrucción.
“Muchas veces la tardanza se da por la falta de un fiscal o por la búsqueda del sitio para la destrucción”, detalla la fuente y agrega que una vez efectuado el proceso se deja un acta de la actuación que es acompañada de registros fílmicos y fotográficos.
Ahora bien, en Colombia el Decreto 1470 de 2014 que, adicionó un parágrafo al artículo 30 del Decreto 948 de 1995 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo, en su artículo 1, parágrafo 2, autoriza las quemas abiertas en áreas rurales de sustancias estupefacientes, sicotrópicas o drogas sintéticas que se encuentren contempladas dentro del Convenio de las Naciones Unidas sobre Sustancias Sicotrópicas, adelantadas por parte de las autoridades competentes y conforme a las previsiones legales.
“Para estos eventos no se requerirá permiso previo de emisiones atmosféricas” y por lo tanto son los ministerios de Defensa y de Ambiente, acorde con el ordenamiento legal, los que “adoptarán el protocolo para la destrucción de los elementos reseñados”.
“Dicho protocolo será el Plan de Manejo Ambiental que contendrá las medidas que deben adoptarse para garantizar que se produzca el menor impacto respecto de los recursos naturales renovables y el medio ambiente”, señala el decreto.
¿No hay un sitio oficial?. Este medio consultó a la Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA) para conocer cómo era el procedimiento y el sitio destinado para la incineración de la droga incautada y señalaron que lo que hace la entidad ambiental es un “acompañamiento y supervisión al procedimiento de destrucción del material que se dispone en una bodega adaptada por la DIAN para este fin”, para el caso de elementos que son incautados de contrabando.
“Se garantiza que dicha bodega cumpla con las condiciones adecuadas como control de emisiones y demás requerimientos. No se permiten quemas a cielo abierto. Adicional la CRA hace parte del Comité Departamental de Control al tema de drogas y estupefacientes”, explica la persona consultada.
Con relación a la droga ilícita incautada, el personal de la CRA afirma que el procedimiento para la incineración es “igual” al que realiza la DIAN. “Muchas veces el sitio se solicita a través del Comité Departamental de Drogas o los consejos seccionales de estupefacientes. La CRA vigila o garantiza que cumplan las medidas del sitio”.
¿Y los protocolos?.
Para José Espinosa, ingeniero ambiental y sanitario, es “indiscutiblemente” que desde el punto de vista ambiental se pueden definir dos lineamientos en torno a la quema abierta en áreas rurales de sustancias estupefacientes, sicotrópicas o drogas sintéticas.
“El primero está orientado al cumplimiento normativo, pues este tipo de prácticas están reglamentadas a través del Decreto 1470 de 2014; sin embargo, a la fecha desconozco que el Gobierno haya publicado los protocolos referentes para que, en la práctica, la quema abierta se realice de una forma controlada y previendo la disminución de los impactos ambientales”, señala el ingeniero.
El segundo lineamiento que no se puede desconocer, según Espinosa, es el contenido de sustancias químicas con características de peligrosidad que constituyen este tipo de drogas, que al ser emitidas al aire como respuesta al proceso de combustión generan un impacto negativo sobre el medio ambiente que puede llegar a afectar los ecosistemas presentes en la zona de quema y las comunidades aledañas.
“Como profesional en materia ambiental es necesario que se tomen medidas más controladas para este tipo de prácticas, teniendo en cuenta no solo los impactos ambientales, sino también los riesgos que pueden derivarse de las misma, como la propagación de incendios forestales por falta de medidas de control y afectación de ecosistema y sus servicios ecosistémicos. Además, se desconocen las disposiciones orientadas a la implementación de las medidas correctivas de las zonas afectadas por las quemas al igual que los responsables de su recuperación”, explica el especialista.
No dieron respuestas
Este medio consultó a personal de la Secretaría de Gobierno Distrital y de la Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana sobre si tenían conocimiento donde se realizaba la incineración de drogas en la ciudad, pero desde ambas carteras manifestaron que el tema era competencia de la Policía Nacional.
Así las cosas, se le hizo la consulta a la institución armada, pero hasta la fecha no han emitido ningún tipo de información, es decir no han indicado si hay un sitio oficial para la quema o si esta se realiza en hornos especiales.
