Policías cobraban $1 millón al mes a detenidos por seguir en carceletas

La Fiscalía señaló a cinco policías y un expolicía de permitir visitas, “permisos” de salida y hasta fugas a cambio de una “mensualidad”.

Jesús Rico
Capturados accedían a los beneficios para mejorar su condición en las celdas. Jesús Rico

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La Fiscalía señaló a cinco policías y un expolicía de permitir visitas, “permisos” de salida y hasta fugas a cambio de una “mensualidad”.

El viernes 18 de octubre de 2019 se encendió una alarma que puso en jaque a las autoridades en la capital del Atlántico. 

A las 9:25 de esa noche, miembros del CTI de la Fiscalía interceptaron a Roger Hernando Hernández Martínez cuando iba en un taxi rumbo a su casa en Juan de Acosta, a pesar de que contra él pesaba una medida de aseguramiento en la cárcel Modelo de Barranquilla. 

De inmediato, volaron los interrogantes: ¿por qué Hernández estaba en la calle?, ¿cómo había salido de la carceleta del Centro de Servicios? ¿Qué hacía en esas carceletas si lo habían enviado a La Modelo?, pero la gran pregunta era ¿quién lo había dejado salir?

En ese momento se inició una investigación por un aparente caso de corrupción en el manejo de los presos de las celdas de paso del antiguo edificio Telecom, donde hoy funcionan los juzgados de Barranquilla.

Las pesquisas, encabezadas por la Fiscalía, permitieron confirmar las sospechas de irregularidades e identificar a seis hombres que supuestamente habrían permitido o facilitado la fuga Hernández. Sin embargo, estos no eran ciudadanos del común, se trataba de miembros de la Policía Nacional, adscritos a la Metropolitana de Barranquilla.

De esta manera, a las 7:00 de la mañana del miércoles 11 de diciembre, cuando el sol apenas empezaba a darle fuerza al día, el CTI de la Fiscalía y el Gaula capturaron en el Comando de la Policía a los patrulleros Wilfran de Jesús Barragán Medina, Juan Carlos Chavarría López, Fabián Andrés Tamara Rangel y Sergio Luis Pacheco Ramírez.

Cinco minutos antes, en otra operación, fue capturado en el barrio El Parque, de Soledad, el intendente Edwin Pallares Ortiz; y, al caer la tarde, capturaron a Rafael Antonio Ruiz Sosa en un operativo adelantado en Los Cedros, del mismo municipio.

“Prestaban un servicio”

La investigación por presunta corrupción policial que habría favorecido a presos en las carceletas duró al menos cuatro meses. Durante este tiempo, la Fiscalía revisó las minutas de los oficiales, entrevistó a los presos, revisó documentos y analizó el funcionamiento completo de las celdas y los cambios de turno cíclicos que se manejaban (de 7:00 a. m. a 2:00 p. m.; de 2:00 a 9:00 p. m. y de 9:00 p. m. a 7:00 a. m.).

Esto permitió establecer que, según la Fiscalía,  hace tiempo había allí una “prestación de servicios privilegiados a personas privadas de la libertad”, que eran resultado de pagos mensuales por parte de los detenidos hacia los custodios.

Pero la principal fuente para la Fiscalía 28 de delitos contra la administración pública, fue el mismo Hernández, quien tras ser recapturado habría relatado al ente investigador cómo funcionaba el sistema que convertía a las carceletas en un “hotel de paso”.

Según relató Hernández a la Fiscalía -narrado por la fiscal durante la audiencia- desde que llegó a las careceletas los policías le habrían ofrecido “acceder” a los servicios “preferenciales” durante su estancia, y evitar pasar momentos aún más difíciles en las cárceles de Barranquilla.

Dichos servicios, según fiscalía, consistían en permitir la permanencia de Hernández y otros presos en las carceletas, aún después de que les hubieran dictado medidas se aseguramiento. Asimismo, les permitían a los presos salir  de las carceletas en horarios nocturnos o en días festivos; y avalaban visitas y uso de teléfonos. 

Según explicó la Fiscalía, quien estaba a cargo de la supervisión de las carceletas era el entonces intendente Ruiz, quien supuestamente habría cobrado mensualidades de hasta $1.500.000 por los “servicios preferenciales”.

A dichos servicios habría accedido Hernández y por ello, dijo Fiscalía, el 11 de agosto, tuvo la posibilidad de salir de las carceletas para compartir con su esposa el día de su cumpleaños.

“Para esta fecha, el señor Roger Hernando Hernández, a pesar de estar cobijado con una medida de aseguramiento por los delitos de tortura, desaparición forzada, secuestro extorsivo y amenazas; tuvo la oportunidad de salir fuera de las carceletas de estas instalaciones, lugar donde ya no debía estar porque la medida de aseguramiento fue proferida el 16 de julio”, señaló la fiscal, asegurando que la salida de Hernández habría ocurrido bajo la guardia del patrullero Pacheco, quien entregó turno a Barragán en la mañana del 12 de agosto, cuando el preso regresó a la carceleta.

Edwin Pallares, Fabián Támara, Wilfran Barragán, Juan C. Chavarría y Rafael Ruiz Sosa
Edwin Pallares, Fabián Támara, Wilfran Barragán, Juan C. Chavarría y Rafael Ruiz Sosa

Un ‘plus’

Más allá del cobro de la mensualidad por el “arrendamiento preferencial”, Fiscalía aseguró que logró determinar que los presos supuestamente pagaban a los patrulleros de turno $50.000 por favores y permisos “adicionales” durante su estancia en las carceletas.

“Adicional a estas mensualidades, se daban otros privilegios y por cada ingreso de alimentos, ropa, artículos de aseo, utilización y mantenimiento de celulares, incluso de manera indefinida, recibir visitas, estar fuera de las carceletas después de horarios en el que terminaban las labores en el centro de servicios o en días festivos”, dijo la fiscal.

Cambio de mando y Fuga

Aunque ya había salido en al menos una ocasión anterior, la fuga sin regreso de Hernández se produjo en el mes de octubre, luego de que el intendente Ruiz se pensionara y quedara a cargo de la supervisión el intendente Pallares.

La Fiscalía reveló durante la primera parte de las audiencias preliminares contra los capturados, que en ese momento Pallares supuestamente habría bajado el precio de la mensualidad s $1.000.000, y que habrían continuado las irregularidades.

Se conoció que supuestamente “Hernández logró salir a alrededor de las 7:30 de la noche, estando de turno Chavarría, y nunca volvió porque fue sorprendido (a las 9:25 p. m.)”.

En la fuga también se habría visto implicado el patrullero Támara, quien recibió el tuno de Chavarría a las 9:00 de la noche y, según Fiscalía, no reportó la ausencia de Hernández.

Delito Agravado

El pasado 12 de diciembre, se iniciaron las audiencias preliminares contra los cinco policías y el expolicía capturados. Allí, en medio de una tensión que no daba largo a los errores y ante la mirada de sus seres queridos, la Fiscalía imputó a los seis el delito de favorecimiento a la fuga agravada, en concurso heterogénero con el delito de concusión, en calidad de coautores. 

“Estas personas abusaron de sus funciones porque no solamente permitieron la estadía del señor Roger en estas instalaciones durante cuatro meses, sino que también omitieron la orden de un juez que dispuso su traslado a la cárcel Modelo”, destacó la fiscal 28 de delitos contra la administración pública, argumentando que “de no existir este mal comportamiento, ni la Policía Judicial se hubiese visto en la necesidad de avanzar con las actuaciones, ni mucho menos se hubiesen dado las órdenes que se dieron”.

Por el momento, los indiciados permanecen en las carceletas de la URI, al otro lado de los barrotes que alguna vez supervisaron, a la espera de que este miércoles se reanuden las audiencias y se decida, después de la intervención de los defensores, si son enviados a la cárcel, como solicitó la fiscal.

¿Quién es el preso que se fugó de las carceletas?

Gaula Militar Caribe y la Fiscalía General de la Nación capturaron el 10 de julio de este año a Roger Hernando Hernández Martínez, de 40 años, tras vincularlo a la desaparición del comerciante Anthony Rivero Cantillo, que salió del radar de sus familiares el pasado 17 de junio, al parecer por líos que involucran 600.000 dólares  que fueron entregados entre febrero y marzo al desaparecido.

Durante las audiencias preliminares, la Fiscalía le imputó los cargos de secuestro extorsivo, amenaza, tortura y desaparición forzosa, y fue cobijado con medida de aseguramiento en centro carcelario por la juez sexta Carmen Blanco, quien lo envió a la cárcel Modelo de Barranquilla, a donde nunca llegó. 

Tras su fuga y consiguiente captura el 18 de octubre, el juez 17 Penal Municipal con funciones de control de garantías lo envió a la cárcel del Bosque, donde permanece hasta el momento a la espera de juicio.

Roger Hernández.
Roger Hernández.

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