El Heraldo
El mayor general Julio González Bedoya, comandante de la Regional No. 8 de la Policía, en su reciente visita a EL HERALDO.
Judicial

“Con extorsión pagada compraron carro, dos motos e hicieron fiesta”

El comandante de la Regional No. 8 de la Policía, mayor general Julio González, cuenta detalles de lo que ha sido la intervención contra el delito que genera un impacto económico y social en Barranquilla.

Jornadas de hasta 20 horas continuas de trabajo, que incluyen operatividad policial en calle y una misión mediadora con un gremio que ha sido el objetivo reciente de ataques de la banda criminal los Rastrojos-Costeños, ha tenido que cumplir durante esta última semana en Barranquilla y su área metropolitana el jefe de la Regional No. 8 de la Policía Nacional, mayor general Julio González Bedoya, un curtido oficial con más de 30 años en la institución armada que, a lo largo de su carrera, ha tenido duras tareas, inclusive la misión de encabezar en 2017 la seguridad del papa durante la visita del sumo pontífice a nuestro país.

Los tres asesinatos de los conductores del servicio público colectivo en Barranquilla y Soledad, hechos asociados a extorsiones de esta banda criminal contra las empresas para las que ellos trabajaban, obligaron a González Bedoya a enfrentar la crisis que derivó en la paralización de prácticamente todo el sistema de transporte local de personas.

Frente a esta situación manifiesta que se logró un trabajo con los propios actores que tuvo como resultados la identificación de 51 puntos críticos en seguridad y la elaboración de siete rutas móviles para prevenir el delito.

Un uniformado requisa a un pasajero de bus.

“Tenemos 26 empresas prestadoras de servicio de transporte público colectivo, 2.700 vehículos y 2.500 conductores entre todas, y 90 rutas que cubren en Barranquilla y su área metropolitana.  Cuando inicia esta problemática con el asesinato del último conductor el 31 de julio, empezamos a construir y a entendernos con los gerentes de las empresas afectadas y con los conductores”.

En ese momento el general hace un paréntesis y considera que “nuestros conductores de bus son personas que le aportan tanto a la sociedad barranquillera y a la economía, que generan un bienestar para todos. Hasta para los mismos delincuentes, pues muchos de los familiares de estos individuos son usuarios del transporte público de la ciudad. Ahí llamo un poco más a la cordura de los criminales, en el entendido que los conductores son personas honestas, trabajadoras, que aportan mucho a la sociedad barranquillera. Ellos mueven un promedio de 500.000 personas diarias, los recogen para llevarlos a los trabajos y luego los llevan hasta su casa. ¿Cómo es que no vamos a protegerlos?... Este es el momento de rodearlos, acompañándolos, generar ciertos protocolos de seguridad para evitar que los ataquen”.

Sin embargo, el jefe de Policía hizo claridad en que solo cuando ocurrió el asesinato de John Pardo Castillo (31 de julio), el conductor de Transmecar, fue que las empresas de transporte público colectivo empezaron a recibir las llamadas intimidatorias del grupo criminal los Rastrojos-Costeños.

“Ocurren el primer y el segundo caso, y luego matan al conductor de Transmecar. Ahí empezaron a llegar las llamadas extorsivas a las empresas”, asegura.

Nelson Patrón, el general Gónzález y el alcalde Pumarejo.
Casos anteriores

El alto oficial reconoce que las extorsiones al gremio transportador y a otros sectores de la sociedad se vienen dando desde al menos diez años atrás, en lo que determina como “ciclos de la delincuencia”.

En ese sentido explica que en 2013 los hermanos Borré Barreto, Brayan y Juan Manuel, integrantes de los Rastrojos-Costeños, fueron los que empezaron a extorsionar a las empresas de buses y luego de un trabajo articulado entre todas las autoridades se logró poner tras las rejas al primero (hoy en libertad) y a Juan Manuel (señalado de los recientes casos ocurridos en la ciudad) ser trasladado, en su momento, de centro de reclusión.

Cabe recordar que Juan Manuel Borré Barreto fue integrante de las Autodefensas e incluso alcanzó a participar de la Ley de Justicia y Paz, pero por continuar en la vida delictiva fue expulsado del proceso de sometimiento a la justicia.

En 2021, recuerda el general, volvió a registrarse una situación similar a la de 2013.

“El año pasado la tuvimos eventos similares a los de 2013 y a los de este 2022: extorsiones, asesinatos de conductores, pero en cabeza del ‘Negro Ober’ (Ober Ricardo Martínez Gutiérrez) y ‘la Máquina del mal’(Víctor Carlos Pérez De Alba), este último muerto en un enfrentamiento con la Policía”.

Seguidamente detalla que en ese momento “hubo un receso tras la captura de Ober, pasamos un fin de año tranquilo y bajó mucho la extorsión”.

Pero, según el comandante, se investigó que “había otras personas que eran partícipes de esas extorsiones y nos figuraba Tommy Masacre (Tommy Yoel Cerpa Brito), con ataques a dueños de empresas y comerciantes”. “Se movió a Tommy y se envió a la cárcel de Cómbita (Boyacá)”.

John Henry Jiménez, alias JH, capturado por el Gaula de la Policía.
Acciones y nuevos criminales

En el marco de las actuales acciones contra la actividad criminal, que incluyen la misión del esclarecimiento de los asesinatos de los conductores de Coolitoral, Cootrab y Transmecar, el general González Bedoya sostiene que “las investigaciones van por buen camino”.

Puntualiza que en los dos primeros atentados: el de Willington José Hernández Borja y el de José del Carmen Hernández Padilla, “el hilo conductor fue una motocicleta con las mismas características usada en ambos hechos y, aparte de eso, aprehendimos a un menor”.

De otro lado, en el caso del conductor de Transmecar, añade que se está tras la pista del autor material del hecho y que, en ese sentido, “ya hay órdenes de capturas expedidas”.

Precisamente sobre el particular, la Policía Metropolitana de Barranquilla y el Ejército reportaron ayer las detenciones de cuatro individuos que estarían implicados en los homicidios de los tres conductores.

Dewuar José Torres Castillo, alias 21; Diego Noriega Ortiz, José Montes Castro y Jesús Del Cristo Mendoza, como fueron identificados los sujetos, cayeron tras un operativo realizado en el municipio de Ciénaga, Magdalena.

De acuerdo con información suministrada por la autoridad, a los detenidos se les hallaron unos panfletos de los Rastrojos-Costeños, armamento de guerra y motocicletas. Al parecer, estos se habían internado en el municipio costero luego del último ataque contra el conductor John Pardo Castillo.

Los sujetos serían ‘cachorros’ de Ober Ricardo Martínez Gutiérrez, alias Negro Ober, detenido en ahora en La Picota de Bogotá.

Pero en torno al tema de las extorsiones, a fin de cuentas el delito que encabeza la crisis, destaca la reciente captura de John Henry Jiménez Miranda, alias JH, un hombre de confianza de alias Negro Ober.

“Alias JH es muy importante en este grupo de los Rastrojos Costeños. Este muchacho era el financiero de la banda criminal capítulo Soledad. Este sujeto era el que cobraba las extorsiones, le rendía cuentas al principal (Ober) y, a su vez, era quien distribuía el dinero para las personas a las que le ordenaban”, expone.

Precisamente sobre alias JH este medio conoció por medio de fuentes judiciales que fue el individuo que cobró hace dos meses una extorsión de 200 millones de pesos que los Rastrojos Costeños le hicieron a un laboratorio clínico de la ciudad.

Ante ese caso, el general González Bedoya afirma que, gracias a labores de inteligencia, se detectó que el dinero fue a parar “en la compra de un carro, dos motos, fiestas y en las manos de las mujeres de los jefes de los Rastrojos-Costeños”.

La Policía vigila las rutas de varias empresas.
Hacia dónde vamos

Un estudio de InSight Crime, fundación estadounidense dedicada al estudio y a la investigación de amenazas para la seguridad nacional y la ciudadana en América Latina y el Caribe, define a la extorsión como “una actividad voraz que empieza a prosperar en la región cuando genera ganancias para financiar la infraestructura de bandas criminales y facilita el capital para invertir en armas y drogas”.

Así mismo, la fundación plantea en su investigación que, después de los homicidios, “la extorsión es el delito que más daño hace al estado de derecho en los países de Latinoamérica y el Caribe. También es la amenaza más importante para la seguridad por  el creciente número de muertes violentas que produce”.

Ante ese panorama, el comandante de la Regional No. 8 asegura que la mejor forma de combatir este flagelo es denunciando, en el sentido de que si se paga al primer momento de que surjan las  intimidaciones y llamadas extorsivas, “le estamos dando a ellos (criminales) la capacidad de que sigan extorsionando”.

“De ahí el lema del grupo Gaula: Yo no pago, yo denuncio”, puntualiza.

Buses de Coochofal parqueados en una nevada debido al paro de conductores.
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