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Aspecto de la audiencia de imputación de cargos a secretario de Educación del Atlántico y otras tres personas más involucradas en presuntas irregularidades del PAE en este departamento.
Luis Felipe De la Hoz
Judicial

Barraza no vigiló la experiencia de los prestadores del PAE en el Atlántico: fiscal

Informes de interventoría reseñaron que en varias instituciones se observó también “irregularidades” en la calidad proteica de los alimentos entregados en varios colegios.

Sobre las 10:20 de la mañana de este jueves arrancó la continuación de la audiencia de importación de cargos contra  Dagoberto Barraza, junto a Félix Enrique Barrios Ballestas, Uriel Eduardo Reyes Pájaro y Emil Armando Pacheco Jiménez, por supuestas irregularidades en el PAE Atlantico. 

En la diligencia, la Fiscalía arrancó indicando que Dagoberto Barraza, secretario de Educación, “desconoció” el principio de transparencia para dar la puntuación de las Uniones Temporales  contratadas durante los contarlos celebrados en 2016. 

“Barraza faltó a la verdad al no vigilar la experiencia de los contratados para prestar el servicio de alimentación en 20 municipios del departamento”, dijo la Fiscalía. 

Pero, de acuerdo con el ente de control “ninguno” de las uniones contratadas “llenaron los requisitos técnicos de los pliegos” debido a que no aportaron
“experiencia  en el manejo de alimentos”. 

“Los requisitos exigidos para celebrar de contratos para el segundo semestre de 2016 se plantillaron conformes los mismos que se habían presentado en el primer semestre  de 2016, es decir de manera irregular”, dijo la señaló la fiscal que lleva el caso. 

En cuanto al denominado nuevo ‘zar’ del PAE en la Costa, Alejandro Hernández Vidal, la Fiscalía señaló que “era el dueño de los contratos para la operación del programa, persona que también ejecutó el programa también en Barranquilla cuando Barraza era secretario de Educación del Distrito”. 

“El contratista incumplió con lo pactado al brindar alimentos de baja calidad. Se incumplió en ciclo de minutas. Las raciones dadas no correspondían a las que exigía el contrato. Las comidas tenían menos pesos a lo que se había acordado, eso fue un detrimento de las especificaciones en la ejecución del contrato”, dijo la fiscal y añadió que valor del contado fue por $16.400 millones. 

Informes de interventoría reseñaron que en varias instituciones se observó también “irregularidades” en la calidad proteica de los alimentos entregados en varios colegios. 

“Los componentes nutricionales fueron  muy bajos. Se halló poco contenido de proteína y mayor número de complemento carbohidrato. Algunos de las raciones cumplían con el peso, pero no con los componentes nutricionales”, añadió la representante del ente acusador.

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