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Momentos en los que varias personas extraen la gasolina remanente de los carrotanques que transportan el combustible hacia el departamento de La Guajira.
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Así se estaría traficando gasolina desde Baranoa hasta Venezuela

Testigos denuncian a EL HERALDO que el combustible es extraído de remanentes que quedan en los carrotanques.

“Con solo pararse en cualquier punto de la Troncal del Caribe en la zona de La Guajira –a cualquier hora de la madrugada– y analizar la cantidad de vehículos de carga pesada que se dirigen hacia la frontera con Venezuela, hace que uno se pregunte qué tanto llevan esos camiones hacia allá”.

Con esas palabras Juan David Daza, un habitante de Maicao, plantea su inquietud en torno a la situación que, según dice, lleva meses observando detenidamente.

Como respuesta, su compañero de faena, Ramón Palmar, le comenta que se deje de ingenuidad, debido a que ese es un interrogante que se resuelve rápido y fácil: “Esos carros llevan alimentos y gasolina ante la mirada de todas las autoridades. La Policía sabe qué es lo que llevan los camiones y también tiene conocimiento de dónde sale”, dice Palmar, al tiempo que deja escapar una sonrisa.

La idea de que haya un tráfico de combustible hacía Venezuela no es descabellado, puesto que desde hace un par de años la crisis de la producción y distribución de gasolina en el vecino país se ha agudizado, lo que obligó al gobierno de Nicolás Maduro a establecer restricciones en la venta del hidrocarburo, un escenario que favoreció el mercado negro del líquido inflamable en el país con las mayores reservas de petróleo del mundo.

“Los alimentos vienen de toda la región y la gasolina, pues sale de Baranoa, un pueblo cerca de Barranquilla”, comenta Palmar a medida que dibuja una línea recta con un palo sobre la tierra, intentado representar los 378 kilómetros de distancia que hay entre el municipio atlanticense y la zona fronteriza de Paraguachón, en La Guajira.

El comentario de los hombres que se dedican a la venta de frutas en la Troncal del Caribe guarda mucha relación con los testimonios que dieron vecinos de una trocha que conduce al corregimiento de Pital de Megua, muy cerca de la planta de llenado, en Baranoa, quienes aseguran que la situación sí se está registrando, y que esta actividad delincuencial se realiza con mayor frecuencia en horas de la noche.

“Esa gasolina mayormente es comprada por guajiros, quienes la buscan acá en pimpinas y galones y se la llevan para su tierra. Nos han dicho que ahora mismo el negocio está en sacarla para Venezuela, la venden en dólares debido a la crisis que allá se está viviendo con el combustible”, dijo uno de los moradores a EL HERALDO.

La modalidad

Momentos en los que varias personas cargan las pimpinas en un camión. Y la visual de la actividad que se estaría realizando de manera ilegal en el municipio de Baranoa. Cortesía

Este medio pudo establecer que el contrabando de gasolina se estaría dando una vez que los camiones cisternas han realizado las descargas del combustible en las diferentes estaciones de servicios y antes de ingresar a la planta de llenado nuevamente.

“Los camiones una vez que hacen las descargas, en sus tanques quedan remanentes o residuos del combustible que es extraído manualmente y finalmente esa es la gasolina que se contrabandea”, detalló un testigo.

Las personas, según contó la fuente, emplean mangueras con las que succionan el combustible para llenar las pimpinas. “Muchas veces se meten dentro del tanque para poder mover la manguera dentro del carro con más facilidad. Con todo el remanente del combustible se pueden llenar hasta siete pimpinas de 20 litros”.

La fuente contó otro detalle que es el que las autoridades investigan: “Se habla de que en la planta de llenado muchas veces los camiones son rebozados para que así pueda quedar el remanente que permita el contrabando del hidrocarburo”. 

Según el informante, cada pimpina en Venezuela podría costar unos 35 dólares, teniendo en cuenta que el litro de gasolina en el mercado negro en ese país se consigue a 2 dólares.

Una revisión

 En julio de este año, un equipo de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico, (CRA), por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, sector hidrocarburos, “acompañó” y “atendió” una denuncia de tráfico ilegal de combustible que este medio registró.

La Fiscalía en ese momento solicitó a la corporación ambiental “que se verificara si existían permisos para este tipo de actividades”.

Fue así como los técnicos de la entidad encontraron que en el lugar se realizaban “actividades de descarga, almacenamiento y suministro de combustible líquido (ACPM-Gasolina) de manera informal”, sin contar con las condiciones mínimas de seguridad y protección ambiental.

“Se encontró que no contaban con un plan de contingencia inscrito ante la CRA, para manejo de derrame, de acuerdo con lo exigido en el artículo 2.2.3.3.4.1.4 del decreto 1076 de 2015. Tampoco con un Plan Integral de Residuos Peligrosos, según lo contempla el mismo decreto en su artículo 2.2.6.1.3.1”, señaló la corporación tras ser consultados.

El informe técnico de la CRA reportó, en ese momento, que el lugar donde se realiza el suministro de combustible “no tiene las instalaciones aptas para realizar” las actividades descritas anteriormente, debido a que las maniobras se realizan dentro de varios cambuches construidos de madera, zinc y bolsas plásticas.

“El área de almacenamiento no se encuentra identificada ni demarcada y tampoco cuenta con un sistema de contención de derrame, incluso, se evidencia derrame de combustible en el suelo”, comprobó el equipo que realizó la inspección.

El informe agregó que “no hay extintores ni sistema de control de incendios” y lo más grave de la actividad es que se realiza a un local de donde se lleva a cabo la preparación de alimentos, lo que aumenta el riesgo de afectaciones mayores en caso de que se registre una emergencia.

La CRA aseguró que  “inició una investigación preliminar” que apuntó a determinar los presuntos infractores que estaban al frente de estos hechos, pero dicha indagación, dijo la entidad, “no fue posible y, por vencimiento de términos que da la norma, se debió culminar esta primera etapa sin poder avanzar en el proceso sancionatorio”.

Sin embargo, el concepto fue enviado a la Fiscalía, como soporte de las pesquisas que venía adelantando la autoridad ambiental. Desde el ente de investigación le dijeron a este medio que el proceso “sigue abierto”.

“La pandemia frenó varios procesos, pero queremos dejar claro que la investigación no está parada, esta se ha mantenido con la finalidad de esclarecer todo lo que allí ocurre”, dijo una fuente de la Fiscalía.

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