Un escenario complejo sobre la situación de derechos humanos de las personas LGBTIQ+ en Colombia expuso la organización Caribe Afirmativo a través de su más reciente informe titulado ‘Un sistema que falla: prejuicio, violencia e impunidad contra personas LGBTIQ+’, en el que advirtió sobre el recrudecimiento de la violencia motivada por prejuicios y la insuficiente respuesta del Gobierno nacional frente a estos hechos.
De acuerdo con el documento, durante 2025 fueron asesinadas 270 personas pertenecientes a esta población, calculándose un homicidio cada 32 horas en el territorio nacional. La organización señaló que estos crímenes no correspondieron a hechos aislados, sino a una violencia sistemática que inició, en la mayoría de veces, con escenarios de discriminación y exclusión social.
“El prejuicio se convierte en una cadena de violencias que muchas veces termina en homicidio”, expuso el informe, que además identificó un patrón que incluyó amenazas, violencia sexual, agresiones intrafamiliares e impunidad.
Según el informe de la ONG el año anterior se documentaron 26 homicidios de mujeres lesbianas; 63 homicidios de hombres gay; 38 homicidios de hombres bisexuales; 52 homicidios de mujeres trans y 70 casos sin especificar, entre otros registros.
Sin embargo, en ese listado de casos valdría la pena reseñar el atroz asesinato en la ciudad de Santa Marta del biólogo italiano Alessandro Coatti, de 28 años, a principios de abril de 2025. Al parecer, el europeo fue engañado por una app de citas de hombres gay y terminó desmembrado por los sujetos que pretendieron robarle por completo sus pertenencias.
Y en la ciudad de Barranquilla, para el mes de septiembre de 2025, ocurrieron dos hechos de muertes violentas contra hombres gay que pudieron sumarse a esas muertes por especificar y que parecieron quedar en la impunidad.
El primer caso sucedió el martes 16 de septiembre en un bar del centro de la ciudad donde murió un hombre gay identificado como Luis Carlos Salas Toledo, de 33 años de edad. Y el domingo 28 de septiembre ocurrió la muerte de Héctor Adanies Pérez Suárez, de 30 años de edad, en un hotel del tradicional barrio El Prado.
Las amenazas
Entre los hallazgos más preocupantes estuvo el registro de 1.184 víctimas de amenazas durante el último año. Según Caribe Afirmativo, estos hechos fueron utilizados como mecanismos de control territorial y silenciamiento de liderazgos sociales, especialmente en zonas donde operan actores armados y economías ilegales.
En ese sentido, esa situación pareciera seguir registrándose: en marzo del presente año, la Corporación Caribe Afirmativo rechazó la intimidación a través de un panfleto que circuló de manera virtual y que se hizo viral en Barranquilla contra varias personas pertenecientes a la comunidad.
En el documento, presuntamente atribuido al denominado Bloque Resistencia Caribe – Los Costeños—, se declaró como “objetivo militar” a seis creadores de contenido digital de la región.
Un elemento que llamó la atención a la organización radicó que al menos cuatro de las seis personas mencionadas en el panfleto son abiertamente LGBTIQ+.
“Este hecho abre la posibilidad de que las amenazas no solo estén relacionadas con disputas entre estructuras criminales o con el contenido que estas personas publican, sino que también puedan estar atravesadas por prejuicios contra personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas”, detalló la ONG hace un par de meses.
Espacios familiares
El informe también evidenció que los espacios familiares se han convertido en uno de los principales escenarios de agresión. En total, fueron documentados 1.531 casos de violencia intrafamiliar.
Territorialmente, Bogotá D.C. concentró 446 casos de violencia intrafamiliar, Antioquia 207 y Valle del Cauca 166. También se registraron cifras significativas en Atlántico (97), Cundinamarca (89), Santander (72) y Bolívar (64). Estos datos evidencian que la violencia no se limita a territorios con baja institucionalidad, sino que persiste incluso en ciudades con mayores capacidades institucionales y rutas de atención.
En materia de violencia sexual, el informe documentó 628 casos de delitos sexuales contra personas LGBTIQ+. Del total, 246 víctimas fueron mujeres bisexuales, 159 mujeres lesbianas, 126 hombres gay, 49 hombres trans, 25 mujeres trans y 16 hombres bisexuales.
El análisis concluyó que estas violencias operan como mecanismos de control corporal y castigo frente a identidades y orientaciones sexuales no normativas. La concentración territorial de la violencia sexual muestra nuevamente un fuerte peso de los grandes centros urbanos. Bogotá D.C. registró 167 casos, Antioquia 111 y Valle del Cauca 84. También se identificaron cifras relevantes en Atlántico (41), Santander (32) y Cundinamarca (30). El informe advirtió que estas dinámicas se encuentran relacionadas con contextos de desigualdad, economías informales, violencia urbana y mayores niveles de exposición social.
Otro de los factores identificados fue el incremento de la violencia digital, mediante prácticas como exposición de datos personales, hostigamientos sistemáticos, suplantación de identidad y difusión no consentida de contenido íntimo. Estas situaciones, advirtió la organización, generan consecuencias como desplazamiento forzado, afectaciones emocionales y pérdida de oportunidades laborales.
Las cifras muestran que Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca concentran el mayor número de casos; sin embargo, el fenómeno también se expande hacia territorios con débil presencia institucional y fuerte incidencia de grupos armados ilegales.
Caribe Afirmativo cuestionó además las fallas del Estado en materia de prevención, registro e investigación de estos delitos. Según explicó, persisten altos niveles de subregistro y ausencia de información oficial con enfoque diferencial, lo que dificulta dimensionar la magnitud de la problemática.
Ante este panorama, la organización hizo un llamado urgente al Gobierno nacional para fortalecer los mecanismos de protección, mejorar los sistemas de información y garantizar investigaciones con enfoque de prejuicio, con el fin de frenar el ciclo de violencia que continúa afectando a la población LGBTIQ+ en Colombia.
“Esperamos que este informe, cuyas cifras muestran un leve aumento frente a 2024 pese a los compromisos del Estado, permita fortalecer las acciones de investigación, prevención y protección de los derechos de las personas sexo-género diversas”, manifestó Wilson Castañeda Castro, director de Caribe Afirmativo.
El director de la ONG indicó que el documento busca servir como herramienta para que los órganos de control mejoren sus metodologías de documentación y sanción, mientras que las autoridades nacionales y territoriales refuercen las políticas públicas dirigidas a esta población.
Asimismo, hizo un llamado a la comunidad internacional, organizaciones sociales y ciudadanía en general a mantener vigilancia sobre la situación de derechos humanos de las personas LGBTIQ+ y promover acciones orientadas a combatir la discriminación y la violencia basada en prejuicios.
