El pasado jueves 30 de abril circuló en redes sociales, más que todo en grupos de WhatsApp de habitantes del municipio de Puerto Colombia y en específico de jueces de esta jurisdicción, un supuesto panfleto amenazante dirigido a ellos y que se lo atribuyó un supuesto grupo delincuencial llamado ‘Oficina Los Porteños’.
En dicho panfleto les exigieron a los togados “dejar en libertad a los miembros de la organización que estén presos, como también colaborar en los procesos de tierras”, de lo contrario “serían declarados objetivo militar”.
Ante el mensaje intimidatorio y por los antecedentes en las invasiones de tierras en la población, que históricamente han involucrado a decenas de personajes locales, la respuesta de las autoridades no se hizo esperar: el jefe de oficina de seguridad y convivencia del municipio, Saúl Leyva, anunció una activación de acciones conjuntas con la Policía Nacional para establecer la veracidad, autenticidad y origen del documento intimidante.
Y, de manera paralela, dijo que se pondrían marcha estrategias orientadas a garantizar la seguridad de los funcionarios judiciales, tanto en sus lugares de trabajo como en sus residencias. En ese sentido, se reforzaría la vigilancia en los despachos y se intensificarían los patrullajes en las zonas donde habitan los jueces.
A lo manifestado por Leyva se sumó el rechazo del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla.
“La circulación de panfletos y otras formas de presión ilegítima, orientadas a incidir en las decisiones judiciales, constituye una grave vulneración a la autonomía e independencia judicial, pilares esenciales del Estado Social de Derecho. Ninguna autoridad o particular está legitimado para interferir en el criterio del juez ni para condicionar, por vías de hecho, el sentido de sus decisiones”.
Además, el alto tribunal reiteró su respaldo a los funcionarios judiciales y “nuestro compromiso con una justicia libre, imparcial y sometida exclusivamente a la Constitución y la ley”.
Entretanto, la Policía Metropolitana de Barranquilla se refirió sobre el particular como otro impreso más que entraría en el listado de verificación de los investigadores de Policía Judicial para establecer su autenticidad, aunque, de manera anticipada, señalaron que no se tenían registros de una estructura armada con el nombre de la ‘Oficina Los Porteños’ y que lo único que figuraba bajo esa identidad criminal era una banda dedicada al robo de redes eléctricas en distintos puntos de la misma población.
En reciente diálogo con EL HERALDO, el general Miguel Camelo, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, señaló que el tema de la aparición de panfletos en todo el Departamento se había convertido en algo “complejo” al calcular en al menos 100 o 110 los impresos intimidantes que han circulado este año, atribuidos a Los Pepes, a Los Costeños, al Clan del Golfo, y a delincuentes comunes que se hacen pasar por integrantes de esas mismas estructuras criminales.
El alto oficial detalló que a todos los impresos se les pone la lupa para verificar su autenticidad y, más allá, para identificar actores criminales que operan en las cinco localidades que tiene Barranquilla, así como las poblaciones del área metropolitana bajo su vigilancia.
Camelo reconoció que muchas de las vidas que se perdieron en actos sicariales cometidos en los cuatro primeros meses del año aparecieron referenciadas en panfletos que circularon en redes sociales o de manera impresa.
Es importante resaltar que el sicariato sigue siendo el motor de la violencia en la jurisdicción, asociado principalmente a conflictos entre estructuras criminales. De los 332 homicidios reportados de enero a abril en Barranquilla y su área metropolitana, al menos 292 casos fueron cometidos bajo esta modalidad.
¿Casos aislados?
Investigar a fondo panfletos que aparecen en redes con figuras de rostros de leones o dibujos de caimanes o cocodrilos, símbolos para marcar lealtad y terror entre las estructuras criminales Los Costeños y Los Pepes, respectivamente, ha llevado a identificar situaciones aisladas a las sangrientas confrontaciones.
Por ejemplo, según el general Camelo, a mediados de abril se propagó de forma virtual un mensaje intimidante donde amenazaban con atacar a la comunidad estudiantil del suroccidente de Barranquilla.
El ambiente en las cercanías de los colegios de barrios como Las Malvinas y El Bosque fue de absoluta tensión.
La preocupación se hizo notar en las aulas, donde la asistencia de los estudiantes fue regular debido a la alerta que en cualquier momento podría explotar. Aquel temor se trasladó hasta otros dos colegios, donde el panfleto también llegó hasta los celulares de los alumnos.
Sin embargo, tras las pesquisas del caso, las autoridades lograron identificar la situación, llamándoles especialmente la atención del diseño de la presunta misiva amenazante, el cual no parecía de la misma naturaleza de las que habitualmente llevan este tipo de mensajes.
De acuerdo con inteligencia, la génesis del panfleto salió a relucir a partir de un grupo de numerosos jóvenes estudiantes que hacían parte de una comunidad virtual, llamado “Boletas”.
Ahí, los internautas pusieron en práctica sus conocimientos para realizar montajes con ayuda de inteligencia artificial y simular desnudez de compañeras, con el objetivo de realizar bullying en las aulas.
Lejos de causar risas, varios de los integrantes se tomaron de mala forma la broma y, en represalia, enviaron dicho panfleto informando que todo aquel joven que fuere visto portando uniformes o elementos asociados a estas instituciones sería declarado objetivo militar.
No obstante, lo que intensificó aún más la investigación de los agentes de la Sijín fue el descubrimiento de las presuntas intenciones de estas comunidades: reclutamiento y perfilamiento criminal.
De acuerdo con la investigación, al menos seis canales de WhatsApp que, según las autoridades, son administrados por jóvenes integrantes de Los Costeños y Los Pepes, cuyo objetivo sería agregar adolescentes para enrolarlos en el mundo del crimen.
Se conoció también que otro tipo de información que se comparte en estos grupos, sería la información de expendedores de droga, con el fin de que esto sea conocido por miembros de cada estructura.
Pero el comandante de la Policía Metropolitana recordó que estos casos de panfletos entre la población estudiantil tenían registros de años atrás, incluso antes de que llegara a la jefatura policial. Un caso en Galapa en agosto de 2025, con un menor que elaboró un documento intimidante a nombre de Los Pepes para evadir los exámenes del colegio. Y en diciembre de 2024, un estudiante que escribió un mensaje en redes sociales que obligó a suspender los grados de 11 y todas sus actividades del calendario escolar del plantel oficial.
Llamado de la comunidad LGBTIQ
En marzo del presente año, la Corporación Caribe Afirmativo, ONG que vela por el respeto y reconocimiento de los derechos de las personas LGBTIQ+ en el Caribe colombiano, rechazó la intimidación a través de un panfleto contra varias personas pertenecientes a esta comunidad.
En el documento, presuntamente atribuido al denominado Bloque Resistencia Caribe – Los Costeños, se declaró como “objetivo militar” a seis creadores de contenido digital de la región.
Un elemento que llamó la atención a la organización radica que al menos cuatro de las seis personas mencionadas en el panfleto son abiertamente LGBTIQ+.
“Este hecho abre la posibilidad de que las amenazas no solo estén relacionadas con disputas entre estructuras criminales o con el contenido que estas personas publican, sino que también puedan estar atravesadas por prejuicios contra personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas.
En contextos donde persisten altos niveles de estigmatización, la visibilidad pública de personas LGBTIQ+ —especialmente en espacios digitales— puede convertirse en un factor adicional de riesgo, particularmente cuando su presencia desafía normas sociales tradicionales o cuando adquieren reconocimiento en comunidades locales”, publicó la ONG.
Miedo a gran escala
El académico y experto en temas de seguridad y conflicto, Luis Fernando Trejos, expresó que los panfletos no son algo novedoso dentro de las dinámicas criminales.
“El panfleto históricamente ha sido utilizado por grupos armados y criminales, principalmente para comunicar ideas, advertencias o sanciones a sus enemigos y a las comunidades”, comunicó el docente.
En el contexto actual, según Trejos, su impacto se amplifica considerablemente debido al efecto de las redes sociales, que permiten superar las barreras geográficas propias de la entrega física. Es decir, si un grupo está amenazando a individuos o a otros grupos criminales en una zona específica, esa información puede conocerse rápidamente en otras regiones del país gracias a su difusión digital.
Por otro lado, el uso de estos mensajes intimidantes “resulta funcional para los grupos criminales porque, aunque los panfletos contienen amenazas o advertencias, es muy difícil para las autoridades individualizar a sus autores. Generalmente, estos documentos están firmados por una organización y no por una persona, lo que complica cualquier proceso de investigación y judicialización”, manifestó Trejos.
Finalmente, para los grupos criminales el panfleto sigue siendo una herramienta altamente eficiente: una sola persona puede redactarlo y difundirlo fácilmente, ya sea a través de aplicaciones como WhatsApp o mediante su distribución física. De esta manera, logran generar un efecto de miedo a gran escala en un territorio utilizando muy pocos recursos. Incluso si las autoridades logran capturar a alguien que los distribuye, la judicialización sigue siendo compleja, insistió.
No son hechos menores
A su turno, el docente e investigador de la Universidad Libre, Alejandro Blanco Zúñiga, señaló en referencia al caso de los colegios que “no significa que el hecho sea menor”. “Al contrario, es muy preocupante porque muestra que el lenguaje de las bandas criminales está siendo usado por algunos estudiantes como una herramienta para generar miedo. Esto puede estar dándose porque las bandas criminales usan las redes sociales como mecanismo para difundir sus mensajes”.
Aseguró que el problema de fondo es que esos panfletos falsos funcionan porque se apoyan en un miedo real.
“Barranquilla vive un contexto de extorsión, amenazas y disputas entre estructuras criminales, y por eso cualquier mensaje que mencione a una banda genera alarma inmediata en padres de familia, docentes y estudiantes. Aunque el documento sea falso, el efecto social es verdadero, por ejemplo, se suspenden clases, se altera la tranquilidad de la comunidad educativa y se instala una sensación de vulnerabilidad”, explicó Blanco.
Insistió en que las autoridades deben verificar rápidamente la autenticidad de estos mensajes, pero las instituciones educativas también deben fortalecer el acompañamiento psicosocial, el control de conflictos digitales, la atención al bullying y el trabajo con las familias. Lo más grave no es solo que aparezca un panfleto falso, sino que el lenguaje criminal ya tenga tanta fuerza simbólica que pueda ser usado dentro de la escuela para intimidar.
