El jueves 2 de octubre de 2025, en una sala de la cárcel La Picota, en Bogotá, ocurrió una escena que durante el último lustro parecía imposible. Digno José Palomino Rodríguez, jefe de la estructura criminal ‘los Pepes’, y Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias Castor, máximo cabecilla de ‘los Costeños’, se sentaron frente a frente, se dieron la mano y anunciaron un cese de actividades criminales en Barranquilla y su área metropolitana.
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El gesto, cargado de simbolismo, marcó un aparente momento decisivo en una guerra que había dejado cientos de víctimas fatales en los últimos tres años, sobretodo jóvenes.
Palomino y Castor no siempre fueron enemigos. En el pasado fueron amigos, compadres y aliados. Sin embargo, la disputa por el control de las rentas criminales: extorsión, tráfico de drogas y dominio de zonas, los llevó a una confrontación violenta que se extendió por barrios de Barranquilla y municipios del área metropolitana.
En ese sentido, ‘Los Pepes’ se enfrentan con ‘los Costeños’ con extrema violencia por “control territorial” de las zonas donde expenden droga y extorsionan al sector empresarial y al comercio. Eso ha dejado, según registros de investigadores y expertos, al menos 800 muertes de personas en los últimos tres años. A esa pugna se han sumado otros actores criminales como el Clan del Golfo y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, ACSN, que sumarían un apoyo logístico a ‘los Pepes’, pero no dejan de ser conjeturas. Y en el caso de los ‘Rastrojos Costeños’ decidieron adherirse a ‘los Costeños’ para fortalecerse.
El encuentro en La Picota fue transmitido por la cadena televisiva RTVC. La mesa estuvo presidida por Camilo Pineda Serje, delegado de la Consejería Comisionada de Paz en el Atlántico y facilitador del proceso de paz urbana en Barranquilla. También asistieron funcionarios de la Dirección Nacional de Inteligencia, DNI, y los abogados defensores de ambos jefes criminales.
El anuncio de la tregua
Durante el acto, alias Castor tomó la palabra y leyó el acuerdo firmado previamente ante los representantes del Gobierno nacional. En su declaración, señaló que los firmantes, identificados con cédula, firma y huella dactilar, se acogían de manera libre y voluntaria a la “invitación del presidente Gustavo Petro” para iniciar una hoja de ruta orientada a desactivar la violencia, reparar a las víctimas y someterse a la ley por las actividades criminales desarrolladas en Barranquilla, su área metropolitana y el departamento del Atlántico.
En ese momento Díaz Collazos afirmó que, además de la convocatoria del Gobierno, los animaba la voluntad de contribuir a la recuperación de la convivencia pacífica en Barranquilla y de propiciar condiciones para que niños y jóvenes de barrios populares tengan otra oportunidad y ejerzan su derecho a vivir en paz.
“Nos anima, además de la convocatoria gubernamental, el ánimo y la voluntad de contribuir a la recuperación de la convivencia pacífica en Barranquilla, la ciudad que nos vio nacer y el de propiciar las condiciones para que los niños y jóvenes en nuestras barriadas humildes, nuestros hijos y familiares, tengan otra oportunidad en la vida y disfruten del derecho y ejerzan el deber a vivir en paz”, dijo.
El acuerdo incluyó entonces tres compromisos centrales. El primero, el cese de actividades ilícitas hasta el 20 de enero de 2026, como gesto inicial de voluntad de paz y desescalamiento del conflicto. El segundo, desvincular las fiestas de picós del control territorial criminal y promoverlas como escenarios de convivencia. Y el tercero, convocar a otras organizaciones criminales que hoy inciden en la inseguridad de Barranquilla, su área metropolitana y el Atlántico, para que se sumaran al proceso de paz urbana.
Luego de acto, hubo cordialidad, intercambio de contactos, apariciones en medios e incluso una súper entrevista a alias Castor, de media hora, en una emisora nacional y en horario prime. Todo empezaba a marchar sobre ruedas.
Unas miradas al acto
Sin embargo, veinticuatro horas después de haberse firmado el llamado ‘Pacto de La Picota’, se registró una masacre en Barranquilla. ¿Qué pasó? Criminales en moto llegaron hasta una barbería del barrio Pinar del Río, suroccidente de la capital del Atlántico, y acribillaron a tres personas que estaban en el lugar. La situación sembró una serie de interrogantes y, sin dudas, generó un impacto negativo sobre el acuerdo entre ‘Pepes’ y ‘Costeños’ recién firmado.
En ese momento, el investigador académico Luis Fernando Trejos calificó el llamado ‘Pacto de La Picota’ como un anuncio importante que podía traducirse en un alivio significativo para comerciantes y en la preservación de vidas. Sin embargo, advirtió que existían inquietudes que debían atenderse para evitar el fracaso de la iniciativa.
Entre ellas, señaló la ausencia de autoridades locales, qué pasaría con mandos medios de las estructuras, con los alters ego criminales y planteó interrogantes sobre quién asumiría la oferta institucional necesaria para permitir la transición a la legalidad de jóvenes, niños y adolescentes vinculados a estas estructuras, especialmente ante la entrada en vigencia de la Ley de Garantías y las limitaciones que impone a la contratación pública. Ala fecha, todas esas inquietudes aún persisten.
Arturo García Medrano, ex personero de Barranquilla, señaló que el apretón de manos era “uno de los gestos más simbólicos en cualquier proceso de diálogo”, pero advirtió que solo cobraba sentido real si estaba acompañado de sinceridad y compromisos verificables.
Según García Medrano, en los últimos tiempos ha habido un alto nivel de desconfianza hacia la institucionalidad, reflejado en las reacciones ciudadanas en redes sociales. “Muchos temen que estos procesos no conduzcan a la justicia, sino que terminen siendo una vía hacia la impunidad”, expreso en su momento.
El ex personero insistió en la necesidad de incluir a sectores sociales, gremios, iglesias, universidades y, especialmente, a las víctimas del conflicto. Señaló que muchas familias aún desconocen por qué sus seres queridos fueron asesinados y esperan verdad, reparación y garantías de no repetición.
Por otro lado, desde la academia, el director del Observatorio de Seguridad Ciudadana de la Universidad del Norte, Janiel Melamed, calificó el acto en La Picota como un “show mediático”. A través de su cuenta en X, señaló que se trató de un evento organizado desde el centralismo nacional y arropado de falsas expectativas de paz en una coyuntura político-electoral.
Melamed advirtió que la reducción de homicidios por treguas entre estructuras criminales solían ser una pausa temporal y no implicaban el debilitamiento de sus capacidades financieras y operativas. Añadió que la disminución de algunos indicadores de violencia se debían a las acciones de la Alcaldía y la Policía Metropolitana.
“Que esto no se vaya a convertir en una puerta giratoria”
El docente e investigador académico de la Universidad Libre, Alejandro Blanco Zúñiga, en diálogo con EL HERALDO, opinó que conviene precisar que un “acercamiento exploratorio” no es todavía una mesa de negociación. Es, en teoría, una especie de filtro.
Insiste en que es indispensable crear mecanismos de rendición de cuentas pública: informes periódicos sobre reincidencia, decisiones judiciales y resultados de la tregua, de cara a la ciudadanía. “Sin esa transparencia mínima, y sin un fortalecimiento decidido de la capacidad investigativa y judicial, Barranquilla corre el riesgo de normalizar una paz frágil sostenida sobre una puerta giratoria en que hay capturas y anotaciones; sobrecarga institucional; libertad rápida; adaptación criminal y termina en reincidencia”.
Indica que es clave evitar que la llamada “paz urbana” termine sumada a la misma puerta giratoria que se pretende corregir. “Si la tregua con bandas se limita a bajar coyunturalmente los homicidios, sin un marco jurídico claro, sin control efectivo sobre las economías ilegales y sin un fortalecimiento real de la justicia, corre el riesgo de convertirse en otro eslabón del ciclo: se negocia, se reduce momentáneamente la violencia visible, se relajan las presiones institucionales y luego las estructuras criminales se reacomodan, conservan su poder territorial y vuelven a imponer sus propias reglas sobre la vida cotidiana de los barrios”, proyecta.
Ruta 2026
Mientras los anuncios avanzaban en el plano institucional, en el territorio la tregua mostró fisuras. En noviembre se registraron al menos diez hechos criminales, entre ellos homicidios y masacres asociadas a disputas entre ‘los Pepes’ y ‘los Costeños’.
No obstante, después de dos meses de firmada la tregua, el Gobierno nacional dio un paso formal los primeros días de diciembre. Mediante la resolución 442 del 5 de diciembre, se dejaron establecidos de manera oficial los acercamientos exploratorios de paz entre ‘los Pepes’ y ‘los Costeños’.
Camilo Pineda Serje explicó que la resolución autorizaba a servidores públicos del cuerpo directivo de la DNI a participar formalmente en la fase de diálogos exploratorios y buscaba cerrar la “etapa de alistamiento” para llegar a acuerdos y hechos concretos que permitan la instalación formal de un espacio de diálogo sociojurídico.
La semana anterior, el facilitador confirmó además que se habían desarrollado encuentros con Palomino y Castor para revisar estadísticas de ocurrencia de delitos durante octubre y noviembre, para reconocer dificultades y suscribir compromisos que mantengan condiciones de desescalamiento sostenido de la violencia. Aseguró de igual manera que estaba previsto el ‘aterrizaje’ de los dos cabecillas a Barranquilla, a comienzos de enero. Y una fuente indicó que se estudiaba el centro de reclusión en el que se internarían, incluyendo en esa baraja la carceleta del Batallón del Ejército Vergara y Velasco de Malambo.
Días atrás también se conoció de una carta enviada al despacho del ministro del Interior, Armando Benedetti, en la que la defensa de Castor, jefe de ‘los Costeños’, solicitaba que el Gobierno nacional designara a Salvatore Mancuso Gómez como mediador en la mesa de negociaciones entre ‘Pepes’ y ‘Costeños’. Asimismo, para intervenir en este llamado acercamiento de diálogo entre el Gobierno y las estructuras criminales locales, también habrían citado el nombre de Rodrigo Tovar Pupo, conocido como Jorge 40.
Así las cosas, en el primer mes de este 2026 se llevaría a cabo la primera mesa de diálogo exploratorio de paz entre ‘los Pepes’ y ‘los Costeños’, con Digno y Castor presentes, Mancuso y Jorge 40 de garantes, representantes del Gobierno nacional y las autoridades locales. No se descarta un ‘tarimazo’ en el Paseo Bolívar, lugar que el presidente Petro escogió para anunciar, por primera vez, en mayo de este año, un diálogo con “bandas criminales locales”.
