La reciente captura de un joven involucrado en un presunto caso de extorsión en el barrio La Sierrita, en la localidad Metropolitana de Barranquilla, no solo suspendió los hostigamientos a comerciantes de la zona en mención sino que ratificó una información que había sido obtenida por inteligencia del Grupo Gaula de la Policía de una sanguinaria medida que habrían adoptado cabecillas de estructuras criminales locales, para llamar la atención del Gobierno nacional.
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Keiner Antonio Altamar Estrada, nombre del capturado, según la investigación de las autoridades, había empezado a intimidar a comerciantes de La Sierrita y de otras zonas de la ciudad, exigiendo cuotas de dinero a cambio de no atentar contra sus vidas ni contra sus establecimientos comerciales.
De acuerdo con las investigaciones, Altamar Estrada y un menor de edad que lo acompañaba como cómplice para la tarea criminal se dedicaban inicialmente a la distribución de panfletos intimidatorios, exigiendo dinero a los comerciantes. Pero luego, como parte del modus operandi, iban a los establecimientos y realizaban videollamadas vía WhatsApp en las que aparecían los temibles Carlos Alberto Ortiz Blanco, alias ‘Cachete’, y Otón Alfredo Peralta Estupiñán, alias ‘Otón’, dos cabecillas de la banda ‘los Costeños’ actualmente presos y con una larga lista de actos criminales a cuestas.
“Desde un centro carcelario, los presuntos integrantes del grupo delincuencial ‘los Costeños’ ejercían presión sobre las víctimas para exigir elevadas sumas de dinero”, detalló la Policía sobre la forma cómo se estructuraba el acto criminal y los jóvenes terminaban siendo instrumentalizados.
La sanguinaria medida
La información que se tiene es que cabecillas de estructuras criminales han vuelto a tomar participación directa en casos delincuenciales y extorsivos, algo que habían mantenido a distancia hasta hace algún tiempo, ahora con el fin de exhibirse y llamar la atención del Gobierno Petro para entrar a negociar o a dialogar de paz.
Los tiempos encajan perfectamente. El pasado miércoles 2 de abril, ‘los Costeños’ y ‘los Pepes’, las dos estructuras criminales que mantienen el control en la venta de estupefaciente y las extorsiones en Barranquilla y su área metropolitana, bajo una sangrienta disputa que sobrepasa las 800 muertes en los últimos dos años, habrían mostrado su interés de realizar una mesa de diálogo que se llevaría a cabo en Barranquilla.
Información confirmada a EL HERALDO señaló en ese momento que el alto Comisionado para la Paz, Otty Patiño, recibió la solicitud promovida por los líderes de dichos grupos criminales, Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias Castor, y Digno Palomino Rodríguez.
Un supuesto representante de alias Castor reveló que para realizar esta petición las dos bandas cedieron a una supuesta “tregua” de cese al fuego que, según su declaración, fue pactada desde el pasado 11 de febrero al 15 de marzo, un espacio en el que evidentemente se redujeron los homicidios en las zonas de injerencia de estas dos organizaciones.
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No obstante, en ese momento se dejó claro que en el lapso aportado en el documento elevado al alto Comisionado para la Paz coincidió con capturas realizadas por la Policía Metropolitana de Barranquilla de temibles sicarios al servicio de las dos estructuras y del Clan del Golfo, involucrados en por lo menos 50 homicidios.
El martes 20 de mayo, el presidente Gustavo Petro anunció que su Gobierno iniciaría diálogos con los grupos de delincuencia urbana de Barranquilla con el objetivo de que dejen las armas, frenen la violencia urbana y, a la vez, tengan una segunda oportunidad de reinsertarse a la sociedad.
“Quiero hablar en Barranquilla a esas bandas y a esos jóvenes porque voy a iniciar un diálogo con las bandas juveniles de Barranquilla”, aseguró el jefe de Estado.
Esos diálogos con grupos armados ilegales ya se desarrollan en Medellín y Quibdó, capitales de los departamentos de Antioquia y Chocó, respectivamente, y en Buenaventura, el principal puerto del país en el Pacífico, en donde operan los grupos criminales los ‘Shottas’ y los ‘Espartanos’.
Aunque Petro no nombró las bandas con las que dialogaría para la paz, las más conocidas en Barranquilla son ‘los Costeños’, ‘los Rastrojos Costeños’ y ‘los Pepes’, estructuras que incluso tienen alianzas criminales con grupos guerrilleros y con el Clan del Golfo.
En esa línea, estos nuevos picos de violencia asociada a la extorsión y los recientes asesinatos de comerciantes por este flagelo, sería una sanguinaria medida de presión para que las autoridades nacionales tengan en cuenta también a esos mandos medios de las estructuras criminales, y no solo a Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias Castor, y a Digno Palomino, sus referentes.
Solo cuatro días después del anuncio de Petro, Héctor Augusto Martínez Montoya, de 62 años de edad y administrador del establecimiento de razón social ‘El Reposo’, ubicado en San Roque, fue atacado a tiros casi a la hora del cierre de su negocio.
Tras ser tiroteado, vecinos de la comunidad auxiliaron al comerciante y lo trasladaron hasta la Clínica Centro. Sin embargo, minutos después de haber ingresado la víctima falleció a causa de la gravedad de sus lesiones.
EL HERALDO conoció que el comerciante tuvo que pagar $15.000.000 para poder darle apertura al establecimiento público, como también debían cancelar mensualmente una cifra de $200.000.
A su vez, la extorsión la pagaban a través de transferencias por medio de la aplicación bancaria NEQUI y, en otras ocasiones, los mismos delincuentes iban hasta el establecimiento para cobrarlo de manera presencial.
Lo más preocupante de este caso es que incluso, el mismo Gaula tenían conocimiento de los atropellos que sufría el administrador, ya que el mismo tendero les había hecho entrega de los videos que grababa la cámara de seguridad del local cuando ingresaban los extorsionistas a cobrar los dineros y a mostrarle las videollamadas de los cabecillas, similares a las que venían padeciendo comerciantes en La Sierrita.
El pasado 4 de junio balas de criminales segaron la vida de José Francisco Hernández García, de 74 años de edad, en un ataque perpetrado en el barrio El Ferry.
La versión de las autoridades indicó que la víctima estaba sentada en la entrada de una tienda cuando un pistolero a pie llegó a atentar contra el propietario del negocio, a quien confundió con el occiso. Con este caso también habrían tratado mandar el mismo mensaje al Gobierno. ¿Habrá más víctimas?
