El Consejo de Estado condenó a la Fiscalía y al extinto DAS por la captura injusta a mediados de 2004 del sociólogo cienaguero Alfredo Correa de Andreis, la cual, advierte, fue 'discriminatoria y prejuiciosa', ya que fue tenido como subversivo por ser profesor y cercano a la población desplazada.
Y, además, cuestiona la alta corte el hecho de que el ente de investigación penal, tras liberarlo ante un concluyente caudal probatorio, no absolviera al catedrático de las universidades del Norte y Simón Bolívar, quien, dos meses después, fue asesinado en Barranquilla.
El fallo del pasado 6 de noviembre, suscrito por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, de 80 páginas y con ponencia del magistrado Ramiro Pazos, resolvió una apelación de la Fiscalía a la sentencia del 11 de mayo de 2012 del Tribunal Administrativo de Bolívar, que concedió parcialmente las pretensiones de la demanda de reparación directa interpuesta en 2006 por parte de la familia Correa de Andreis contra la Nación.
Al criticar la alta corte que el organismo acusador señalara de subversivo al sociólogo por ser docente y amigo de desplazados, se lee en las consideraciones que hubo 'un ostensible yerro en las justificaciones dadas por la Fiscalía General de la Nación al momento de pretender sustentar la medida de aseguramiento, pues una de las razones en la que basó su decisión consistió, justamente, en el perfil que caracterizaba al procesado, pues para tal institución su calidad de profesor y su cercanía con población desplazada indicaban el ejercicio de actividades subversivas'.
Y agrega el Consejo de Estado al respecto que 'tal modo de proceder no puede calificarse más que de un trato discriminatorio y prejuicioso'.
Explica la sala que la labor del investigador de las ciencias sociales con población en situación de desplazamiento en Atlántico y Bolívar, le originó el señalamiento 'inescrupuloso' de ser ideólogo de las Farc.
Lo liberaron pero no lo absolvieron
Observa cuestionable además el alto tribunal de lo contencioso administrativo el hecho de que el ente de control penal, pese a la evidencia inexpugnable de la inocencia del profesor cienaguero, no lo absolviera al ser liberado, un mes después de haber sido aprehendido.
Según la Sala del Consejo de Estado es claro que la Resolución del 14 de julio de 2004, con la cual la Fiscalía 36 Seccional de Cartagena revocó la medida de aseguramiento, no implicó la terminación del proceso penal ni la absolución.
En este sentido, resalta la providencia, 'el proceso penal seguido contra el señor Correa de Andreis no culminó con una decisión de fondo, con base en la cual pueda determinarse la existencia de un juicio definitivo de la autoridad penal, respecto de la responsabilidad del procesado, de suerte que las circunstancias propias del caso obligan a un análisis de la falla del servicio como título de imputación por antonomasia para endilgarle responsabilidad al Estado y su consecuente obligación indemnizatoria'.
Recordó el Consejo de Estado, para referirse a 'la ausencia de bases probatorias para emitir medida de aseguramiento'contra el sociólogo, que 'no era creíble que el señor Correa de Andreis asistiera a los campamentos guerrilleros –como lo indica el informe de inteligencia del DAS-, por cuanto apareció que en las fechas señaladas por los testigos el sindicado se encontraba en lugares diferentes', es decir, estaba dando clases en la Universidad del Norte y en la Universidad Simón Bolívar.
‘Justificaron’ su asesinato
Encuentra además el juez que desde el extinto y cuestionado DAS, de alguna manera, buscaban ‘justificar’ el posterior asesinato del sociólogo, haciéndolo ver como un guerrillero.
En este mismo aparte, resume la alta corte el episodio fatal del montaje contra el catedrático cienaguero: 'El hecho de que a través de un organismo de inteligencia, agentes del Estado hayan realizado maniobras ilegales, tendientes a desacreditar la reputación del profesor Alfredo Rafael Francisco Correa de Andreis, mediante el suministro de informaciones falsas, sin fundamento, con el ánimo de distorsionar la realidad de sus actividades y que estas hayan servido para realizar falaces acusaciones ante la Fiscalía General de la Nación para su judicialización, su posterior señalamiento como miembro de la insurgencia y justificar a nivel ideológico su asesinato a través de un grupo paramilitar, constituye sin duda una manifiesta e infausta vulneración a los derechos a la dignidad, vida y honra de dicha persona'.
El caso
Para el montaje contra Correa, el DAS elaboró unos informes de inteligencia falsos y los envió a la Fiscalía. En ellos se leía que el profesor era un presunto ideólogo de la guerrilla de las Farc.
Los documentos, presentados por el DAS el 2 de junio de 2004, indicaban que algunos desmovilizados de las Farc como Javier Alfredo Larrazábal, José Satizábal Serna y Mayerly Torres Carvajal dijeron reconocer a un miembro de esa agrupación que tenía el alias de Eulogio o El Profesor, y en el informe se anexaron fotografías de Correa de Andreis.
Con esta información, la Fiscalía 36 Seccional de Cartagena inició investigación penal en su contra por el delito de rebelión y ordenó su captura. El 28 de junio de 2004 dicha Fiscalía le impuso medida de aseguramiento, que luego fue revocada por la misma autoridad el 14 de julio de ese mismo año. El cienaguero estuvo preso desde el 18 hasta el 28 de junio en el DAS Cartagena y desde el 29 de junio hasta el 15 de julio en la Cárcel del Distrito Judicial de Barranquilla. Pero Correa fue asesinado por las AUC y el DAS el 17 de septiembre de 2004 y, solo hasta dos meses después, el 11 de noviembre del mismo año, se precluyó la investigación.
Posteriormente, la Corte Suprema de Justicia, el 14 de septiembre de 2011, condenó al samario Jorge Aurelio Noguera Cotes, exdirector del DAS, como autor mediato del homicidio de Correa.
El DAS y las AUC
Reiteró el alto tribunal que el DAS actuó en connivencia con el Bloque Norte de las Autodefensas, a través del Frente José Pablo Díaz, comandado por Edgar Ignacio Fierro, alias Don Antonio, 'para inicialmente hacer ver a Correa como un subversivo y después proceder a ejecutarlo'.
Para ello, el profesor Correa fue objeto de seguimientos y tomas fotográficas ilegales desde el mes de agosto de 2003 'por parte del investigador de la Dirección Seccional del DAS de Valledupar, Javier Alfredo Valle Amaya –preso en EE.UU. desde el pasado 5 de octubre y condenado por la justicia colombiana a 40 años de prisión-'.
La demanda
El 13 de junio de 2006, ante los juzgados administrativos del circuito Cartagena, la familia del sociólogo demandó a la Fiscalía y al DAS por perjuicios materiales y morales causados con la injusta privación de la libertad de Correa.
Entonces, el Consejo de Estado confirmó la sentencia del 14 de diciembre de 2010, proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, en que se condenaba a la Fiscalía por la privación injusta de la libertad del sociólogo, pero la modificó condenando también al DAS 'por la vulneración a los derechos constitucionales y convencionales a la dignidad, honra y buen nombre' del cienaguero.
Además, se sentencia a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en calidad de sucesora procesal del DAS, a la publicación del fallo en la página web y redes sociales de la Agencia durante un año y también a la difusión, a través de la publicación de un extracto, con los elementos más relevantes de la sentencia, en un medio escrito de amplia circulación en la ciudad de Barranquilla.
Así mismo, a la elaboración de dos placas conmemorativas en las universidades del Norte y Simón Bolívar en las que se aluda a la labor desempeñada por Correa de Andreis como defensor de derechos humanos, su trabajo como docente y con poblaciones víctimas de la violencia, en situación de desplazamiento y afectadas por el despojo de tierras.
Y al desarrollo de un proyecto de investigación, que llevará el nombre de Alfredo Correa de Andreis, cuyo eje temático verse sobre la defensa de los derechos humanos.
Defensa iniciará acciones
José Humberto Torres, defensor de la familia Correa de Andreis, le dijo a EL HERALDO que pedirá una serie de investigaciones penales tras este fallo administrativo.
'Una es contra Giancarlo Auque de Silvestri, que era el director de inteligencia del DAS, y contra Rómulo Betancur, que era el director del DAS de Cartagena'.
Así mismo, dijo que está tramitando con el cónsul de Colombia en New Jersey la solicitud para deportar a Javier Valle Anaya, 'quien tramitó todo este proceso contra Correa'.
De igual forma, aseveró, 'para establecer la responsabilidad de Demóstenes Camargo, el fiscal del caso de Correa, que es ahora el presidente de la Sala Penal del Tribunal Superior de Barranquilla, y pediremos que él pague con su propio pecunio esta indemnización de 40 salarios mínimos mensuales legales vigentes contra cada uno de los familiares de Correa y pediremos reabran el proceso penal en su contra por concierto para delinquir y prevaricato'.
Además pedirá a la Corte Suprema que inicie un proceso de indignidad contra el magistrado Camargo, porque 'el fallo dice que hubo irregularidades en la valoración de los testimonios por parte de la Fiscalía en cabeza de Camargo y del DAS en cabeza de Valle Anaya'.
Finalmente, advirtió Torres que también pedirán se investigue al expresidente Álvaro Uribe, 'porque Rafael García Torres, exdirector de Informática del DAS, dijo que el alto gobierno estaba enterado de lo que ocurría en el DAS'.
