La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) se pronunció sobre la decisión de la Corte Constitucional que ordenó devolver los dineros recaudados por el Gobierno durante la emergencia económica decretada a finales de 2025.
A través de un comunicado, la entidad informó que estudiará de manera integral el fallo emitido por la Sala Plena de la Corte Constitucional, con el fin de adoptar las medidas administrativas y operativas necesarias para dar cumplimiento a lo ordenado por el alto tribunal.
La decisión judicial se da luego de que la Corte declarara inexequible el Decreto Legislativo 1474 de 2025, una de las normas expedidas en el marco de la emergencia económica decretada por el Gobierno, y ordenara la devolución de los recursos cobrados entre el 30 de diciembre de 2025 y el 28 de enero de 2026.
En el comunicado, la DIAN aseguró que informará oportunamente a contribuyentes, usuarios y ciudadanía en general sobre las acciones que se deriven del cumplimiento de esta decisión.
Asimismo, la entidad reafirmó su compromiso con la seguridad jurídica, la transparencia y el respeto por las decisiones de la Corte Constitucional.
De acuerdo con versiones conocidas tras el fallo, la devolución incluiría pagos anticipados de impuestos directos cobrados durante la vigencia de la medida, mientras que también deberán revisarse otros recaudos efectuados bajo el decreto ahora anulado.
La decisión representa un nuevo revés para el Gobierno nacional en materia tributaria, luego de que el alto tribunal tumbara el paquete de impuestos que había sido implementado bajo el estado de excepción.
Como se sabe, la Corte Constitucional tumbó hace algunos días de forma definitiva el decreto de emergencia económica con el que el Gobierno buscaba recaudar 16,3 billones de pesos para completar el presupuesto nacional de 2026, al considerar que vulneró el principio de separación de poderes.
El magistrado Carlos Camargo aseguró que el decreto “es inexequible” (contrario a la Constitución) porque “el principio de separación de poderes (...) constituye una garantía esencial del Estado Social de Derecho y de la democracia”.
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“Este principio asegura que no exista una concentración arbitraria del poder y protege la participación indirecta del pueblo en decisiones fundamentales como la discusión y aprobación del presupuesto y las medidas tributarias necesarias para su sostenibilidad”, añadió Camargo.
En el decreto 1390 de 2025, el Gobierno declaró el 22 de diciembre “el estado de emergencia económica en todo el territorio nacional por el término de 30 días calendario, contados a partir de la vigencia” de ese documento.
Esto ocurrió luego de que el Congreso hundiera dos semanas antes el proyecto de reforma tributaria.
