El Ministerio de Hacienda expidió el Decreto 1485, con el que intenta minimizar el impacto del alza del salario mínimo en las pensiones, a través de la aparente corrección de distorsiones técnicas y financieras en la aplicación del esquema vigente desde 2016.
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Se trata de un ajuste al mecanismo de cobertura del deslizamiento del salario mínimo en el sistema pensional, concretamente para las pensiones reconocidas bajo la modalidad de renta vitalicia inmediata y renta vitalicia diferida.
De este modo, se reforma el Título 17 del Decreto 1833 de 2016, redefiniendo el alcance del mecanismo que cubre el riesgo generado cuando el aumento del salario mínimo supera la inflación.
Para el Gobierno, en los últimos 10 años la brecha entre ambos indicadores se ha ampliado de forma significativa, por lo que indicó que era necesario restablecer el equilibrio actuarial y financiero del sistema pensional.
Pero Andrés Velasco, presidente de Asofondos, advirtió que lo que hace esta norma es trasladar a los trabajadores el costo de un aumento elevado del salario mínimo que antes asumía el Gobierno.
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Esto, criticó, lo que hace es alejar en la práctica a miles de personas de la posibilidad de pensionarse.
El cambio en la fórmula de cálculo hace que ya no sea suficiente acumular alrededor de $350 millones para acceder a una renta vitalicia mínima, sino que ahora se requieran cerca de $550 millones, dijo.
Por ello, según Velasco, se obliga a trabajar más de una década adicional.
El presidente de Asofondos alertó además acerca de que también se genera un riesgo inmediato sobre los seguros de invalidez y sobrevivencia, puesto que el mayor costo de la pensión mínima encarece las primas por encima de los límites legales. Precisó en este sentido que con los recursos actuales no alcanza para cubrir ese seguro previsional, lo que podría dejar desprotegidos a los afiliados en caso de accidente o fallecimiento.
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Finalmente, el dirigente gremial criticó en la emisora Blu Radio la idea del Gobierno de repatriar los ahorros pensionales invertidos en el exterior, argumentando que obligar a vender estas inversiones internacionales para traer los dólares a Colombia provocaría una caída en la tasa de cambio y una pérdida de rentabilidad para los ahorradores, debido a que se verían obligados a “vender barato” afuera y “comprar caro” activos locales.
En la actualidad, cerca del 50% de los $520 billones de ahorros pensionales administrados están en el exterior para garantizar la diversificación y seguridad del ahorro.
